Bajo el libreto de la “eficiencia” y la “competencia”, el Gobierno habilita que un único operador privado reemplace al Estado en la importación y comercialización de Gas Natural Licuado. La Resolución 33/2026 consagra un giro estructural: el Estado se corre de un servicio estratégico y vuelve a apostar al mercado como regulador exclusivo, con riesgos conocidos y costos sociales previsibles.
La escena es conocida y el argumento también. Con un lenguaje prolijo, tecnocrático y cuidadosamente desideologizado, la Secretaría de Energía anunció la convocatoria a una licitación pública nacional e internacional para que el sector privado se haga cargo de la importación y comercialización de Gas Natural Licuado (GNL). El mecanismo, instrumentado por la Resolución 33/2026 del Boletín Oficial, formaliza lo que en los hechos ya se venía insinuando: el Estado se retira de una operatoria clave y cede el control a un actor privado bajo la promesa de “previsibilidad”, “eficiencia” y “transparencia”.
El nuevo esquema establece la selección de un único operador que asumirá integralmente la importación de GNL, su regasificación y la comercialización en el mercado interno, utilizando la capacidad disponible de la terminal de Escobar, con punto de entrega en Los Cardales. Dicho sin rodeos: el Estado deja de comprar gas para garantizar el abastecimiento y pasa a delegar esa responsabilidad a una empresa privada que actuará como intermediaria exclusiva en los meses de mayor demanda.
Desde el Ejecutivo se insiste en que el modelo “reemplaza al Estado” para mejorar la eficiencia del servicio. La frase, reveladora por donde se la mire, expone una concepción ideológica nítida: el problema no sería cómo gestiona el Estado, sino el Estado mismo. La solución, entonces, no pasa por fortalecer capacidades públicas, sino por tercerizarlas. Como en los noventa, el mercado aparece presentado como neutral, racional y naturalmente virtuoso.
La licitación prevé una etapa de precalificación para evaluar antecedentes y solvencia de los oferentes, y la adjudicación se definirá por el menor adicional en dólares por millón de BTU sobre el marcador TTF. Ese “adicional” deberá cubrir costos logísticos y operativos de toda la operatoria. En términos simples, gana quien prometa cobrar menos por hacer lo que hasta ahora hacía el Estado. Lo que no se dice es qué ocurre si esa promesa se vuelve insostenible, si cambian las condiciones internacionales o si el negocio deja de ser atractivo en pleno invierno.
El esquema contempla, además, la coordinación integral de buques, inventarios y la unidad flotante de regasificación por parte de un solo operador, con el argumento de evitar “superposiciones y conflictos”. La eficiencia operativa se transforma así en justificación para consolidar un monopolio privado en una infraestructura crítica, bajo contrato de servicios y acceso con el titular o cesionario de la capacidad de la terminal.
La asignación total de capacidad está prevista para el período invernal, del 1 de abril al 30 de septiembre de 2026, y el contrato tendrá una duración de un año desde su firma. El cronograma oficial estima unos 40 días para completar el proceso licitatorio, mientras que la ejecución queda en cabeza de ENARSA, que actuará conforme a las bases que apruebe la autoridad de aplicación. Una paradoja nada menor: la empresa estatal se convierte en vehículo administrativo de su propia retirada.
El Gobierno celebra el avance hacia “mecanismos competitivos” y la supuesta trazabilidad de la operatoria. Sin embargo, la experiencia argentina con la privatización de servicios estratégicos ofrece un balance mucho menos optimista. La dependencia de proveedores externos, la dolarización de costos, la pérdida de capacidad de planificación y la subordinación a intereses privados no son hipótesis teóricas, sino antecedentes concretos.
En un contexto de alta volatilidad energética global, renunciar a la gestión directa de la importación de gas no es una decisión técnica neutra, sino una definición política. Implica aceptar que el abastecimiento interno quede atado a la lógica de rentabilidad de un operador privado, en lugar de a una estrategia pública orientada al interés general. Implica, también, asumir que el Estado ya no debe garantizar, sino simplemente arbitrar.
La pregunta que queda flotando es incómoda pero inevitable: cuando el gas falte o se encarezca, ¿quién responderá? El mercado no vota, no rinde cuentas y no absorbe costos sociales. El Estado, en cambio, sí. Por eso, más allá del ropaje discursivo, la privatización de la importación y comercialización de GNL marca otro paso en un rumbo conocido: menos soberanía energética, más dependencia y un Estado reducido al papel de espectador de decisiones que afectan de lleno a la vida cotidiana de millones de argentinos.
Fuente:
.https://www.pagina12.com.ar/2026/02/09/milei-privatiza-el-gas/
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