Delegados de ATE aseguran que el Gobierno busca “amedrentar a los trabajadores” tras una resolución que impulsa cesantías y suspensiones en el principal hospital pediátrico del país
Gerardo Oroz, delegado de ATE en el Garrahan, afirmó en AM 530 que 11 trabajadores fueron despedidos —9 de ellos con fueros sindicales— y más de 30 recibieron suspensiones. Sostuvo que el ajuste es “integral” y que la única garantía es la movilización.
El conflicto en el Hospital Garrahan vuelve a escalar y lo hace en un clima que mezcla tensión sindical, incertidumbre jurídica y un trasfondo político imposible de ignorar. Según denunció Gerardo Oroz, delegado de ATE en el hospital, el Gobierno avanzó con una resolución para impulsar despidos y suspensiones que afectan directamente a trabajadores que estuvieron al frente de la lucha del año pasado. La acusación es directa, sin eufemismos: se trata de una maniobra para amedrentar y disciplinar.
Oroz relató en AM 530 que la decisión oficial alcanzó a 11 trabajadores, de los cuales 9 son delegados sindicales, además de más de 30 suspensiones. El dato no es menor. Nueve de los once despedidos cuentan con fueros sindicales, lo que implica que, según el propio delegado, debería existir previamente un juicio de desafuero para poder concretar la cesantía. Sin ese paso judicial, la medida quedaría en una zona gris que roza la ilegalidad. Desde su perspectiva, “desde el punto de vista de la justicia formal esto no tendría ningún asidero”, aunque advirtió que la Justicia “responde a intereses políticos”. La frase, fuerte y provocadora, resume el clima de desconfianza institucional que atraviesa el conflicto.
La modalidad en que los trabajadores se enteraron de la medida agrega otro condimento explosivo. “Nos enteramos por un tweet de Adorni”, afirmó Oroz. La escena parece salida de un manual de la nueva política comunicacional: decisiones de alto impacto difundidas primero en redes sociales, antes que en canales administrativos formales. En un hospital de referencia nacional, donde se atienden patologías de altísima complejidad y cada decisión impacta en la calidad de atención, la comunicación vía redes sociales no es un detalle menor; es, en sí misma, un mensaje.
El delegado sostiene que existe un “secreto de sumario” y que la resolución llegó a una instancia en la que se instruye a la dirección para ejecutar los despidos. Sin embargo, según su versión, el Gobierno publicó directamente la decisión. La sensación que transmiten sus palabras es la de un proceso acelerado, con tiempos políticos que parecen imponerse sobre los procedimientos administrativos habituales. En ese contexto, la palabra “amedrentar” aparece como eje central de la denuncia. No se trataría solo de recortar personal, sino de enviar una señal al conjunto de los trabajadores: el que se organiza, paga.
El Hospital Garrahan no es un establecimiento cualquiera. Es un centro pediátrico de alta complejidad que requiere equipos interdisciplinarios consolidados y profesionales altamente especializados. Oroz advirtió que el hospital “ha perdido muchos médicos, farmacéuticos y técnicos que son fundamentales para el desarrollo del hospital” y que quienes se fueron no tuvieron reemplazo, incluso después de haber conseguido un aumento salarial importante. Esa combinación —mejora salarial sin reposición de personal— revela, según el delegado, que el plan de ajuste “es mucho más integral que el tema salarial”. En otras palabras, el conflicto excede la discusión paritaria y se inscribe en una política más amplia de reducción del Estado.
El Gobierno de Javier Milei ha hecho del ajuste un emblema discursivo y programático. Bajo la bandera de la eficiencia y la reducción del gasto público, se impulsan recortes que, en la práctica, impactan en áreas sensibles como la salud. La pregunta que subyace es si un hospital pediátrico de referencia puede sostener su estándar de calidad con menos personal y con un clima interno atravesado por despidos y suspensiones. No se trata solo de números en una planilla Excel; detrás de cada puesto hay trayectorias, especializaciones y años de formación.
Frente a esta situación, los trabajadores no optaron por el silencio. Oroz informó que se realizó una convocatoria en el hospital y que se está desarrollando un Cabildo con participación de numerosas organizaciones. La palabra “Cabildo” no es casual; evoca deliberación colectiva, debate abierto, una forma de organización que trasciende la estructura sindical tradicional. El mensaje es claro: la respuesta será política y colectiva. “Vamos a impulsar el paro y la movilización”, adelantó el delegado, convencido de que “la garantía para enfrentar esta situación es la lucha activa con movilizaciones”.
El conflicto, sin embargo, no puede analizarse en blanco y negro. El Gobierno podría argumentar la necesidad de ordenar estructuras, revisar procedimientos o corregir irregularidades. Pero cuando los despedidos son mayoritariamente delegados sindicales con fueros, la sospecha de persecución adquiere densidad. El propio Oroz vincula las cesantías con la lucha del año pasado, sugiriendo que existe una voluntad de castigo. La línea que separa la reorganización administrativa de la represalia política es fina y requiere transparencia absoluta para no cruzarse.
En un contexto de ajuste generalizado, donde distintas áreas del Estado enfrentan recortes, el caso del Garrahan adquiere un valor simbólico. La salud pública, especialmente la pediátrica, tiene una carga emocional y social que la convierte en terreno sensible. Cualquier decisión que afecte su funcionamiento despierta alarma. Y cuando la información llega por un tweet, el desconcierto se multiplica.
La estrategia oficial parece apoyarse en la idea de que el costo político del ajuste es asumible frente a la promesa de equilibrio fiscal. Pero la tensión social acumulada puede transformar conflictos sectoriales en debates de mayor alcance sobre el modelo de Estado. El relato de Oroz apunta en esa dirección: no es solo un problema del hospital, sino parte de un “plan de ajuste” más amplio. Si esa interpretación se consolida en la opinión pública, el conflicto podría trascender los pasillos del Garrahan.
Por ahora, lo concreto es que hay 11 despidos anunciados, 9 de ellos sobre delegados con fueros, más de 30 suspensiones y un paro en ciernes. Hay también un Cabildo en marcha y un clima de movilización creciente. Y hay, sobre todo, una pregunta que atraviesa todo el escenario: ¿se trata de una medida administrativa legítima o de un mensaje disciplinador hacia quienes encabezaron la resistencia sindical?
La respuesta no es simple y exige análisis riguroso. Pero lo que sí parece evidente es que el conflicto en el Hospital Garrahan se inscribe en una disputa más profunda sobre el rol del Estado, los límites del ajuste y el lugar de la organización sindical en la Argentina actual. En ese cruce de caminos, la salud pública queda en el centro de la escena, expuesta a decisiones que no son neutras y que tienen consecuencias concretas en la vida de miles de niños y familias.
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