Arcor construye su propio parque solar y se vuelve autogenerador en Catamarca. La multinacional alimenticia avanza con un parque solar en Catamarca mientras el Estado retrocede y el sistema eléctrico se fragmenta en beneficio de los grandes jugadores
La autorización oficial para que Arcor genere su propia energía revela mucho más que una apuesta por lo “verde”: expone un modelo energético cada vez más privatizado, donde las empresas se blindan y los usuarios quedan a la intemperie
El dato puede pasar desapercibido entre la maraña burocrática del Boletín Oficial, pero lo cierto es que la autorización para que Arcor ponga en marcha su propio parque solar fotovoltaico en Catamarca no es un hecho menor ni aislado. Es, en realidad, una señal clara —casi brutal— de hacia dónde se está desplazando el sistema energético argentino bajo el gobierno de Javier Milei: un modelo donde el Estado se corre, las grandes empresas avanzan y la energía deja de ser un derecho para transformarse, cada vez más, en un privilegio estratégico.
La Resolución 86/2026 habilita a Arcor S.A.I.C. a ingresar al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) bajo la figura de autogenerador, con su parque “Arcor Recreo I”, ubicado en la localidad de Recreo, en la provincia de Catamarca. Con una potencia de 6 MW y conectado a la red de 33 kV bajo la órbita de EC SAPEM y TRANSNOA, el proyecto tiene un objetivo concreto: producir energía para consumo propio. Dicho en criollo, la empresa se fabrica su propia electricidad para no depender —o depender cada vez menos— del sistema público.
Las Resoluciones 85/2026 y 86/2026, emitidas por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, llevan la firma de la Secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti
La escena, leída en frío, podría parecer incluso positiva. Energía renovable, inversión privada, reducción de emisiones, autonomía energética. Todo suena bien en la superficie. Pero cuando se raspa un poco, cuando se corre el velo discursivo, aparece otra historia, bastante menos amable y mucho más incómoda.
Porque lo que está en juego no es solo la instalación de paneles solares en el norte argentino. Lo que está en juego es quién controla la energía, quién paga los costos y quién queda afuera del sistema cuando las reglas del juego cambian.
Para entender la magnitud del asunto, hay que empezar por lo básico. Ingresar al MEM no es un trámite administrativo más. Es obtener el “DNI energético” que habilita a una empresa a generar, consumir e incluso comercializar electricidad dentro del sistema nacional. Es integrarse al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y operar bajo la coordinación de CAMMESA, el organismo que administra el despacho eléctrico en el país.
En este caso, Arcor no entra como generador tradicional —es decir, no produce principalmente para vender energía— sino como autogenerador. Esto implica que su parque solar está diseñado para abastecer sus propias plantas industriales, reduciendo costos y blindándose frente a eventuales subas tarifarias. Si produce excedentes, podrá volcarlos al sistema. Si le falta energía, podrá tomarla. Pero el eje es otro: la autosuficiencia.
Y ahí aparece la primera gran pregunta. ¿Qué pasa cuando las grandes empresas empiezan a salirse, de facto, del sistema energético común? ¿Qué ocurre cuando los actores con mayor capacidad económica dejan de depender del entramado público que, históricamente, garantizó el acceso a la energía como servicio esencial?
La respuesta no es sencilla, pero sí inquietante. Porque mientras Arcor invierte en paneles solares para asegurar su abastecimiento, millones de usuarios residenciales y pequeñas empresas siguen atados a un sistema cada vez más tensionado, más caro y más desigual. Es una lógica de supervivencia empresarial que, en el contexto actual, termina profundizando las brechas.
No es casual que este movimiento se dé en paralelo con otras autorizaciones, como la del parque solar “Esquina” en Corrientes, impulsado por Industrias Juan F. Secco S.A., que ingresa al MEM como agente generador con una potencia de 20 MW. En ese caso, la energía se inyecta directamente al sistema y se comercializa en el mercado. Dos modelos distintos, una misma tendencia: el avance del sector privado sobre la generación eléctrica.
Lo que se configura, entonces, es un mapa energético fragmentado. Por un lado, empresas que producen para sí mismas. Por otro, empresas que producen para vender. Y en el medio, un Estado que parece limitarse a habilitar, regular en lo mínimo indispensable y correrse del rol estratégico que históricamente supo tener.
El discurso oficial hablará de eficiencia, de inversiones, de modernización. Pero la realidad, más cruda, muestra otra cosa: una privatización de hecho de la expansión energética. Ya no es el Estado el que planifica y ejecuta grandes obras para garantizar el abastecimiento. Son las empresas las que deciden dónde, cómo y para quién se genera la energía.
Y en ese esquema, la pregunta por la equidad se vuelve central. Porque si las grandes compañías logran reducir sus costos energéticos mediante la autogeneración, ¿quién absorbe el peso del sistema? ¿Quién paga la infraestructura, el mantenimiento, las pérdidas? La respuesta, una vez más, parece recaer sobre los usuarios más débiles.
El argumento de que los riesgos quedan en manos privadas —como señalan las resoluciones, que establecen que los sobrecostos o fallas técnicas deben ser asumidos por las empresas— tampoco cierra del todo. En teoría, es así. En la práctica, la historia reciente muestra que cuando los grandes actores tropiezan, el sistema en su conjunto termina absorbiendo el impacto de una u otra forma.
Hay, además, un elemento que no puede ignorarse: la autogeneración no es accesible para cualquiera. Requiere inversiones millonarias, acceso a tecnología, capacidad de planificación. No es una opción para una pyme promedio ni, mucho menos, para un hogar. Es un privilegio de grandes grupos económicos que pueden jugar en otra liga.
En ese sentido, el caso de Arcor es paradigmático. No solo por su tamaño y su peso en la economía argentina, sino porque marca un camino que otras empresas seguramente buscarán seguir. Blindarse energéticamente en un contexto de incertidumbre, tarifas en discusión y un Estado que ya no garantiza certezas.
El resultado es un sistema cada vez más dual. Por un lado, una “elite energética” que se autoabastece y, eventualmente, participa del mercado en condiciones ventajosas. Por otro, una mayoría que depende de un sistema que pierde volumen, previsibilidad y capacidad de respuesta.
Todo esto ocurre, además, en un contexto donde el gobierno de Javier Milei impulsa una agenda abiertamente antiestatal, con recortes, desregulaciones y una fe casi religiosa en que el mercado resolverá todo. La energía, lejos de ser una excepción, parece convertirse en uno de los terrenos donde esa lógica se despliega con mayor crudeza.
Claro que la transición hacia energías renovables es necesaria y, en muchos aspectos, urgente. Nadie discute la importancia de reducir emisiones y diversificar la matriz energética. Pero una cosa es avanzar hacia un modelo sustentable y otra muy distinta es hacerlo sobre la base de una mayor desigualdad y fragmentación.
Porque la pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿energía para quién y bajo qué condiciones?
El parque solar de Arcor en Catamarca, con sus 6 MW de potencia y su conexión a la red de 33 kV, es mucho más que un proyecto técnico. Es una pieza dentro de un rompecabezas mayor, donde se redefine el rol del Estado, el lugar de las empresas y el acceso de la sociedad a un recurso básico.
Y en ese rompecabezas, por ahora, las fichas parecen acomodarse siempre del mismo lado.
Fuente:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/340453/20260408
https://s3.arsat.com.ar/cdn-bo-001/pdf-del-dia/primera.pdf
https://cammesaweb.cammesa.com/mem/
