Un decreto firmado en la noche instruyó a la Procuración del Tesoro a abandonar la querella en la causa que investiga el préstamo récord del FMI durante el macrismo, en una decisión que favorece directamente a Caputo y Sturzenegger y reabre interrogantes sobre la impunidad del endeudamiento.
Mientras la Justicia federal archivaba una de las investigaciones más sensibles de la historia reciente, el gobierno de Javier Milei avanzó en sincronía para retirar al Estado como parte acusadora en la causa del crédito del FMI, desactivando un proceso clave para esclarecer el destino de más de 44.500 millones de dólares.
La decisión del gobierno de Javier Milei de retirar al Estado nacional como querellante en la causa que investiga el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Mauricio Macri no es un gesto administrativo menor ni una formalidad técnica. Es un movimiento político de alto voltaje institucional que impacta de lleno en una de las investigaciones más sensibles de la democracia argentina, aquella que intenta dilucidar cómo, por qué y para quiénes se contrajo el préstamo más grande de la historia del FMI, cuyos dólares se evaporaron en medio de corridas cambiarias, fuga de capitales y colapso económico.
El decreto 87/26, firmado en la noche y publicado sin estridencias, instruyó a la Procuración del Tesoro a cesar su intervención como querellante particular en la causa 3561/2019, caratulada “Macri, Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta”. La medida llegó apenas 72 horas después de que la jueza federal María Eugenia Capuchetti dispusiera el archivo de la investigación, una resolución tan polémica que motivó la apelación inmediata del fiscal Franco Picardi. La sincronía entre ambas decisiones resulta tan llamativa como elocuente.
Capuchetti, magistrada designada durante el macrismo y con vínculos conocidos con dirigentes del PRO, sostuvo que no existió delito porque no había una norma que obligara al gobierno de Cambiemos a asignar un destino específico a los fondos del FMI. Bajo ese razonamiento, el uso de decenas de miles de millones de dólares para intervenir en el mercado cambiario y facilitar la salida de capitales no constituiría malversación ni administración fraudulenta. Esa lectura formalista, que reduce la cuestión a un vacío normativo, fue duramente cuestionada por el fiscal Picardi, quien denunció una evaluación “parcial, sesgada y superficial” del expediente, sin análisis integral del marco legal ni del conjunto de las pruebas reunidas.
Lejos de esperar el resultado de la apelación, el gobierno de Milei avanzó un paso más allá y retiró al Estado de la causa. Fuentes citadas señalaron que la medida no buscó proteger a Macri, sino a dos figuras clave del actual gabinete libertario: Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía, y Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación. Ambos fueron protagonistas centrales del esquema de endeudamiento y manejo de divisas durante el gobierno de Cambiemos y figuran entre los imputados en la investigación.
El giro resulta todavía más impactante si se recuerda que Milei, antes de llegar a la Casa Rosada, había sido uno de los críticos más feroces del préstamo tomado por Macri con el FMI, al que calificó como una bomba financiera y un acto de irresponsabilidad histórica. Ya en el poder, sin embargo, no solo ratificó el sendero de ajuste y subordinación al Fondo, sino que además desactivó una de las pocas vías institucionales que podían arrojar luz sobre aquel endeudamiento.
El núcleo de la causa judicial es conocido y está sólidamente documentado. La investigación se inició en marzo de 2021 a partir de una denuncia de la Oficina Anticorrupción, basada en informes de la Sindicatura General de la Nación. Allí se sostiene que el préstamo fue contraído vulnerando la Constitución Nacional, al no haber sido autorizado por el Congreso, tal como establecen los artículos 75 inciso 4 y 7. También se señala la violación de la Ley de Administración Financiera, la omisión de dictámenes técnicos y jurídicos, la falta de intervención previa del jefe de Gabinete y la ausencia de un análisis del impacto en la balanza de pagos por parte del Banco Central.
Pero el aspecto más grave, y políticamente más incómodo, es el destino real de los fondos. Según la acusación, lejos de fortalecer reservas o estabilizar la economía, las divisas del FMI se utilizaron como un gigantesco seguro de cambio para los grandes jugadores financieros que habían hecho fortunas con las Lebacs. Con tasas de interés que llegaron a superar el 70% anual, esos instrumentos permitieron una bicicleta financiera monumental: se entraba en pesos, se obtenían ganancias extraordinarias y luego se salía en dólares baratos, garantizados por el propio Estado. La Oficina Anticorrupción fue contundente al afirmar que las divisas se consumieron en la formación de activos externos, quebrantando el deber de probidad de los funcionarios.
El contexto económico en el que se tomó el préstamo refuerza la gravedad del caso. Cuando Macri asumió en 2015, la deuda externa representaba apenas el 14% del PBI. Para 2019, había trepado al 40%, con un incremento nominal del 163%. Cerca de la mitad de ese aumento se explica por el crédito del FMI. El resultado fue una economía devastada: recesión, inflación descontrolada, caída del salario real, destrucción de empleo y un salto brutal de la pobreza y la indigencia. Lejos de evitar una crisis, el préstamo la profundizó.
A esto se suma un elemento geopolítico clave: en 2020, Mauricio Claver, funcionario de alto rango del gobierno de Donald Trump para América Latina, reconoció que el crédito fue concedido por razones políticas, pese a la oposición de varios países europeos. El objetivo era sostener al gobierno de Cambiemos y evitar su derrota electoral en 2019. Es decir, un préstamo excepcional no solo por su magnitud, sino también por su motivación, lo que refuerza la hipótesis de irregularidades y abuso de poder.
Frente a este cuadro, la decisión de Milei de retirar al Estado como querellante no puede leerse como un acto de neutralidad institucional. Es, en los hechos, un gesto de alineamiento con los responsables del endeudamiento y una señal clara de que el actual gobierno no tiene ningún interés en que se investigue a fondo el FMIgate. Al contrario, parece decidido a clausurar cualquier intento de rendición de cuentas y a consolidar una narrativa según la cual el endeudamiento fue inevitable y su investigación, irrelevante.
La apelación del fiscal Picardi mantiene viva, al menos por ahora, la posibilidad de que la causa no quede definitivamente sepultada. En su escrito, el fiscal advierte que la investigación buscaba esclarecer la existencia de un esquema defraudatorio entre funcionarios del Poder Ejecutivo, el Banco Central y actores del sector privado, en perjuicio del erario público. También subraya que la resolución de Capuchetti fragmenta artificialmente los hechos para evitar una comprensión integral del proceso de endeudamiento y fuga.
En un país que aún carga con las consecuencias sociales y económicas de aquella decisión, y que enfrenta vencimientos por decenas de miles de millones de dólares, la pregunta de fondo sigue sin respuesta: quiénes se beneficiaron, quiénes decidieron y quiénes pagarán. La retirada del Estado de la causa no aporta claridad, sino todo lo contrario. Profundiza la sospecha de impunidad y consolida la idea de que, bajo el actual gobierno, el pasado reciente no se investiga: se protege.
Fuente:
https://www.lapoliticaonline.com/politica/escandalo-en-la-justicia-milei-retiro-al-estado-de-la-causa-del-credito-del-fmi-a-macri-para-favorecer-a-caputo-y-sturzenegger-4564/
https://es.wikipedia.org/wiki/FMIgate
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