¿Y la inflación? YPF vuelve a aumentar el precio de los combustibles y dinamita el salario real

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El nuevo aumento de YPF —el segundo en menos de 20 días— llega en plena crisis económica, con una inflación que devora ingresos y una política energética que, lejos de beneficiar al ciudadano, parece diseñada para favorecer a los grandes jugadores. La «libertad» prometida por Milei, en la práctica, es el eufemismo de una transferencia brutal de recursos desde los bolsillos populares hacia las corporaciones, mientras el Estado se vuelve cada vez más funcional a sus intereses.

Desde la medianoche de este domingo 20 de julio, el precio del combustible volverá a subir en Argentina. La petrolera estatal YPF aplicará un incremento promedio del 2,5% en todo el país, completando así el segundo aumento del mes. La empresa —que bajo el gobierno de Javier Milei actúa más como una corporación privada que como una herramienta estratégica del Estado— justifica la suba en la variación de los costos de producción, en especial el precio internacional del crudo. Pero detrás del tecnicismo económico se esconde una verdad cada vez más difícil de disimular: el brutal desmantelamiento del poder adquisitivo de la población y el sometimiento total de la política energética a una lógica de mercado salvaje.

Con este nuevo tarifazo, la nafta súper pasará a costar $1.259, la premium $1.490, el gasoil $1.264 y el Eurodiésel $1.459, cifras que hasta hace poco parecían imposibles. Si tomamos como referencia el valor de enero de este mismo año —cuando la súper costaba $1.108 y el gasoil común $1.123— el alza acumulada es asfixiante. Los aumentos no son azarosos ni inevitables: son decisiones políticas. Y como toda decisión, tienen responsables.

El argumento de “precios dinámicos” con el que la petrolera disfraza sus políticas de ajuste es una burla. La dinámica no tiene nada de neutral: siempre va en la misma dirección. Suben y suben. Mientras tanto, los salarios no sólo están estancados, sino que en muchos sectores han retrocedido a niveles de hace dos décadas. Esta vez, la empresa presidida por Horacio Marín afirmó que el nuevo aumento responde al monitoreo constante de las ventas en sus estaciones y a una supuesta necesidad de “microajustes” para adecuar precios a la oferta, la demanda, las franjas horarias y las regiones del país. Un discurso que intenta ser técnico pero que huele a estrategia para camuflar el saqueo cotidiano al bolsillo de millones.

La puesta en marcha del flamante Centro de Monitoreo en Tiempo Real (RTIC), promocionado por la empresa como una “revolución tecnológica”, no es más que otra herramienta para flexibilizar aún más el precio de los combustibles. Bajo esta nueva lógica, YPF puede variar sus precios no solo cada mes, sino a cada hora y según cada región. Un combustible más caro para quienes lo necesiten en momentos de mayor circulación. Es decir: castigar al que trabaja, al que produce, al que depende del transporte para sobrevivir. ¿A esto se referían con «eficiencia»? ¿Es eficiente saquear con inteligencia artificial?

La implementación del sistema de autodespacho y los descuentos segmentados en horarios nocturnos son el otro rostro cínico de esta política. Una especie de “Black Friday” cotidiano donde, si tenés la suerte de cargar de madrugada, con la app y en una estación específica, accedés a una rebaja del 6%. Claro que esto no aplica en provincias como Buenos Aires, Jujuy y La Pampa, donde la legislación prohíbe el autodespacho. Es decir: no solo es un descuento limitado a ciertos lugares y horarios, sino también ilegal en buena parte del país. Una medida pensada para la foto del marketing más que para aliviar el sufrimiento popular.

Pero el contexto general agrava el impacto de esta medida. Mientras se suceden los despidos masivos, los tarifazos, el congelamiento salarial y la destrucción de derechos laborales, el precio del combustible sigue subiendo sin control. Y no estamos hablando de un bien prescindible. La nafta no es un lujo: es un insumo básico que impacta en toda la cadena productiva y en la vida cotidiana. El transporte escolar, los alimentos, la logística, todo se encarece cuando sube el combustible. Cada aumento es una onda expansiva que sacude los precios de la economía real.

En este panorama, llama la atención la pasividad del Estado frente a una empresa que, si bien tiene mayoría estatal, actúa con lógica puramente privatista. No hay control, no hay subsidios direccionados al usuario, no hay política pública que ampare al ciudadano. Javier Milei, con su prédica libertaria, ha naturalizado esta barbarie: que YPF se maneje como una multinacional más, que sus precios se rijan por algoritmos y no por el bien común. ¿Para qué quiere el Estado controlar YPF si se comporta igual que Shell o Axion?

No se trata solo de una suba del 2,5%. Se trata de una política sistemática de ajuste, de la entrega de los recursos estratégicos del país al mercado, de un Estado que se retira incluso de las pocas áreas donde debería ser garante del acceso equitativo. Esta suba llega, además, en un momento de extrema fragilidad económica para millones. Cada centavo cuenta. Cada aumento duele. Y mientras tanto, el Gobierno celebra el déficit cero como si fuera una épica libertaria, mientras la clase media y los trabajadores son condenados al sacrificio eterno.

En esta lógica perversa, YPF deja de ser un instrumento para el desarrollo nacional para transformarse en una máquina de recaudar a costa del hambre popular. No hay planificación estratégica. No hay soberanía energética. Solo hay algoritmos, precios dinámicos y discursos de libre mercado que, en la práctica, implican menos libertad y más sufrimiento.

Si el combustible se convierte en un lujo, la Argentina se encamina a un modelo excluyente, de ricos móviles y pobres inmóviles. Pero no se trata de un error de cálculo. Es un plan. Y cada nuevo aumento es un ladrillo más en ese muro invisible que separa a los que pueden de los que ya no pueden más.

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