Entre la caída de la coparticipación, la subejecución de fondos y cambios impositivos inconsultos, los distritos perdieron cientos de miles de millones mientras la Casa Rosada exige respaldo para la reforma laboral. En el último trimestre, las provincias resignaron más de $530.000 millones y en enero de 2026 la sangría continuó con una baja real del 6,7% en las transferencias automáticas. Detrás del discurso del orden fiscal, el Gobierno nacional concentra recursos, paraliza obras y fuerza negociaciones políticas en un contexto de recesión persistente.
La aritmética del ajuste tiene una particularidad que el relato oficial intenta disimular: no todos pagan lo mismo. Mientras la Casa Rosada exige a los gobernadores respaldo político para avanzar con una reforma laboral de alto impacto, los números que circulan entre los propios mandatarios provinciales exponen una transferencia silenciosa del costo de la recesión hacia los territorios. No es una percepción ni una queja retórica. Es una cuenta concreta que no cierra y que, lejos de corregirse, se profundiza mes a mes desde la asunción de Javier Milei.
En el último trimestre medido, las provincias perdieron alrededor de $533.000 millones por la combinación de dos factores que se retroalimentan: la caída de la actividad económica, que golpea la recaudación propia, y el retroceso de la coparticipación federal. El dato no surge de una oposición ideologizada, sino de un apunte interno que manejan gobernadores considerados “dialoguistas”, muchos de ellos con línea directa con la Casa Rosada. Es decir, dirigentes que apostaron a la negociación institucional y aun así se encuentran frente a un cóctel fiscal difícil de digerir.
La baja promedio real de los recursos coparticipables superó el 3% interanual, pero en varias jurisdicciones el ajuste fue más severo. La Ciudad de Buenos Aires encabezó el ranking negativo con una caída real del 4,6%, seguida por Córdoba con 4,5%, Santa Cruz con 4,4%, La Pampa con 4,3% y La Rioja con 4,1%. Otras provincias clave como Santa Fe, Entre Ríos y Río Negro también registraron retrocesos cercanos o superiores al 4%. En el otro extremo, apenas algunas economías lograron amortiguar el golpe, como Salta, Misiones y Neuquén, con bajas menores pero igualmente significativas en un contexto recesivo.
Este deterioro no ocurre en el vacío. Desde diciembre de 2023, el Gobierno nacional eliminó, recortó o directamente subejecutó fondos que formaban parte del esquema habitual de financiamiento provincial. En muchos casos, los gobernadores absorbieron esas partidas con recursos propios para evitar un impacto directo sobre prestaciones sensibles. El problema es que esa estrategia tiene un límite, y ese límite se alcanzó cuando la recaudación empezó a caer de manera generalizada y la obra pública quedó prácticamente paralizada en todo el país.
Las reuniones entre Nación y provincias se aceleraron a medida que el oficialismo buscó votos para llevar al recinto del Senado el proyecto de reforma laboral. Sin embargo, la discusión real no pasa por la letra fina de los artículos, sino por el capítulo fiscal que impactará de lleno a partir de 2027, cuando se materialice la baja del impuesto a las Ganancias para las empresas. Según estimaciones del IARAF citadas en las conversaciones técnicas, ese costo rondaría los $144.000 millones mensuales para el conjunto de las provincias. Un número imposible de absorber para distritos que ya vienen de perder más de medio billón de pesos en apenas tres meses.
La situación se volvió tan tensa que una reunión prevista de gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones terminó desactivándose, mientras que los mandatarios peronistas avanzaron por su cuenta en un encuentro con la CGT para fijar una posición común de rechazo. El dato político es revelador: incluso quienes apostaron al diálogo empiezan a percibir que la negociación se da en un terreno cada vez más inclinado a favor del poder central.
En materia de recaudación propia, el panorama es heterogéneo pero no alcanza para compensar la pérdida de fondos nacionales. En 2025, el consolidado de 21 jurisdicciones mostró un alza interanual real del 3,4% frente a 2024, con nueve meses de subas y un primer trimestre en baja. Provincias como Río Negro, con un crecimiento real anual del 21,4%, o Córdoba y Formosa con desempeños positivos, lograron sostener ingresos gracias al empuje de Ingresos Brutos. Sin embargo, cinco distritos cerraron el año con retrocesos reales, entre ellos Mendoza, Catamarca, Santa Cruz, Misiones y Salta. La foto general confirma que no hay margen para absorber nuevos recortes sin afectar funciones básicas del Estado provincial.
El cuadro se agrava cuando se analizan los cambios impositivos implementados por Nación sin consultas previas. El adelanto del Impuesto sobre los Bienes Personales, a través del Régimen Especial de Ingreso, permitió a los contribuyentes pagar por anticipado hasta cinco años. La medida le dio oxígeno financiero al Gobierno nacional en el corto plazo, pero redujo los fondos coparticipables a mediano plazo, generando una baja estimada de 0,25% del PBI por año entre 2023 y 2027. Como ese impuesto se distribuye con las provincias, el resultado es simple: menos plata automática para los distritos.
Algo similar ocurrió con la modificación del esquema de anticipos del Impuesto a las Ganancias para sociedades. El cambio impactó de lleno en mayo y junio, cuando provincias y municipios recibieron menos recursos de los previstos, justo en meses clave para el pago de aguinaldos. La eliminación de la percepción de IVA en importaciones también redujo la recaudación de ese tributo, obligando a las provincias a “acomodarse” a un escenario de menor flujo sin herramientas de compensación.
A este combo se suma la disputa por el impuesto a los combustibles líquidos, cuya asignación legal a la infraestructura vial contrasta con la realidad de obras prácticamente detenidas desde finales de 2023. Aunque el monto se actualizó parcialmente en 2025 para no impactar en el precio del surtidor, la ejecución fue mínima. Según estimaciones legislativas, el año pasado apenas se utilizó el 25% de los recursos, que quedaron en manos de la Nación mientras las rutas provinciales se deterioran.
El caso de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) es todavía más elocuente. Este fondo, equivalente al 1% de la masa coparticipable, históricamente fue motivo de reclamos por su discrecionalidad. Bajo la gestión libertaria, la distribución se redujo al mínimo. Aunque el Congreso sancionó una ley para obligar a repartir el remanente anual, el Presidente la vetó. En 2025 quedaron sin distribuir $740.536 millones; de ese total, solo se giraron $207.500 millones, apenas el 21,9%. El mensaje político es claro: concentración de recursos y disciplinamiento fiscal.
La eliminación de fondos específicos terminó de cerrar el círculo. El Incentivo Docente, aunque no se transfería directamente a las provincias, obligó a varios gobernadores a complementar salarios con recursos propios para evitar un conflicto educativo mayor. En Buenos Aires, el fin del Fondo de Fortalecimiento Fiscal en febrero de 2024 impactó de lleno en los salarios policiales. El corte del Fondo Compensador al Transporte del Interior desató protestas generalizadas, sobre todo porque la medida golpeó a las provincias y no al AMBA, profundizando asimetrías históricas.
Como si ese panorama no alcanzara, enero de 2026 confirmó que la sangría continúa. Según un informe de Politikon Chaco, las transferencias automáticas a provincias y CABA totalizaron $5,85 billones, con una caída real interanual del 6,7%. La coparticipación federal se desplomó 8% real, arrastrada por un derrumbe del IVA del 11,8%. El Impuesto a las Ganancias apenas mostró una mejora marginal, insuficiente para revertir la tendencia.
El Centro de Economía Política Argentina coincidió en el diagnóstico. Sus datos indican que los Recursos de Origen Nacional cayeron 6,2% real interanual en enero, con una contracción aún mayor de la coparticipación, del 7,5%. El IVA profundizó su caída hasta el 11,3% real, confirmando que la recesión no solo persiste, sino que erosiona la principal fuente de financiamiento provincial.
Frente a este escenario, el pedido del Gobierno nacional de apoyo a la reforma laboral suena menos a consenso y más a extorsión fiscal. La lógica es sencilla y brutal: sin fondos, no hay margen para resistir. Pero esa estrategia tiene un costo político y social que el oficialismo parece subestimar. Al concentrar recursos, paralizar obras y trasladar el ajuste a las provincias, el Gobierno no solo debilita el federalismo, sino que erosiona la capacidad del Estado para sostener servicios básicos en los territorios.
La incertidumbre es real y no admite simplificaciones. Nadie discute que la macroeconomía atraviesa tensiones profundas ni que el sistema fiscal necesita reformas. Lo que sí resulta cada vez más evidente es que el camino elegido por la administración Milei profundiza desequilibrios, fuerza negociaciones bajo presión y deja a las provincias frente a un dilema imposible: acompañar un proyecto que las desfinancia o resistir sin recursos para gobernar. En ese juego de suma cero, las cuentas no cierran y el ajuste, lejos de ser virtuoso, se vuelve regresivo y concentrador.
Fuente:
https://www.lanacion.com.ar/politica/cuentas-que-no-cierran-las-provincias-perdieron-530000-millones-en-el-ultimo-trimestre-nid08022026/
https://www.nortecorrientes.com/202771-las-provincias-perdieron-67-real-de-recursos-en-enero
Deja una respuesta