Justicia por Matías Paredes: cuando el Estado dispara, la justicia enfría y el poder político habilita
La Policía Bonaerense no sabe lo que se llevó. La frase duele porque es exacta. No se llevó un cuerpo, no se llevó un sospechoso, no se llevó un expediente. Se llevó a Matías Paredes, un pibe trabajador, buen hijo, padre de una beba, con la vida entera por delante. Se llevó una historia concreta, con nombre, con rostro, con afectos. Y ahora, como si no alcanzara con la bala, el sistema parece empeñado en borrar también su humanidad del juicio.
El asesinato ocurrió el 6 de febrero de 2025 en Mar del Plata. Matías regresaba a su casa junto a dos amigos después de asistir a la presentación de la nueva camiseta del Club Atlético Alvarado en el boliche GAP. No escapaba de la ley, no estaba cometiendo ningún delito, no representaba amenaza alguna. Volvía. Nada más elemental, nada más cotidiano. En la intersección de la avenida Fortunato de la Plaza y Polonia, la Policía Bonaerense decidió disparar. Disparar por la espalda. Esa es la verdad desnuda, sin eufemismos ni atajos narrativos.
En ese punto ya no hay margen para la confusión ni para el relato justificatorio. Cuando el Estado dispara por la espalda, no hay exceso: hay ejecución. Y cuando eso sucede, lo que sigue no debería ser una carrera de obstáculos judiciales, sino un camino claro hacia la verdad y la justicia. Sin embargo, el caso Paredes avanza por un terreno mucho más turbio, donde el formalismo parece pesar más que la vida perdida.
El abogado Gregorio Dalbón puso en palabras lo que la familia vive en carne propia. En un mensaje público que funciona como denuncia jurídica y política, describió una escena tan simbólica como alarmante: un juez técnico devuelve fotos de la vida de Matías porque “debe resolver si las aprueba”. Ni siquiera las mira. Las devuelve como si fueran un adorno innecesario, como si mostrar quién era Matías fuese un truco emocional y no una parte esencial del proceso.
Pero las fotos no son un golpe bajo ni un recurso sentimental. Son identidad. Son contexto. Son prueba de humanidad. Son la demostración concreta de que la víctima no es un nombre abstracto en una causa penal, sino una persona con vínculos, con historia, con proyectos truncos. La Ley de Derechos y Garantías de las Víctimas es clara y no admite interpretaciones caprichosas: la víctima tiene derecho a ser reconocida como sujeto pleno en el proceso judicial.
CASO PAREDES.
MAR DEL PLATA.
La Policía Bonaerense no sabe lo que se llevó.
Se llevó a un pibe trabajador. Buen hijo. Padre de una beba hermosa. Con toda la vida por delante.Ayer nos tocó un juez técnico que decidió devolver fotos de su vida porque “debe resolver si las… pic.twitter.com/S7yYbMg1vN
— Gregorio Dalbon #CristinaLibre (@Gregoriodalbon) February 14, 2026
Negar ese reconocimiento es una forma de deshumanización. Y la deshumanización nunca es neutral. Tiene consecuencias. Vacía de contenido el debate, enfría la discusión, corre el eje desde la vida perdida hacia un tecnicismo cómodo. En un juicio por jurados, el rol del juez técnico no es menor. No solo ordena el trámite: define el clima, los límites y el sentido del juicio. Si el juez decide que la historia de la víctima sobra, entonces el proceso nace mutilado.
El doctor Federico Cechi, nuevo en la función, carga con una responsabilidad enorme. En causas donde el Estado está acusado de matar, la sensibilidad jurídica no es un lujo ni una concesión emocional. Es parte de la imparcialidad. Fingir que no lo es implica esconder una posición ideológica detrás de una supuesta neutralidad técnica. Y esa neutralidad, cuando se trata de violencia institucional, suele jugar siempre para el mismo lado.
La familia Paredes ya perdió lo único que no se recupera. Perdió a Matías. Perdió su presencia diaria, su voz, su futuro. Lo mínimo que el sistema judicial debería garantizar es que el camino hacia la justicia no esté plagado de decisiones que vuelvan a herir. Porque cada obstáculo, cada gesto de frialdad, cada formalismo vacío, funciona como una segunda bala, esta vez simbólica, pero no menos cruel.
La alevosía fue clara. Disparos por la espalda. Molina y Flores deberán responder por su responsabilidad. No como chivos expiatorios de un sistema, sino como agentes estatales que tomaron una decisión letal. Pero el problema no termina en dos apellidos. Porque ningún gatillo fácil ocurre en el vacío. Siempre hay un clima que lo habilita, una narrativa que lo justifica, un poder político que mira para otro lado o, peor aún, que aplaude.
En ese sentido, el contexto político actual no es un dato menor. El gobierno de Javier Milei ha construido su identidad sobre un desprecio explícito por el lenguaje de los derechos humanos. Habla de garantismo como si fuera una enfermedad, señala a las víctimas como obstáculos y exalta a las fuerzas de seguridad sin matices ni controles. Ese discurso no queda en el aire. Baja. Se filtra. Se traduce en prácticas concretas.
Cuando desde la Casa Rosada se instala la idea de que el problema es el límite, que la solución es la mano dura y que la sensibilidad es debilidad, se corre peligrosamente la frontera de lo tolerable. Se legitima la violencia estatal. Se naturaliza que la policía dispare primero y pregunte después. Se construye un sentido común donde el pibe trabajador que vuelve de un boliche puede convertirse, en segundos, en un blanco.
El caso Matías Paredes expone con crudeza esa deriva. No solo por el disparo, sino por lo que viene después. Por una justicia que parece más preocupada por cuidar formas que por garantizar derechos. Por un sistema que discute si una foto es “apropiada” mientras una familia entierra a su hijo. Por un Estado que, en lugar de asumir responsabilidades, se parapeta detrás de tecnicismos.
Dalbón lo dice sin rodeos: no vamos a permitir que el camino hacia la justicia se obstaculice por formalismos vacíos o decisiones que desconozcan la centralidad de la víctima. La frase no es una amenaza. Es una definición ética del ejercicio del derecho. Porque el derecho, cuando se divorcia de la vida concreta, deja de ser justicia y se convierte en un ritual burocrático.
No importa si quedamos solos. No sería la primera vez que la historia la escriben quienes no se resignan. Esa afirmación conecta el caso Paredes con una tradición profunda en la Argentina: la de quienes se plantan frente al poder, incluso cuando el clima es hostil, incluso cuando el discurso dominante los señala como exagerados o molestos. Es la tradición de quienes entienden que la Constitución no se defiende solo en los libros, sino en los tribunales y en la calle.
Justicia por Matías Paredes no es solo una consigna. Es una pregunta incómoda dirigida al corazón del Estado. ¿Vale lo mismo la vida de un pibe trabajador que la tranquilidad corporativa de una fuerza de seguridad? ¿Vale más el procedimiento que la verdad? ¿Puede haber imparcialidad cuando se borra deliberadamente la humanidad de la víctima?
En un país donde el gobierno de Javier Milei promueve el ajuste, la crueldad discursiva y el desprecio por los derechos como si fueran virtudes, estos casos no son anomalías. Son síntomas. Señales de alerta que advierten hacia dónde puede derivar una sociedad cuando se acepta que la bala por la espalda es discutible y que la víctima debe probar que merece ser mirada.
Matías tenía nombre, tenía historia, tenía una beba que lo espera sin saberlo. Recordarlo no es un acto emocional: es un acto político y jurídico. Porque cuando el Estado mata y luego intenta borrar el rostro de la víctima, lo que está en juego no es solo una causa penal. Es el tipo de país que estamos dispuestos a tolerar.
Fuente:
https://x.com/GregorioDalbon/status/xxxxxxxxxxxx
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