En la causa Vialidad se negaron a auditar el 94% de las obras. La defensa pidió peritar todo. El tribunal eligió ignorar la mayoría. Un juicio sin pericias completas, una condena sin búsqueda de la verdad. El caso Vialidad como emblema del lawfare en Argentina.
El juicio conocido como Causa Vialidad, en el que fue condenada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quedó marcado por una serie de irregularidades que hoy cuestionan no sólo el fallo sino la legitimidad misma del proceso. Uno de los datos más elocuentes y escandalosos del expediente judicial es que, si bien la acusación inicial señalaba irregularidades en 51 obras públicas adjudicadas en Santa Cruz entre 2003 y 2015, el tribunal sólo permitió la auditoría de cinco de ellas, y en los hechos sólo tres obras fueron efectivamente peritadas.
La defensa de la exmandataria solicitó reiteradamente que se auditaran todas las obras mencionadas en la causa. No lo pedía como maniobra dilatoria, sino como garantía mínima del derecho a la defensa: examinar la evidencia completa, revisar si existieron sobreprecios, certificaciones indebidas o falta de ejecución. Pero el Tribunal Oral Federal N.º 2 se negó. Prefirió reducir el universo de análisis al 6% del total, sentando así las bases de una condena construida sobre fragmentos selectivos de la realidad.
¿Qué implica esto? Que el 94% de las obras mencionadas por la fiscalía nunca fueron auditadas ni técnica ni documentalmente. Sin embargo, sirvieron como soporte argumentativo para acusar y condenar a la expresidenta por presunto direccionamiento de la obra pública y administración fraudulenta.
Y hay un dato aún más contundente: los peritajes realizados sobre esas cinco obras seleccionadas por el tribunal no lograron confirmar la existencia de sobreprecios dolosos, ni cartelización ni colusión entre empresas y funcionarios públicos. Incluso el perito oficial, Eloy Bona, sostuvo que no se podía sostener con certeza ninguna acusación de fraude con tan poca muestra analizada, y que las diferencias de costos halladas no constituían evidencia de delito. El propio perito de la fiscalía, Roberto Panizza, reconoció que no había pruebas concluyentes. En otras palabras, ni siquiera las pocas pericias aceptadas por el tribunal lograron sostener la acusación central.
El resultado: una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, dictada sin examinar la evidencia completa, sin contrastar la acusación con pericias imparciales y con un tribunal que cerró los oídos a la búsqueda de la verdad.
Esta información —clave para entender la magnitud de la injusticia— no es de conocimiento masivo. Y no lo es porque los grandes grupos mediáticos decidieron ocultarla. Alineados con sectores del Poder Judicial, estos medios han sido actores centrales en el dispositivo de disciplinamiento político conocido como lawfare, una guerra judicial-mediática que busca eliminar a Cristina Fernández de Kirchner de la arena política, estigmatizarla y condenarla ante la opinión pública más allá de cualquier prueba concreta.
No se trata de tecnicismos ni de formalidades jurídicas. Se trata de los principios más básicos del debido proceso y del derecho a la defensa. Se trata de que en un Estado de derecho nadie debería ser juzgado sin que se analice con rigurosidad toda la prueba disponible. Lo contrario es arbitrariedad. Es persecución. Es montaje.
El juicio contra Cristina Fernández de Kirchner fue una puesta en escena judicial con final anunciado. No se buscó la verdad. No se investigó a fondo. No se permitió a la defensa desmontar con pruebas lo que la fiscalía sostenía con conjeturas. En vez de justicia, hubo escarmiento.
Y lo más grave: hubo complicidad mediática. Porque cuando la justicia deja de ser imparcial, y la prensa deja de informar para convertirse en parte del aparato de acusación, la democracia entera entra en zona de riesgo.
Deja una respuesta