La nulidad dictada por la Justicia jujeña confirma que el Estado provincial montó una causa con espionaje ilegal y prisión preventiva contra dos jóvenes por replicar un rumor en redes, en un contexto de creciente criminalización de la expresión política y social en la Argentina de Javier Milei. El fallo del juez Roberto Assef que anuló lo actuado por la fiscalía y la querella del Estado no cierra la causa, pero deja al desnudo una maquinaria judicial dispuesta a castigar la palabra incómoda. Un antecedente grave que dialoga con el clima nacional de ajuste, disciplinamiento y retroceso de derechos.
Durante 53 días, Nahuel Morandini y Roque Villegas estuvieron encerrados en el Penal N°1 de Jujuy. No por robar, no por violentar a nadie, no por organizar una estafa ni por atentar contra la vida ajena. Estuvieron presos por publicar y compartir en redes sociales un rumor que ya circulaba en la provincia, un chisme de pasillo que mezclaba infidelidades, nombres del poder político y el folklore local. La desproporción entre el hecho y la respuesta estatal no fue un error judicial aislado: fue una decisión política.
El reciente fallo del juez Roberto Assef, que declaró la nulidad de lo actuado por el Ministerio Público de la Acusación y la querella del Estado jujeño, vuelve a poner el caso en el centro del debate público. No porque la causa haya sido cerrada —no lo fue— sino porque la Justicia terminó reconociendo lo que desde el inicio denunciaron las defensas, los organismos de derechos humanos y amplios sectores sociales: la investigación estuvo viciada desde su origen, con prácticas de espionaje ilegal, recolección de datos sin denuncia previa y una utilización del aparato penal para castigar la expresión en redes.
Los hechos se remontan a fines de diciembre de 2023. En Jujuy, como en cualquier provincia chica, un rumor comenzó a circular con fuerza en grupos de WhatsApp, audios reenviados y charlas de sobremesa. El chisme involucraba a Tulia Snopek, esposa del entonces exgobernador Gerardo Morales, y a un músico folclórico vinculado a la banda Los Tekis. El contenido era grosero, irónico, incluso de mal gusto, pero no era excepcional en el ecosistema digital contemporáneo. No lo inventaron Morandini ni Villegas. Lo que hicieron fue replicarlo, comentarlo con sarcasmo y humor provocador, como miles de usuarios hacen todos los días.
Sin embargo, el 4 de enero de 2024, Tulia Snopek presentó una denuncia. A partir de allí, el Estado jujeño desplegó toda su potencia punitiva. La fiscalía imputó a los jóvenes por figuras penales forzadas, habló de daño psicológico, de afectación a la honra familiar y hasta de una supuesta puesta en duda de la identidad de una menor. El discurso jurídico se volvió elástico, casi grotesco, para justificar una medida extrema: la prisión preventiva por 60 días.
La detención fue inmediata y espectacular. Morandini y Villegas fueron alojados en el Penal N°1, donde denunciaron torturas, malos tratos y condiciones inhumanas. La causa se convirtió rápidamente en un símbolo nacional bajo el rótulo de “presos por tuitear”. No era una exageración retórica. Era una descripción precisa de lo que estaba ocurriendo: el uso de la cárcel como escarmiento frente a la palabra irreverente.
Gerardo Morales defendió públicamente el accionar judicial. Negó que se tratara de una persecución por redes sociales y sostuvo que se investigaba un “delito grave” con consecuencias irreparables para su familia. El argumento buscó desplazar el eje del debate, pero no logró ocultar lo central: la desmesura punitiva y el mensaje disciplinador que se estaba enviando a toda la sociedad jujeña.
Con el paso de los meses, los detenidos recuperaron la libertad, primero bajo arresto domiciliario y luego con el cese de la detención. Pero la causa siguió abierta, como una espada de Damocles sobre sus cabezas. El castigo no era solo el encierro pasado, sino la amenaza permanente de un juicio futuro.
Dos años después, el fallo de nulidad del juez Assef terminó de confirmar que la causa nació torcida. En la audiencia de control, la defensa expuso algo aún más grave que la arbitrariedad inicial: la fiscalía había realizado tareas de ciberinteligencia y espionaje digital antes de que existiera una denuncia formal. Se recolectaron publicaciones, se monitorearon redes y se armaron carpetas “por las dudas”, esperando que alguien denunciara. Esa práctica, incompatible con el debido proceso y las garantías constitucionales, contaminó toda la investigación.
El juez declaró nulas las actuaciones clave del Ministerio Público de la Acusación y de la querella estatal. Invalidó la imputación, la prisión preventiva y la prueba obtenida ilegalmente. No cerró la causa, es cierto, pero dejó asentado algo decisivo: el Estado violó la ley para perseguir.
Este punto es central. No se trata solo de un exceso provincial ni de una interna jujeña. El caso dialoga directamente con el clima político nacional. En la Argentina gobernada por Javier Milei, la retórica de la “libertad” convive con un endurecimiento concreto frente a la protesta, la crítica y la expresión disidente. Se estigmatiza a periodistas, se persigue a organizaciones sociales, se criminaliza la protesta y se naturaliza el espionaje estatal bajo distintos ropajes.
El caso Morandini-Villegas funciona como un laboratorio adelantado de ese modelo: un poder político que se siente impune, un sistema judicial dispuesto a acompañar, y un uso del derecho penal como herramienta de disciplinamiento social. Lo que en Jujuy se ensayó con dos tuiteros, a escala nacional se intenta aplicar contra jubilados que protestan, trabajadores que se organizan o voces críticas que no encajan en el relato oficial.
La nulidad judicial no borra el daño. Nadie les devuelve los 53 días de cárcel, las torturas denunciadas, la estigmatización pública ni el miedo instalado. Tampoco garantiza que la causa no vuelva a ser rearmada bajo otra forma. Pero sí deja una marca: la confirmación de que hubo persecución política y abuso de poder.
Por eso el fallo es relevante, aunque insuficiente. Porque muestra que, incluso en un contexto adverso, las denuncias persistentes pueden horadar el muro de impunidad. Y porque recuerda algo elemental que hoy parece estar en discusión: la libertad de expresión no es una concesión graciosa del poder, sino un derecho que se ejerce, incluso cuando molesta, incomoda o expone la intimidad del poder.
En tiempos donde el ajuste económico se combina con un ajuste democrático, el caso de los “presos por tuitear” en Jujuy deja una advertencia clara. Cuando el Estado empieza a castigar la palabra, lo que está en juego no es un tuit, ni un chisme, ni un rumor. Lo que está en juego es el derecho a hablar sin miedo.
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