Juan Carlos Giordano, Mercedes de Mendieta, Christian Castillo, Alejandro Vilca y Vilma Ripoll presentaron una iniciativa legislativa que busca frenar el intento de privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), garantizando su estatización plena bajo control de trabajadores y usuarios. El proyecto repudia la entrega del agua al mercado y propone rescatar este derecho humano esencial del ajuste ultraliberal de Javier Milei.
En medio de un clima social cada vez más asfixiante, con millones de personas hundidas en la pobreza y el Estado reducido a su mínima expresión por voluntad presidencial, un grupo de diputados del Frente de Izquierda Unidad se plantó frente a uno de los ataques más graves contra los derechos sociales básicos: la privatización del agua. Juan Carlos Giordano, Mercedes de Mendieta, Christian Castillo, Alejandro Vilca y Vilma Ripoll impulsan un proyecto de ley que propone anular de raíz los Decretos de Necesidad y Urgencia 493 y 494 firmados por Javier Milei, que habilitan la venta de AySA y reescriben el marco regulatorio del servicio público de agua potable y desagües cloacales con el solo objetivo de facilitar el saqueo privado.
En un país donde más de 7 millones de personas no acceden adecuadamente al agua potable y cerca de 20 millones carecen de redes de saneamiento, avanzar con la privatización del servicio no solo resulta indignante, sino criminal. Pero eso no detuvo al presidente ultraderechista, quien, con su política de tierra arrasada, busca transformar derechos básicos en mercancías. El objetivo es claro: rematar al mejor postor una empresa estratégica, empujando a millones a la marginalidad hídrica con tal de cumplir con los mandatos del Fondo Monetario Internacional y cebar los bolsillos de empresarios amigos.
Los DNU en cuestión —cocinados en la oscuridad y sin debate democrático— habilitan la venta del 90% de las acciones de AySA, abren la puerta a cortes masivos del servicio por falta de pago, y redefinen el acceso al agua en función de la capacidad de consumo. La lógica es tan simple como brutal: si no podés pagar, no tomás agua. Pero el agua no es Netflix, ni una hamburguesa gourmet. Es vida. Y esa vida, según la ONU, constituye un derecho humano esencial desde 2010. El proyecto presentado por los diputados de izquierda parte de este principio innegociable y propone un viraje total en el modelo de gestión: AySA debe ser 100% estatal, gestionada por sus propios trabajadores y por organizaciones de usuarios, y orientada al acceso equitativo y sustentable de toda la población, sin distinción ni exclusión.
No es la primera vez que el Estado argentino juega a la ruleta rusa con el agua. La historia de AySA está marcada por el abandono, la corrupción y el saqueo. Desde su origen como Obras Sanitarias de la Nación en 1912, la empresa fue desguazada por dictaduras, vaciada por gobiernos democráticos y finalmente entregada al capital extranjero en 1993 bajo la presidencia de Carlos Menem. La concesión a Aguas Argentinas S.A., dominada por el grupo francés Suez, fue un desastre anunciado: aumentos exorbitantes de tarifas, promesas de inversión incumplidas, despidos masivos, obras paralizadas y agua contaminada con arsénico y agrotóxicos. El resultado fue tan escandaloso que incluso el gobierno de Néstor Kirchner se vio obligado a rescindir el contrato en 2006.
Sin embargo, el supuesto “rescate estatal” de AySA fue solo maquillaje. La creación de una sociedad anónima con mayoría estatal permitió mantener la puerta abierta a nuevas privatizaciones, y la conducción de la empresa quedó en manos de personajes ligados a la privatización original. Uno de ellos, Carlos Ben, fue nombrado director tras haber coordinado la entrega de OSN en los 90. Además, el sindicato que debía defender a los trabajadores —presidido por José Luis Lingeri, actual secretario de Acción Social de la CGT— nunca cuestionó de fondo el modelo ni la injerencia del capital. De hecho, hace poco confesó que “la privatización se discute internamente” con la empresa. Un sincericidio que desnuda de qué lado están algunos dirigentes sindicales.
Con la llegada de Mauricio Macri al gobierno, el asedio volvió a intensificarse. Entre 2015 y 2019 se aplicaron tarifazos que superaron el 1000 %, afectando sobre todo a los sectores populares. Pero fue con Javier Milei que se desató el asalto final: un aumento de tarifas superior al 500 %, despidos masivos y la firma de los decretos que ahora se intenta derogar con este proyecto de ley. Lo que está en juego no es solo el control de una empresa, sino el modelo de país: ¿vamos a seguir entregando nuestros recursos esenciales al capital extranjero o vamos a defender lo común como patrimonio social?
El proyecto también denuncia una amenaza externa aún más escandalosa: el interés de Mekorot, la empresa estatal israelí de aguas, de quedarse con AySA. Esta compañía es responsable de aplicar políticas de apartheid hídrico contra el pueblo palestino, destruyendo sus fuentes de abastecimiento y negándoles el acceso al agua. No solo ha expresado su ambición de operar en Argentina, sino que ya asesora a AySA a través de su coordinador de proyectos, Diego Berger. Una intromisión intolerable que viola la soberanía nacional y carga con antecedentes de violaciones a los derechos humanos. La ley propuesta exige la anulación inmediata de cualquier contrato con Mekorot y su expulsión del país.
En paralelo, la iniciativa establece que AySA debe diseñar un Plan Federal de Obras, orientado a expandir el acceso al agua y saneamiento en todo el país, priorizando zonas rurales, comunidades vulnerables y regiones postergadas. No se trata solo de conservar lo que existe, sino de ampliarlo y democratizarlo. Para financiar esta transformación, se propone redireccionar los recursos hoy destinados al pago de la deuda externa usurera y aplicar un impuesto especial a las multinacionales, grandes empresarios y bancos. En otras palabras: que paguen los que más tienen, los que lucran mientras millones no pueden ni abrir una canilla.
El proyecto también propone que las provincias con servicios privatizados rescindan sus concesiones y se integren a una AySA nacional, pública y bajo control de quienes realmente la hacen funcionar día a día. Solo así se podrá terminar con los negociados provinciales, las concesiones a dedo y las estructuras que perpetúan la desigualdad.
Este proyecto no nace del aire. Se inscribe en una lucha histórica por la reestatización de todas las empresas privatizadas durante el menemismo, con el objetivo de ponerlas al servicio de las necesidades populares y no de las ganancias corporativas. El Frente de Izquierda Unidad propone un modelo de país radicalmente opuesto al que representa Javier Milei. Un modelo donde los derechos no se subastan, donde el agua no es mercancía, donde la vida vale más que el mercado.
La ofensiva privatizadora del gobierno libertario encuentra ahora una resistencia firme y organizada. Esta ley, que declara el agua como derecho humano inalienable, no solo es una defensa técnica frente a una amenaza concreta: es un grito político, ético y social. Una afirmación categórica de que el agua no se negocia. Se defiende.
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