Un docente que hacía viajes para sobrevivir terminó accediendo a un préstamo hipotecario millonario imposible para cualquier trabajador común. La denuncia penal presentada por Marcela Pagano expone una trama de privilegios, inconsistencias patrimoniales y sospechas de enriquecimiento ilícito que vuelve a colocar al gobierno de Javier Milei bajo la sombra de la corrupción financiera y el uso discrecional del Estado que prometía destruir.
El caso del diputado libertario Santiago Santurio desnuda con crudeza una de las mayores contradicciones del discurso oficialista: mientras millones de argentinos quedan afuera del crédito, sufren despidos, ajuste y pulverización salarial, dirigentes cercanos al poder libertario acceden a préstamos millonarios del Banco Nación en condiciones que ni siquiera cumplen los requisitos básicos que exige la propia entidad bancaria. La denuncia penal impulsada por la diputada Marcela Pagano no sólo pone en cuestión el patrimonio del legislador antiderechos, sino que además revela un mecanismo de favoritismo político que atraviesa al corazón del mileísmo y al círculo económico de Luis “Toto” Caputo.
El relato libertario de la meritocracia, el sacrificio individual y el odio a “la casta” vuelve a estrellarse contra la realidad. Esta vez, el protagonista es Santiago Santurio, diputado nacional de La Libertad Avanza, militante provida y referente del ala más conservadora del oficialismo, quien pasó en menos de dos años de manejar Uber para complementar ingresos docentes a convertirse en propietario de una vivienda valuada en casi 300 mil dólares en un barrio cerrado bonaerense. La metamorfosis no ocurrió gracias a una revolución productiva, ni a una herencia millonaria, ni a un emprendimiento exitoso. Según la denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, ocurrió gracias a un crédito hipotecario del Banco Nación por 239 mil dólares otorgado en condiciones extraordinarias y presuntamente irregulares.
El caso no aparece aislado. Forma parte del escándalo de los llamados “créditos VIP” otorgados por el Banco Nación a dirigentes libertarios vinculados al entorno político y económico de Javier Milei y Luis Caputo. En esa nómina aparecen funcionarios, tuiteros oficialistas y legisladores que accedieron a préstamos multimillonarios mientras el propio gobierno impulsa un modelo económico que destruye salarios, encarece el acceso a la vivienda y condena a gran parte de la sociedad a la precarización permanente. La diferencia es que Santurio representa algo todavía más brutal: la obscena velocidad del ascenso patrimonial dentro de una estructura política que hizo de la “casta” su principal bandera electoral.
Hasta diciembre de 2023, Santurio era un profesor de Filosofía y Catequesis que debía complementar ingresos manejando Uber para sostener a su familia. Así lo detalla la denuncia penal de Pagano, que reconstruye el perfil económico previo del diputado antes de asumir su banca en el Congreso. No existían propiedades a su nombre, ni capacidad económica aparente para afrontar operaciones inmobiliarias de semejante magnitud. Su patrimonio declarado en 2024 rondaba apenas los 12 millones de pesos, cifra completamente incompatible con el aporte inicial cercano a los 60 mil dólares que exige cualquier crédito hipotecario de ese volumen.
Sin embargo, el Banco Nación le aprobó igualmente un crédito UVA por USD 239.000 en julio de 2025. Allí comienza el núcleo explosivo de la denuncia. La cuota mensual del préstamo representaría cerca del 48,2% de sus ingresos netos, cuando el propio banco establece como límite el 25%. En otras palabras: cualquier trabajador común con idénticas condiciones habría sido automáticamente rechazado por el sistema financiero. Pero Santurio no era un ciudadano común. Era diputado oficialista, integrante del bloque que sostiene políticamente a Javier Milei y parte de un ecosistema de dirigentes alineados con el proyecto económico de Caputo.
La situación se vuelve todavía más delicada cuando la denuncia analiza la situación económica de su esposa, María Celina Aguilar Bugeau. Según la presentación judicial, la mujer no posee inscripción activa ante ARCA pese a desarrollar actividades económicas vinculadas a talleres artísticos, venta de cuadros y organización de eventos. La denuncia sostiene que esos ingresos no podrían ser utilizados formalmente para justificar capacidad crediticia ante el Banco Nación. Es decir: ni Santurio ni su grupo familiar podían demostrar ingresos suficientes para acceder legalmente al préstamo.
La presentación judicial también pone bajo sospecha la existencia de fondos no declarados. El diputado habría necesitado unos 47 mil dólares adicionales que no aparecen registrados en ninguna declaración jurada para completar el anticipo exigido por la operación inmobiliaria. Allí surge la hipótesis de enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública e incluso eventual cohecho. La denuncia plantea una pregunta demoledora: ¿de dónde salió el dinero que faltaba para concretar la compra?
El expediente presentado por Pagano describe además inconsistencias patrimoniales, omisiones en declaraciones juradas y una estructura societaria inmobiliaria llamada “Condominio Santurio Rodríguez Santiago Javier y otros”, activa desde 2012 y jamás declarada ante la Oficina Anticorrupción. Según la denuncia, se trataría de un esquema vinculado a actividades inmobiliarias urbanas cuyos movimientos económicos no fueron incorporados a las declaraciones patrimoniales del legislador. La omisión persistente durante años constituye uno de los elementos más graves de la acusación.
Lo más provocador del caso no es solamente el posible delito financiero. Es el derrumbe moral y político del relato libertario. El mismo espacio que llegó al poder prometiendo terminar con los privilegios estatales aparece hoy utilizando la banca pública para beneficiar a sus propios dirigentes. El mismo gobierno que repite diariamente que “no hay plata” para jubilados, universidades, hospitales y salarios docentes sí encuentra recursos para financiar operaciones inmobiliarias millonarias de funcionarios oficialistas. Mientras se destruye el acceso al crédito para trabajadores, mientras la vivienda se vuelve un privilegio inalcanzable y mientras millones de argentinos viven endeudados para comer, dirigentes libertarios parecen haber descubierto una puerta secreta dentro del Estado que supuestamente venían a dinamitar.
Santurio, además, no es un actor menor dentro del ecosistema ideológico libertario. Su figura pública se construyó alrededor del combate contra el feminismo, el derecho al aborto y las diversidades sexuales. Representa el núcleo conservador y ultracatólico de La Libertad Avanza. Por eso el escándalo adquiere una dimensión todavía más simbólica: detrás del discurso moralista y del sermón permanente sobre “la cultura del esfuerzo” aparece una trama de privilegios bancarios que recuerda a las peores prácticas de la vieja política que tanto denunciaban.
El caso también expone el rol central del Banco Nación bajo la órbita económica de Luis Caputo. La entidad pública aparece nuevamente involucrada en operaciones crediticias sospechadas de beneficiar a funcionarios, asesores y dirigentes oficialistas. No se trata de un banco cualquiera: se trata de una institución sostenida con recursos públicos en medio de un gobierno que aplica un ajuste feroz sobre el conjunto de la sociedad. Cada crédito privilegiado otorgado a dirigentes libertarios se convierte, en términos políticos, en una bofetada para quienes quedaron excluidos del sistema financiero formal.
La denuncia de Pagano todavía debe avanzar en la Justicia, pero el daño político ya está hecho. Porque incluso si parte de las operaciones pudieran encontrar alguna explicación administrativa, el problema central permanece intacto: el oficialismo libertario terminó reproduciendo exactamente aquello que decía combatir. Los vínculos entre política, privilegio financiero y acceso diferencial al Estado vuelven a emerger como marca constitutiva de una dirigencia que prometía “libertad”, pero que parece haber reservado las ventajas únicamente para los propios.
En una Argentina donde millones de trabajadores no llegan a fin de mes, donde el acceso a la vivienda se volvió una fantasía y donde el gobierno convierte el ajuste en doctrina moral, el caso Santurio funciona como una radiografía brutal del mileísmo real: un experimento neoliberal que predica austeridad para las mayorías mientras habilita beneficios extraordinarios para los sectores políticamente alineados con el poder.
Fuentes APA
Ferrari, M. (2026, 26 de mayo). Denunciaron al diputado libertario antiderechos que se compró una casa de 300 mil dólares. Página/12. https://www.pagina12.com.ar/2026/05/25/denunciaron-al-diputado-libertario-antiderechos-que-se-compro-una-casa-de-300-mil-dolares/
La Política Online. (2026, 24 de mayo). El libertario Santurio pasó de manejar un Uber a comprarse una casa de USD 300 mil con un crédito del Banco Nación. https://www.lapoliticaonline.com/politica/el-libertario-santurio-paso-de-manejar-un-uber-a-comprarse-una-casa-de-usd-300-mil-con-un-credito-del-banco-nacion/
Pagano, M. M. (2026). Denuncia penal contra Santiago Javier Santurio Rodríguez. Scribd. https://es.scribd.com/document/1042784151/Denuncia-Penal-Santurio#from_embed
