El relato oficial sobre la baja de la pobreza presenta varios puntos oscuros: las encuestas del Indec inflan los ingresos de trabajadores y jubilados y, así, esconden a más de tres millones de personas pobres. Un análisis crítico basado en registros administrativos contradice las cifras difundidas por el Gobierno de Javier Milei. Mientras el Indec habla de una caída histórica de la pobreza, estudios alternativos muestran que el deterioro social es más profundo y que las estadísticas oficiales podrían estar maquillando la realidad.
El Gobierno de Javier Milei insiste en mostrar la baja de la pobreza como su principal logro social. Lo hace con números, gráficos y declaraciones que buscan instalar una sensación de mejora que, sin embargo, no se refleja en la vida cotidiana. Basta con caminar las calles para advertir que algo no cierra. La pregunta se vuelve inevitable: ¿cómo puede ser que las estadísticas oficiales celebren una reducción drástica de la pobreza mientras la percepción social y la evidencia visible indican lo contrario?
Según los datos del Indec correspondientes al primer semestre de 2025, la pobreza no solo habría retrocedido respecto del pico inflacionario de comienzos de 2024, sino que incluso se habría ubicado por debajo de los niveles de 2023. El organismo afirma que 2,3 millones de personas dejaron de ser pobres en zonas urbanas y que la tasa se redujo al 31,6 por ciento. Más aún, desde el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, se difundió que en el tercer trimestre de 2025 la pobreza habría caído hasta el 26,9 por ciento, una cifra que, de ser cierta, implicaría un vuelco social sin precedentes en un contexto de ajuste brutal.
Pero otros estudios, basados en registros oficiales de ingresos, cuentan una historia muy distinta. Un trabajo del Centro de Estudios Derecho al Futuro pone en cuestión la metodología que sostiene el relato oficial y advierte que las cifras del Indec podrían estar escondiendo a más de tres millones de personas pobres. El núcleo del problema no es menor ni técnico: se trata de una fuerte sobrevaloración de los ingresos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares frente a lo que muestran los datos administrativos de salarios y jubilaciones.
La comparación es reveladora. Para el Indec, entre el primer semestre de 2023 y el mismo período de 2025 la cantidad de personas pobres se habría reducido de casi 11,8 millones a alrededor de 9,5 millones. El descenso sería generalizado y alcanzaría incluso a los jubilados, presentados como los grandes beneficiados del nuevo esquema económico. Según la EPH, la pobreza en ese sector habría caído un 74 por ciento, una cifra que roza lo inverosímil en un contexto donde las jubilaciones mínimas perdieron poder adquisitivo y los bonos fueron congelados.
El dato que enciende todas las alarmas es el supuesto aumento real de los ingresos jubilatorios. La EPH registra una mejora cercana al 20 por ciento en términos reales entre 2023 y 2025. Sin embargo, los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino muestran exactamente lo contrario: incluyendo el bono, las jubilaciones cayeron un 15,5 por ciento en términos reales. La distancia entre ambas mediciones alcanza los 38 puntos porcentuales. No es un margen de error, es un abismo estadístico.
La situación se repite en el resto del mercado laboral. Según la EPH, los asalariados privados registrados habrían tenido una mejora real del 11,4 por ciento, los trabajadores públicos un 4,1 por ciento y los asalariados no registrados un 15,9 por ciento. Incluso los cuentapropistas, cada vez más numerosos en una economía precarizada, habrían visto crecer sus ingresos reales en un 26 por ciento. El cuadro que dibuja el Indec parece el de un país donde la motosierra no pasó por los bolsillos de nadie.
Pero cuando se miran los registros administrativos, la postal cambia de color. El salario promedio bruto del SIPA muestra un avance real de apenas el 1,2 por ciento en el mismo período. La diferencia entre lo que la gente dice ganar en las encuestas y lo que efectivamente figura en los registros oficiales no puede ser ignorada, sobre todo en un contexto de alta inflación, donde las respuestas suelen distorsionarse y los ingresos informales se vuelven difíciles de medir con precisión.
El informe del Cedaf no niega la utilidad de la EPH, pero advierte sobre sus límites. Al depender de declaraciones individuales, la encuesta es valiosa para captar sectores invisibles para el sistema formal, pero también es más propensa a inconsistencias. Si los ingresos están inflados, la pobreza medida a partir de esos datos también lo estará subestimada. La consecuencia es directa: una estadística optimista que no resiste el contraste con la realidad material.
Para poner a prueba esta hipótesis, el Cedaf realizó un ejercicio simple y contundente. Tomó los datos del primer semestre de 2023 y actualizó los ingresos utilizando exclusivamente la evolución observada en los registros administrativos, como los del SIPA. El resultado fue lapidario: lejos de reducirse, la pobreza aumentó alrededor de un 9 por ciento en cantidad de personas. En términos absolutos, en 2025 habría casi 12,8 millones de personas pobres, no 9,5 millones como sostiene el Indec.
Traducido a porcentajes, la pobreza ya estaría afectando al 44 por ciento de la población, tres puntos más que en 2023 y 12,5 puntos por encima del dato oficial. La desaceleración de la inflación, presentada por el Gobierno como un bálsamo social, deja de ser el truco estadístico que todo lo tapa. Cuando se ajustan los números a los ingresos reales, el deterioro social aparece sin maquillaje.
Esta divergencia explica por qué la pobreza se consolida como la principal preocupación social, incluso por encima de la inseguridad o el desempleo. La gente no vive en gráficos ni en conferencias de prensa; vive en un país donde los salarios no alcanzan, las jubilaciones se licúan y el ajuste golpea con fuerza a los sectores más vulnerables. Frente a ese escenario, el Gobierno de Milei elige negar el problema y refugiarse en estadísticas que, como mínimo, merecen una revisión profunda.
La crítica no es menor ni ideológica. Es metodológica, empírica y social. Inflar ingresos en las encuestas puede servir para construir un relato, pero no para resolver la pobreza. Y cuando la política se enamora de sus propios números y deja de escuchar lo que pasa en la calle, el resultado es una desconexión peligrosa entre el discurso oficial y la realidad de millones de personas.
Fuente:
https://www.pagina12.com.ar/
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