En una maniobra que mezcla viejas amistades, negocios privados y desprecio por lo público, Diego Valenzuela acordó pagarle $46 millones a la Universidad Austral para que audite un proyecto inmobiliario profundamente cuestionado. Mientras tanto, crecen los rechazos de vecinos, denuncias de irregularidades legales y sospechas de un negociado a medida de desarrolladores.
En Tres de Febrero, el libreto libertario ya no se sostiene con consignas vacías. El intendente Diego Valenzuela, otrora promotor de la “austeridad”, hoy protagoniza un escándalo que desnuda las verdaderas prioridades de su gestión: beneficiar a privados con recursos públicos y consolidar una red de favores que huele a casta más que a cambio.
La polémica explotó cuando se conoció que Valenzuela selló un convenio con la Universidad Austral por 46 millones de pesos, supuestamente para brindar asistencia técnico-legal al municipio. ¿La función? Auditar el proceso de venta de terrenos públicos en los barrios de Ciudad Jardín, Caseros y Pablo Podestá. El problema no es sólo el exorbitante monto que se destina a esta consultoría, sino el trasfondo: la Austral, una institución privada ligada al Opus Dei, reemplaza al equipo jurídico del propio municipio y a la Universidad Nacional de Tres de Febrero, ignorada olímpicamente a pesar de su capacidad técnica y su pertenencia local.
Lejos de ser una ayuda externa neutral, la participación de la Universidad Austral parece diseñada a medida de los negocios que el municipio ya viene impulsando. A cargo del área legal de la institución se encuentra Gabriel Astarloa, ex funcionario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, con un prontuario que incluye denuncias por administración fraudulenta y omisión de deberes en la tragedia de Time Warp, en la que murieron cinco jóvenes en 2016. La elección de este “asesor” no es inocente: Astarloa fue quien operó múltiples subastas públicas de terrenos porteños a precios vilmente bajos, beneficiando a desarrolladores cercanos al poder.
¿Es esa la “expertise” que necesita Tres de Febrero? Para Valenzuela, parece que sí. Más aún cuando la maniobra viene envuelta en una supuesta pátina de transparencia legal que intenta maquillar una venta de tierras públicas realizada de manera apresurada, sin los debidos estudios de impacto ambiental y violando, según denuncias de concejales opositores, el espíritu de las donaciones que dieron origen a esos espacios.
La denuncia más concreta proviene del concejal de Unión por la Patria, Juan Debandi, quien sostiene que todo el proceso está viciado. Desde la convocatoria a audiencias públicas donde, sorpresivamente, no se registraron vecinos inscriptos, hasta ordenanzas mal redactadas que, en algunos casos, contradicen leyes provinciales y normas urbanísticas elementales. Casos como el de Ciudad Jardín o el del barrio Altos de Podestá, donde ni siquiera existen escrituras regularizadas, dejan en evidencia un apuro político por cerrar el negocio antes de que la resistencia social crezca.
Y esa resistencia ya está en marcha. Organizaciones vecinales y ambientalistas no tardaron en denunciar el atropello. Las tierras que hoy se ponen en venta no son baldíos sin uso; son espacios verdes, pulmón de barrios que claman por mantener su identidad y su equilibrio ambiental frente a una ola de especulación edilicia que amenaza con transformarlos en un desierto de cemento. Lo que se vende no es sólo tierra, es calidad de vida.
La judicialización de las ordenanzas N°3714, 3715 y 3716 es apenas el principio. Detrás de cada expediente hay una comunidad movilizada, una historia de resistencia y un reclamo legítimo por participación. ¿Por qué, entonces, el intendente decide avanzar con tanta prepotencia? Porque tiene con qué blindarse. Con la Casa Rosada de su lado, Valenzuela sabe que es una pieza clave en el armado electoral bonaerense del oficialismo nacional. Ser útil al poder hoy le da margen para forzar las reglas, y cubrirse con un barniz académico —privado y ultracatólico, claro— para justificar lo injustificable.
El cinismo es total. Mientras se habla de “cooperación técnico-legal”, se desvía dinero de los vecinos a una universidad privada con fines ideológicos y empresariales bien definidos. Mientras se habla de “progreso”, se pisotean derechos básicos como el acceso a espacios verdes o el cumplimiento de las normas urbanas. Mientras se habla de “austeridad”, se despilfarran 46 millones de pesos en asesorías externas que podrían realizar profesionales del municipio o de la UNTREF, sin costo adicional.
El concejal peronista Hugo Curto fue claro: “Esos 46 millones deberían invertirse en arreglar calles, en seguridad, en plazas que se inundan cada vez que llueve. Pero Valenzuela prefiere destinarlos a privatizar el municipio”. No es una exageración. La “externalización” de funciones que ya puede cumplir el Estado es una forma elegante de vaciamiento. Y una vía segura para que los negocios de unos pocos se vistan de legalidad.
En los barrios, sin embargo, no compran ese discurso. En lugares como Martín Coronado, Villa Bosch o Santos Lugares, la gente no quiere ver torres levantar sombra sobre sus casas. Reclaman aire, verde y futuro. Y sobre todo, transparencia. No es mucho pedir. Pero al parecer, para el gobierno de Valenzuela, es incompatible con el modelo de municipio que imagina: uno donde los recursos públicos se privatizan, las universidades del pueblo se ignoran y los negocios se cierran entre amigos.
En esta trama, la Universidad Austral funciona como el sello de goma de una gestión que busca legitimarse desde arriba mientras desoye a los de abajo. Y si bien el intendente podrá insistir con su relato libertario, los hechos lo contradicen con una contundencia escandalosa: gobierna para los empresarios, se rodea de funcionarios denunciados y financia su blindaje político con la plata de todos.
El riesgo de que Tres de Febrero se convierta en la maqueta de un modelo de país donde el Estado sólo sirve para facilitar negociados privados es más real que nunca. Pero también lo es la fuerza de quienes lo resisten. Vecinos, vecinas, estudiantes, trabajadores, organizaciones sociales: todos ellos son los que hoy están diciendo basta. Porque este no es sólo un problema de urbanismo; es un problema de democracia.
Fuente:
https://www.diagonales.com/municipio/escandalo–valenzuela-le-paga-46-millones-de-pesos-a-la-universidad-austral-para-auditar-el-polemico-plan-inmobiliario_a687b96ab3189f41e18dba2ff
https://www.laizquierdadiario.com/El-intendente-Valenzuela-avanza-en-los-negocios-inmobiliarios-con-el-aval-de-la-Universidad-Austral
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