Emiliano Estrada exige transparencia al Gobierno: el oscuro manejo del Banco Central con contratos de dólar futuro. El diputado nacional presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo revele los resultados de las millonarias intervenciones en el mercado de dólar futuro y derivados, una maniobra que el gobierno de Javier Milei ha llevado a niveles récord pese a sus riesgos económicos.
En un contexto de creciente inestabilidad y con el Banco Central operando al límite de su credibilidad, Emiliano Estrada pidió explicaciones al Poder Ejecutivo sobre el impacto real de sus intervenciones en los mercados de NDF dólar futuro y derivados A3. La sospecha: que el uso abusivo de estas herramientas no responde a la estabilidad económica, sino a maniobras políticas y especulativas que comprometen las reservas y el equilibrio financiero del país.
El diputado nacional Emiliano R. Estrada encendió una alarma que, para muchos, ya retumbaba en los pasillos de la política y las finanzas: el uso intensivo y poco transparente que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) está haciendo de los contratos de dólar futuro y de derivados en los mercados de A3 (Matba Rofex). En un pedido formal dirigido al Poder Ejecutivo, Estrada exige que la Jefatura de Gabinete de Ministros, encabezada por Guillermo Francos, informe de manera detallada los resultados de estas operaciones, cuyos riesgos podrían comprometer seriamente la economía nacional.
La intervención del BCRA en los denominados NDF (Non-Deliverable Forward) de dólar futuro no es nueva, pero en los últimos dos años alcanzó niveles récord bajo la gestión de Javier Milei. Oficialmente, se presentan como un mecanismo para moderar la volatilidad cambiaria y mejorar las expectativas del mercado. Sin embargo, detrás del relato oficial se esconde una realidad inquietante: estas operaciones implican un riesgo significativo para la estabilidad cambiaria, el balance del propio Banco Central y las ya exhaustas reservas internacionales.
No se trata de un tecnicismo financiero menor. El dólar futuro es una herramienta que, mal utilizada, puede convertirse en una bomba de tiempo. Si el tipo de cambio no evoluciona en la dirección que las autoridades esperan, las pérdidas para el BCRA pueden ser millonarias, generando una presión insostenible sobre las cuentas públicas y, en última instancia, sobre el bolsillo de los argentinos. Esto explica la insistencia de Estrada en obtener datos concretos: resultados de contratos, montos involucrados, contraparte de las operaciones y, sobre todo, quiénes son los verdaderos beneficiarios de estas maniobras.
El pedido también apunta a las operaciones del Banco Central en los mercados de derivados A3 (Matba Rofex), un segmento donde el Gobierno ha intervenido de forma extendida durante 2025, a pesar de las advertencias de especialistas y del historial de crisis que suelen acompañar al abuso de este tipo de instrumentos. Estrada advierte que el uso inadecuado de estas herramientas no solo pone en riesgo la sostenibilidad del esquema económico actual, sino que podría arrastrar a la economía a un nuevo episodio de inestabilidad, con consecuencias directas para toda la población.
Lo que se busca, en esencia, es que el Congreso recupere su rol de control sobre las acciones del Poder Ejecutivo, particularmente cuando se trata de operaciones financieras que se realizan sin la debida transparencia y con un potencial de daño considerable. Porque, aunque el Gobierno insista en que estas intervenciones son necesarias para «calmar el dólar» y “ordenar la macro”, el historial de la Argentina demuestra que la manipulación de los mercados cambiarios a través de futuros y derivados casi siempre termina mal.
La desconfianza hacia la política cambiaria de Javier Milei no es gratuita. En lugar de fortalecer las reservas internacionales y generar condiciones de estabilidad real, la administración libertaria parece apostar a maniobras de corto plazo, impulsadas más por la necesidad de sostener un relato que por una estrategia económica sólida. Y cuando las decisiones se toman pensando en el próximo titular de los medios y no en el futuro del país, el riesgo se multiplica.
Estrada lo plantea con claridad: “Contar con información precisa sobre los resultados de los contratos resultantes de la intervención del BCRA es vital para que el Poder Legislativo ejerza un control”. No se trata de un pedido anecdótico, sino de la exigencia de una rendición de cuentas mínima en un área donde la opacidad puede significar pérdidas multimillonarias y un nuevo golpe a la credibilidad de las instituciones financieras argentinas.
Lo más preocupante es que el Gobierno, en lugar de corregir el rumbo, ha profundizado el uso de estas herramientas. En 2025, el BCRA intervino de manera sostenida en los mercados de derivados, ignorando advertencias y multiplicando la exposición a riesgos financieros. Estrada lo denuncia como un accionar que podría estar motivado por fines políticos o especulativos antes que por una auténtica preocupación por la estabilidad macroeconómica.
En este contexto, la pregunta que subyace es tan simple como urgente: ¿quién paga la factura cuando estas operaciones fracasan? La respuesta, aunque el Ejecutivo intente esquivarla, es obvia: todos los argentinos. No hay magia ni libertad económica que cubra el costo de una política cambiaria improvisada y de alto riesgo. La deuda en dólares, las reservas menguantes y la inflación persistente son pruebas suficientes de que los atajos financieros terminan siendo trampas para la economía real.
El pedido de informes no es un capricho parlamentario. Es, o debería ser, un acto básico de responsabilidad política frente a un manejo del Banco Central que parece cada vez más desconectado de la prudencia. Estrada no solo cuestiona la legalidad o la oportunidad de estas intervenciones, sino que alerta sobre las consecuencias sistémicas de seguir apostando a un modelo que ya ha demostrado su fragilidad en crisis anteriores.
La iniciativa ahora dependerá del acompañamiento de otros diputados. Y aquí aparece otro elemento clave: ¿estará dispuesto el Congreso a cumplir su rol de contralor, o primará la complicidad política con un gobierno que, pese a su retórica de transparencia y orden, maneja la economía con los mismos vicios que criticó en sus antecesores? Si la respuesta es la segunda, la historia volverá a repetirse, y será el pueblo el que pague la cuenta.
Mientras tanto, el país sigue atado a un esquema donde las decisiones financieras del Banco Central se toman entre bambalinas, sin información pública clara y con un nivel de riesgo que no se condice con la situación delicada de la economía. El pedido de Estrada, lejos de ser una formalidad, es una oportunidad para obligar al Gobierno a explicar por qué está apostando el futuro económico de la Argentina en un juego que podría costar demasiado caro.
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