La creación de la llamada Oficina de Respuesta Oficial expone una estrategia de confrontación permanente con la prensa, el uso de fondos públicos para disciplinar voces incómodas y una peligrosa deriva autoritaria en nombre de la lucha contra las fake news. Mientras profundiza el ajuste, avanza sobre recursos estratégicos y reprime la protesta social, el gobierno de Javier Milei lanza una estructura digital destinada a señalar periodistas, instalar una verdad oficial y correr el eje del debate público.
El gobierno de Javier Milei decidió dar un nuevo paso en su escalada de confrontación con el periodismo y los sectores críticos al anunciar la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial, una cuenta en redes sociales presentada como una herramienta para “desmentir fake news” y “exponer operaciones de prensa”. Bajo una retórica que invoca la defensa de la verdad y la libertad de expresión, la iniciativa aparece como un intento burdo de construir un relato oficial blindado, financiar con recursos del Estado una maquinaria de hostigamiento digital y profundizar una lógica de disciplinamiento que ya se venía desplegando desde el inicio de la gestión libertaria.
El lanzamiento de esta oficina no ocurre en el vacío ni responde a una preocupación genuina por la calidad de la información pública. Llega en un contexto político cargado de tensiones, con un gobierno que enfrenta crecientes cuestionamientos por el impacto social del ajuste, la represión de la protesta, el vaciamiento de políticas públicas sensibles y la firma de acuerdos estratégicos que comprometen la soberanía nacional sobre recursos clave. En ese escenario, la creación de un dispositivo comunicacional confrontativo funciona como una cortina de humo destinada a tapar lo esencial con ruido, polémica y ataques personalizados.
La Oficina de Respuesta Oficial se presenta como una cuenta que “no busca censurar” sino sumar “una voz oficial” para combatir la desinformación. Sin embargo, desde su nacimiento exhibe un tono agresivo, acusatorio y profundamente político. El primer mensaje difundido dejó en claro el espíritu de la iniciativa: señalar medios, periodistas y dirigentes opositores, sin aportar información nueva ni datos verificables, y desde una posición de superioridad moral que se autopercibe como dueña de la verdad. La paradoja es evidente: un gobierno que acusa a otros de mentir se arroga la potestad de definir qué es verdad y qué no, desde una cuenta oficial financiada por el Estado.
La experiencia inaugural de la oficina deja al desnudo sus límites y peligros. El primer “desmentido” apuntó contra una nota periodística que denunciaba irregularidades en la gestión del Ministerio de Capital Humano. Lejos de aclarar la situación, la respuesta oficial fue rápidamente desmentida por el propio autor del artículo, quien ratificó sus datos y recordó que la información podía ser chequeada en portales públicos del Estado. El episodio no solo dejó mal parada a la flamante oficina, sino que evidenció que el problema no es la desinformación sino la incomodidad del poder frente al periodismo que investiga.
Algo similar ocurrió con el ataque a la legisladora Vanina Biassi y a los trabajadores del Hospital Garrahan. En nombre de combatir “mentiras”, la cuenta oficial reprodujo un mensaje que estigmatiza la organización gremial y separa artificialmente la defensa de derechos laborales del ejercicio profesional. La lógica es clara: quien protesta o denuncia pasa a ser enemigo, operador o mentiroso, y merece ser señalado públicamente desde el aparato estatal.
Detrás de esta ofensiva comunicacional hay nombres propios y disputas internas. La oficina quedó bajo la órbita de Juan Pablo Carreira, conocido en redes como Juan Doe, un tuitero libertario que durante la campaña se jactaba de no ocupar cargos públicos y que hoy dirige la comunicación digital de la Presidencia. Carreira responde al núcleo duro del asesor presidencial Santiago Caputo y es socio de un medio alineado con el oficialismo. La designación no es casual: se trata de alguien formado en la lógica del ataque digital, el escrache y la confrontación permanente, ahora con respaldo institucional.
La creación de esta cuenta también expuso las internas dentro del propio oficialismo. El área de comunicación, históricamente controlada por el entorno de Karina Milei y por el vocero Manuel Adorni, quedó desplazada por una iniciativa diseñada por el sector de Caputo. El cruce de mensajes, los silencios incómodos y las aclaraciones posteriores revelan un gobierno fragmentado, donde la “batalla cultural” se libra incluso puertas adentro, mientras el país enfrenta una crisis social profunda.
El modelo no es original ni novedoso. La estrategia de Milei replica experiencias de otras derechas contemporáneas que construyen enemigos internos para consolidar poder. Donald Trump, Jair Bolsonaro, Vox en España y Viktor Orbán en Hungría avanzaron sobre el periodismo con discursos similares: acusaciones de fake news, denuncias de conspiraciones mediáticas y un uso intensivo de redes sociales para comunicarse sin intermediarios. El objetivo es siempre el mismo: debilitar el rol de la prensa como control del poder y reemplazarlo por un vínculo directo, emocional y unilateral con la propia base política.
En el caso argentino, esta ofensiva adquiere un cariz particularmente preocupante. No solo por la virulencia del discurso presidencial, que incluye insultos reiterados hacia periodistas y expresiones de odio explícito, sino porque se da en simultáneo con iniciativas que buscan flexibilizar derechos laborales del sector, derogar el estatuto del periodista y recortar garantías básicas para el ejercicio profesional. La violencia simbólica se combina con violencia institucional y, en algunos casos, con violencia física en las calles.
Organizaciones periodísticas y de derechos humanos reaccionaron con rapidez ante el anuncio de la Oficina de Respuesta Oficial. Entidades como Adepa y Fopea advirtieron sobre el riesgo de que el Estado se transforme en un “tribunal de la verdad” y utilice recursos públicos para vigilar, señalar y disciplinar. Incluso voces provenientes de espacios políticos cercanos al oficialismo expresaron su rechazo a la idea de imponer una verdad oficial desde el aparato estatal. Las críticas no son ideológicas sino democráticas: el problema no es quién gobierna, sino qué concepción de la libertad de expresión se pone en juego.
La contradicción central del discurso oficial es evidente. Mientras se proclama defensor de la libertad, el gobierno impulsa una estructura diseñada para intimidar, desacreditar y condicionar a quienes informan. Mientras habla de transparencia, se niega a oficializar la creación de la oficina en el Boletín Oficial y no aclara el origen ni el destino de los fondos utilizados. Mientras acusa a otros de construir relatos, despliega una maquinaria de propaganda que busca blindar su versión de los hechos.
No es casual que esta ofensiva comunicacional se produzca en paralelo a decisiones estratégicas de enorme impacto, como la firma de acuerdos internacionales sobre minerales críticos que comprometen recursos naturales clave, o en medio de crisis ambientales y sociales que el gobierno no logra controlar. Cuando la realidad incomoda, el poder recurre al ruido. Cuando los datos contradicen el relato, aparece el ataque. Cuando el ajuste genera rechazo, se busca un enemigo externo al que culpar.
La historia ofrece advertencias claras. En la célebre novela 1984, George Orwell imaginó un Ministerio de la Verdad dedicado a reescribir el pasado y borrar hechos incómodos. No se trataba de informar, sino de controlar el pensamiento y garantizar la obediencia. Salvando las distancias, la lógica que subyace a la Oficina de Respuesta Oficial va en la misma dirección: no fortalecer el debate público, sino domesticarlo.
El periodismo crítico no es un obstáculo para la democracia, sino una de sus condiciones de posibilidad. Sin preguntas incómodas, sin investigaciones molestas, sin voces disonantes, el poder se vuelve opaco y autorreferencial. La creación de una estructura estatal para señalar periodistas no es un gesto de fortaleza, sino una señal de debilidad política. Un gobierno seguro de sus decisiones no necesita un ministerio informal de la verdad; le alcanza con hechos, datos y políticas que resistan el escrutinio público.
En un país con una historia marcada por la censura, la persecución y el silenciamiento, naturalizar este tipo de iniciativas implica correr un límite peligroso. La libertad de expresión no se defiende con trolls oficiales ni con cuentas intimidatorias, sino garantizando el derecho a informar y a ser informado, incluso —y sobre todo— cuando lo que se publica incomoda al poder.
Fuente:
https://www.pagina12.com.ar/2026/02/06/el-gobierno-tiene-su-ministerio-de-la-verdad-2/
https://www.perfil.com/noticias/politica/ministerio-de-la-verdad-el-gobierno-lanza-una-oficina-de-respuesta-oficial-contra-el-periodismo.phtml
https://www.laizquierdadiario.com/Con-la-tuya-el-gobierno-creo-su-Ministerio-de-la-Verdad-para-desmentir-operaciones-de-los-medios
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