El vocal del InSSSeP y hombre de confianza del gobernador Leandro Zdero enfrenta una causa judicial por concusión doblemente agravada. La denuncia, realizada por su propio sobrino, expone un entramado de cobros indebidos y nepotismo que golpea de lleno a la administración radical en Chaco.
La política chaqueña vuelve a quedar bajo la lupa por un caso que combina clientelismo, corrupción y abusos de poder. Raúl Canteros, vocal del Directorio del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (InSSSeP) y figura estrechamente vinculada al gobernador Leandro Zdero, enfrenta un proceso judicial por el presunto delito de concusión doblemente agravada. La acusación fue presentada nada menos que por su sobrino, Rodrigo Vallejos, quien aseguró que su tío le exigió aportes económicos a cambio de mantener su cargo dentro del organismo.
La fiscal Ingrid Wenner solicitó la elevación a juicio al detectar pruebas suficientes de que Canteros habría solicitado a Vallejos dos transferencias bancarias que sumaban 600 mil pesos. A cambio, el funcionario le había conseguido un puesto de gabinete en el InSSSeP. Cuando el joven se negó a seguir entregando parte de su salario, Canteros lo desplazó y colocó en su lugar a su propio hijo, Edgar, en un gesto que revela el costado más burdo del nepotismo político.
Los mensajes de WhatsApp incorporados a la causa son reveladores: Canteros justificaba los pagos como parte de la “colaboración” para “hacer política” y “repartir la plata entre los que quedaron sin contrato”. Es decir, la clásica lógica de la caja política disfrazada de militancia partidaria.
Lejos de reconocer su responsabilidad, Canteros se defendió asegurando que los aportes eran voluntarios y tenían un fin social, como sostener un merendero. Sin embargo, otros testimonios contradicen esta versión al negar que se tratara de donaciones espontáneas. Lo que emerge de fondo es un esquema de presión y extorsión que, de comprobarse, encuadra de lleno en el delito de concusión, que prevé penas de uno a seis años de prisión.
El escándalo ya generó movimientos internos en el organismo. La Asociación Gremial del InSSSeP reclamó que el Directorio se constituya como querellante en la causa, argumentando que no se puede “silenciar ni encubrir situaciones delictuales” que comprometen la seguridad jurídica de la institución. La exigencia sindical busca impedir que la denuncia quede bajo la alfombra y presiona a la gestión de Zdero, que hasta el momento ha mantenido un silencio calculado.
El caso Canteros no surge en el vacío. En paralelo, en dependencias del PAMI y la Anses del Chaco avanzan investigaciones por supuestos pedidos de aportes partidarios realizados por funcionarios ligados a La Libertad Avanza, bajo sospecha de extorsionar a empleados públicos para que entreguen parte de su salario como condición de estabilidad laboral. El propio delegado de Anses y referente libertario local, Alfredo “Capi” Rodríguez, intentó desestimar estas denuncias tildándolas de un “desgaste absurdo” del sistema judicial, aunque la Justicia federal ya abrió un expediente.
En este contexto, la gestión de Javier Milei tampoco puede hacerse la distraída. Su prédica contra la “casta política” se derrumba cuando aparecen en escena prácticas idénticas a las que denunciaba en campaña. En provincias gobernadas por aliados o espacios cercanos, como el radicalismo chaqueño o los delegados libertarios, el modelo se repite: el Estado usado como caja partidaria y los cargos públicos como botín familiar.
El juicio a Raúl Canteros será una prueba de fuego para la Justicia chaqueña y para la administración de Zdero, que carga con la pesada mochila de tener a un hombre de su riñón en el banquillo de los acusados. Pero también es un espejo incómodo para el gobierno nacional de Milei, que intenta sostener un discurso anticorrupción mientras sus propios cuadros provinciales reproducen las mismas prácticas que juraban desterrar.
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