Del uniforme al volante: el Gobierno de Milei habilita a los militares a trabajar en Uber y expone la profundidad de la crisis salarial en las Fuerzas Armadas. Defensa tercerizada: soldados, suboficiales y oficiales podrán tener un segundo empleo para compensar ingresos que ya no alcanzan.
La decisión del Ministerio de Defensa autoriza por primera vez de manera formal que integrantes de las Fuerzas Armadas desarrollen actividades privadas complementarias. Presentada como una ampliación de libertades, la medida deja al descubierto el deterioro salarial, la fuga de personal especializado y el impacto del ajuste sobre una de las estructuras estratégicas del Estado.
La decisión del Ministerio de Defensa de habilitar que soldados, suboficiales y oficiales de las Fuerzas Armadas puedan desempeñar actividades laborales complementarias fuera de su horario de servicio marca un punto de inflexión en la historia reciente de la institución militar argentina. Lo que oficialmente aparece como una ampliación de derechos individuales y una flexibilización de restricciones laborales termina revelando una realidad mucho más incómoda para el Gobierno de Javier Milei: los salarios militares han sufrido un deterioro tan profundo que miles de efectivos necesitan buscar un segundo empleo para sostener sus ingresos.
La medida, difundida por el medio Gestión Sindical y replicada por distintos medios nacionales, permite que los integrantes de las Fuerzas Armadas trabajen legalmente en plataformas de transporte y reparto, servicios de seguridad privada y otras ocupaciones compatibles con la función militar. En los hechos, muchos efectivos ya realizaban estas actividades de manera informal o en zonas grises de la normativa. Lo novedoso es que ahora el propio Estado reconoce institucionalmente una situación que hasta hace poco intentaba evitarse: el sueldo militar dejó de ser suficiente.
Detrás del lenguaje oficial que intenta presentar la resolución como una ampliación de libertades individuales aparece una realidad mucho más dura. La decisión constituye, en cierto modo, la admisión explícita de que quienes tienen la responsabilidad de custodiar la defensa nacional no pueden sostener su nivel de vida únicamente con los ingresos que perciben por esa tarea. La imagen de un oficial conduciendo un vehículo de Uber, repartiendo pedidos o realizando tareas de vigilancia privada después de cumplir funciones vinculadas a la defensa del país resulta tan simbólica como inquietante.
La situación adquiere una dimensión aún más significativa cuando se observa el contexto que atraviesan las Fuerzas Armadas desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. Según la información citada, la jerarquización salarial impulsada durante la gestión de Sergio Massa, que buscaba equiparar progresivamente los ingresos militares con los de las fuerzas policiales, quedó interrumpida con el cambio de gobierno. A partir de entonces, la evolución de los salarios quedó rezagada frente a la inflación, generando una pérdida sostenida del poder adquisitivo.
Los datos que trascendieron son contundentes. Un informe de las propias Fuerzas Armadas señala que desde la asunción de Milei los salarios castrenses sufrieron una pérdida superior al 80% respecto de la evolución de los precios. El resultado es que el salario real de los efectivos se ubica actualmente un 25% por debajo del nivel existente en diciembre de 2023. Más allá de las discusiones técnicas sobre las mediciones, la conclusión es clara: el ingreso militar compra hoy considerablemente menos bienes y servicios que hace apenas dos años y medio.
El problema excede largamente la situación individual de cada efectivo. Las Fuerzas Armadas no son una dependencia estatal cualquiera. Se trata de una institución estratégica cuya capacidad operativa depende de la formación, especialización y permanencia de recursos humanos altamente capacitados. Cuando un militar debe complementar sus ingresos manejando un automóvil para una aplicación privada o realizando tareas de seguridad, el debate deja de ser exclusivamente salarial y se convierte en una discusión sobre las prioridades del Estado.
Muchos de los efectivos alcanzados por esta medida poseen años de capacitación en áreas sensibles como logística, inteligencia, comunicaciones, operaciones tácticas, defensa territorial y conducción militar. Se trata de conocimientos adquiridos mediante largos procesos de formación financiados con recursos públicos. La pregunta que emerge inevitablemente es qué ocurre cuando profesionales entrenados para desempeñar funciones estratégicas deben destinar parte de su tiempo y energía a actividades ajenas a su especialización para compensar ingresos insuficientes.
La problemática se vuelve todavía más compleja cuando se analiza la dificultad creciente para retener personal calificado. De acuerdo con la información publicada, en los últimos años se multiplicaron las advertencias sobre la salida de oficiales, suboficiales y profesionales especializados que abandonan la carrera militar ante la diferencia salarial existente con el sector privado. La situación afecta particularmente a perfiles altamente demandados como pilotos, ingenieros, médicos, técnicos especializados y expertos en comunicaciones.
La pérdida de estos recursos humanos genera consecuencias que trascienden los balances presupuestarios. Formar a un piloto militar, un ingeniero especializado o un técnico de alta complejidad requiere años de inversión estatal. Cuando esos profesionales abandonan la institución porque encuentran mejores condiciones económicas fuera de ella, el Estado pierde capacidades estratégicas cuya reconstrucción puede demandar largos períodos y elevados costos.
La autorización para desarrollar actividades privadas también aparece vinculada a un contexto más amplio de restricciones presupuestarias que afectan diferentes áreas de la estructura militar. Según la información difundida, existen cuestionamientos relacionados con el equipamiento, el mantenimiento operativo y la cobertura médica del personal. La referencia al episodio en el que el jefe del Ejército, Carlos Alberto Presti, habría recurrido al intercambio de una tonelada de membrillo para conseguir repuestos de una camioneta se transformó en una imagen elocuente de las dificultades materiales que atraviesan algunos sectores de la fuerza.
En este escenario, la narrativa libertaria sobre la libertad individual y la flexibilización de restricciones encuentra una contradicción evidente. La posibilidad de elegir un segundo empleo puede ser presentada como una ampliación de opciones personales, pero resulta difícil ignorar que dicha elección surge en un contexto donde el salario principal ya no alcanza para cubrir adecuadamente las necesidades económicas de miles de trabajadores uniformados. Cuando la libertad de trabajar más horas aparece impulsada por la necesidad de compensar una pérdida salarial, la discusión adquiere matices mucho más complejos que los planteados por el discurso oficial.
La decisión también expone una paradoja política relevante. Históricamente, las Fuerzas Armadas han ocupado un lugar particular dentro de la estructura estatal y muchas veces fueron consideradas sectores relativamente cercanos a las visiones económicas conservadoras. Sin embargo, la profundidad del ajuste y el deterioro de las condiciones materiales parecen haber alcanzado incluso a instituciones tradicionalmente alejadas de los conflictos sindicales o de las demandas públicas por mejoras salariales.
Lo que emerge detrás de esta resolución es una fotografía de época. El Gobierno que prometió eficiencia, modernización y fortalecimiento institucional termina habilitando que quienes tienen la misión de defender la soberanía nacional busquen ingresos adicionales en plataformas privadas de transporte, reparto o vigilancia. La imagen posee una enorme carga simbólica porque refleja el desplazamiento de responsabilidades que deberían recaer sobre el Estado hacia estrategias individuales de supervivencia económica.
La medida probablemente será presentada como una adaptación pragmática a las nuevas realidades laborales. Sin embargo, también puede interpretarse como el reconocimiento de una derrota: la incapacidad de garantizar que quienes cumplen funciones esenciales para la defensa nacional puedan sostener dignamente su vida con el salario que perciben por esa tarea. En lugar de resolver el problema de fondo mediante una recomposición de ingresos, la respuesta oficial consiste en permitir que los afectados busquen soluciones por su cuenta en el mercado.
Más allá de las interpretaciones ideológicas, el dato central permanece inalterable. Si soldados, suboficiales y oficiales necesitan manejar Uber, repartir pedidos o realizar tareas de seguridad privada para complementar sus ingresos, la discusión ya no gira únicamente en torno a la libertad de trabajar. La verdadera cuestión es por qué una institución estratégica del Estado llegó a una situación en la que miles de sus integrantes necesitan un segundo empleo para llegar a fin de mes.
Fuente
La Política Online. (2026, 9 de junio). El Gobierno habilitó que los militares puedan manejar un Uber porque no les alcanza el sueldo. Recuperado de: https://www.lapoliticaonline.com
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