El caso del Haroldo Conti expone una trama de vaciamiento, negacionismo y favoritismo en la política de derechos humanos del gobierno libertario
La designación de un director “fantasma” para el Centro Cultural Haroldo Conti, cuando ya estaba cerrado y sin trabajadores, desnuda las contradicciones de un gobierno que denuncia supuestos “curros” en derechos humanos mientras utiliza cargos públicos para pagar favores personales y avanzar en el desmantelamiento de las políticas de memoria.
El gobierno de Javier Milei llegó al poder prometiendo dinamitar lo que denomina “el curro de los derechos humanos”. Con ese eslogan, repetido hasta el cansancio por el Presidente y amplificado por su entorno, se justificaron despidos masivos, cierres de organismos, recortes presupuestarios brutales y un discurso que relativiza el terrorismo de Estado. Sin embargo, una serie de decisiones administrativas conocidas a partir de su publicación en el Boletín Oficial expone una paradoja difícil de disimular: mientras se vacían y clausuran espacios de memoria, el Estado sigue pagando cargos jerárquicos para instituciones que no funcionan, designaciones que no responden a ninguna política pública sino a vínculos personales.
El caso del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ubicado en el predio de la ex ESMA, se convirtió en un símbolo de esa contradicción. Cerrado por decisión del gobierno entre fines de 2024 y comienzos de 2025, con más de 90 trabajadores despedidos o licenciados y sin actividades culturales, educativas ni de investigación, el Conti fue igualmente “dirigido” durante varios meses por una persona designada formalmente para un cargo que, en los hechos, no existía. La revelación no surgió de un comunicado oficial ni de una rendición de cuentas del Ejecutivo, sino de la lectura atenta del Boletín Oficial, que dejó al descubierto una designación retroactiva que pasó desapercibida hasta febrero de 2026.
La periodista Luciana Bertoia fue quien puso en palabras lo que muchos trabajadores y referentes del área ya denunciaban por lo bajo. Mientras el gobierno habla del “curro de los derechos humanos”, escribió, designó directores para centros culturales cerrados. En abril de 2025, cuatro meses después de que el Haroldo Conti dejara de funcionar, el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, firmó la designación transitoria de Víctor Sebastián Ladino como director del centro. Ladino ocupó ese cargo al menos hasta agosto de ese año. En los papeles, fue director. En la realidad, según relatan trabajadores del área, nunca fue visto en el lugar, no tuvo contacto con la institución ni con su personal y no ejerció ninguna función concreta. Un “director fantasma” para un centro cultural clausurado.
El detalle que vuelve el episodio aún más grave es el vínculo personal entre el funcionario que firmó la designación y el beneficiario del cargo. Ladino no era un gestor cultural con trayectoria en políticas de memoria ni un trabajador histórico del Conti. Era, lisa y llanamente, el profesor de bajo eléctrico de Alberto Baños. Una relación de amistad “musical”, según habría mencionado el propio Baños en reuniones previas, que terminó traducida en un nombramiento estatal. Mientras se denunciaba públicamente a organismos de derechos humanos por supuestos negocios espurios, el Estado libertario utilizaba un cargo público para pagar un favor personal, sin institución, sin trabajadores y sin actividad alguna que justificar.
Este episodio no es un hecho aislado ni una anécdota administrativa. Se inscribe en una gestión profundamente cuestionada de la Subsecretaría de Derechos Humanos durante el gobierno de Milei, encabezada por Alberto Julio Baños desde diciembre de 2023 hasta su renuncia en diciembre de 2025. Baños, abogado y exjuez penal con una extensa trayectoria en el Poder Judicial, se convirtió en una de las figuras más polémicas del área por su combinación de recorte estructural, vaciamiento simbólico y discurso negacionista.
Su carrera judicial comenzó en plena dictadura militar, cuando ingresó al Poder Judicial en julio de 1977, con apenas 18 años, en el Juzgado Civil Nº 15 de la Capital Federal, para luego pasar al fuero penal. Se recibió de abogado en la UBA en 1987 y en 1993, durante el menemismo, juró como juez nacional en lo Criminal y Correccional tras obtener el acuerdo del Senado. Fue considerado un juez duro, de perfil severo, y tuvo a su cargo causas de alto impacto público, desde el robo de las manos del cadáver de Juan Domingo Perón hasta investigaciones por estafas financieras y expedientes vinculados a la represión de diciembre de 2001.
Tras dejar el cargo judicial en septiembre de 2023, fue designado por el gobierno de Milei como Secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, conducido por Mariano Cúneo Libarona. Su desembarco en el área no respondió a una trayectoria en políticas de memoria ni a un compromiso histórico con los derechos humanos, sino a una afinidad con el discurso libertario que cuestiona el consenso construido desde el retorno de la democracia. En mayo de 2025, como parte del ajuste y la reestructuración del Estado, el área fue degradada de Secretaría a Subsecretaría, y Baños continuó al frente, ahora designado ad honorem mediante el Decreto 357/2025.
Durante su gestión se ejecutaron despidos masivos y recortes presupuestarios que redujeron el organismo a aproximadamente un tercio de su estructura original. Se cerraron o vaciaron sitios emblemáticos de memoria, entre ellos el Centro Cultural Haroldo Conti. Pero el punto de mayor repudio llegó en noviembre de 2025, cuando Baños, en representación del Estado argentino, cuestionó ante el Comité contra la Tortura de la ONU en Ginebra la cifra de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura y reivindicó la idea de una “memoria completa”, equiparando el terrorismo de Estado con los crímenes de organizaciones armadas. Las reacciones de organismos como Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS y múltiples referentes del campo de los derechos humanos fueron inmediatas y contundentes.
En ese contexto, la designación del “director fantasma” del Conti adquiere un significado político que excede el monto del salario o la duración del nombramiento. Expone la lógica de un gobierno que utiliza el discurso anticorrupción como arma ideológica, pero reproduce prácticas clásicas de favoritismo, opacidad y uso discrecional de cargos públicos. No se trata de un error administrativo ni de una excepción, sino de una coherencia perversa: se vacían las políticas de memoria porque incomodan ideológicamente, pero se conservan los resortes del Estado para beneficiar a los propios.
El contraste es brutal. Mientras se acusa a trabajadores, artistas y gestores culturales de ser “ñoquis”, se despide a más de 90 personas de un centro cultural y se clausura un espacio construido sobre la memoria del terrorismo de Estado, se designa a un amigo personal como director de un edificio cerrado. Mientras se habla de austeridad y motosierra, se pagan sueldos por funciones inexistentes. Mientras se demoniza al movimiento de derechos humanos, se reproduce aquello que se dice combatir.
La publicación tardía de la designación en el Boletín Oficial, conocida recién a comienzos de febrero de 2026, refuerza la sensación de impunidad. No hubo anuncio, no hubo explicación pública, no hubo rendición de cuentas. Fueron los propios trabajadores y periodistas quienes reconstruyeron el episodio, confirmando que Ladino nunca tuvo presencia real en el Conti. El Estado pagó, la institución no funcionó y la memoria fue nuevamente relegada.
La renuncia de Baños en diciembre de 2025, presentada como una salida por “motivos personales”, no cerró las heridas ni disipó las preguntas. Su paso por la Subsecretaría dejó un área devastada, organismos desarticulados, sitios de memoria cerrados y un discurso oficial que retrocede décadas en materia de consensos democráticos. El caso del Haroldo Conti condensa ese balance: un espacio emblemático de la memoria convertido en un cascarón vacío, utilizado como soporte administrativo para una designación que simboliza el desprecio por las políticas públicas que dice cuestionar.
En definitiva, el escándalo del director del Conti no es un detalle menor ni una anécdota de gestión. Es la radiografía de una política de derechos humanos basada en el ajuste, el negacionismo y la hipocresía. Un gobierno que acusa de “curro” a quienes sostuvieron durante décadas la memoria colectiva, pero que no duda en usar el Estado para pagar favores personales, incluso cuando ya no queda nada que dirigir.
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