Salida de la OMS: El plan de las provincias para evitar el colapso

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Gobernadores contra el vacío sanitario: el desesperado llamado ante la retirada de Argentina de la OMS

Un epidemiólogo advierte sobre un escenario de colapso inminente tras la salida del país de la Organización Mundial de la Salud y empuja a las provincias a desobedecer, de hecho, la estrategia nacional para evitar una crisis sin retorno.

La escena parece sacada de un manual de autodestrucción estatal, pero ocurre en tiempo real. Mientras el gobierno nacional formaliza la retirada de Argentina de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, un sector del propio sistema sanitario comienza a reaccionar con una mezcla de alarma y urgencia.

No se trata de una discusión técnica ni de una diferencia de criterios: lo que está en juego, según advierten especialistas, es la viabilidad misma del sistema de salud.

Desde Córdoba, el epidemiólogo Carlos Ferreyra lanzó una advertencia que no deja margen para la tibieza. Su carta, dirigida a todos los gobernadores y al jefe de Gobierno porteño, no es una sugerencia sino un ultimátum político: o las provincias toman la iniciativa y firman acuerdos directos con organismos internacionales, o deberán prepararse para administrar el colapso.

La gravedad del diagnóstico no es retórica. El informe estratégico que acompaña la carta describe un escenario de aislamiento sanitario con consecuencias inmediatas y profundas. La salida de los circuitos globales de salud implica, en primer lugar, la pérdida de acceso a mecanismos clave de provisión de medicamentos y vacunas.

En términos concretos, esto significa que tratamientos críticos —desde oncológicos hasta terapias para VIH/SIDA— dejarán de adquirirse a precios regulados para pasar a depender del mercado internacional, con aumentos que podrían alcanzar cifras exorbitantes.

El impacto no se limita a los costos. La desconexión de redes globales como las de vigilancia epidemiológica implica una suerte de “ceguera sanitaria”. Sin acceso a datos, reactivos validados ni sistemas de alerta temprana, las provincias quedarían expuestas a brotes de enfermedades sin herramientas adecuadas para anticiparlos o contenerlos.

En un país donde el dengue ya ha demostrado su capacidad de expansión, la advertencia suena menos a hipótesis y más a anticipo.A esto se suma un factor que suele quedar relegado en el debate público: la crisis climática.

La retirada de los organismos internacionales también implica perder asistencia técnica en la gestión de fenómenos extremos, desde olas de calor hasta condiciones ambientales que afectan directamente la salud de las poblaciones más vulnerables.

El resultado proyectado es un aumento de la mortalidad en sectores que ya se encuentran al límite.Pero el dato más inquietante no es el diagnóstico, sino la solución propuesta. Ferreyra plantea que las provincias activen mecanismos de “diplomacia subnacional”, amparadas en el artículo 124 de la Constitución Nacional, para firmar acuerdos bilaterales con la OMS.

En otras palabras, sugiere que los gobernadores esquiven la decisión del Ejecutivo nacional y construyan, por fuera de él, una red de contención internacional.Lejos de ser una idea descabellada, el antecedente existe.

Durante la administración de Donald Trump, cuando Estados Unidos amagó con abandonar la OMS, varios estados —entre ellos Nueva York y California— avanzaron en estrategias propias para mantener vínculos con el organismo. La diferencia es que, en aquel caso, se trataba de una amenaza que finalmente no se concretó. En Argentina, la ruptura ya es un hecho consumado.

La propuesta, entonces, abre un escenario político explosivo. ¿Están dispuestos los gobernadores a desafiar la línea nacional en nombre de la salud pública? ¿O prevalecerá la disciplina política aun cuando el costo sea la degradación del sistema sanitario?

El informe no deja lugar a equívocos sobre quiénes pagarán las consecuencias. No serán los funcionarios ni los arquitectos de la decisión, sino los sectores más vulnerables: pacientes crónicos, adultos mayores, trabajadores de la salud, estudiantes, investigadores.

En síntesis, todos aquellos que dependen de un sistema que, según esta advertencia, está siendo empujado deliberadamente hacia el borde.El dato final termina de completar el cuadro: Ferreyra no solo alerta, también intenta democratizar la información. Ha puesto a disposición una serie de informes adaptados para distintos sectores —desde tomadores de decisiones hasta ciudadanos comunes— con el objetivo de visibilizar el impacto real de la medida.

Una iniciativa que, en sí misma, revela algo inquietante: la necesidad de explicar, en pleno siglo XXI, por qué la salud pública no puede sostenerse en aislamiento.En este contexto, la pregunta ya no es si habrá consecuencias, sino cuán profundas serán y quién se hará cargo cuando el sistema comience a crujir. Porque si algo deja en claro este llamado urgente es que la crisis, lejos de ser una posibilidad futura, ya está en marcha.

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