La confirmación del paro de trenes vuelve a poner en primer plano el derrumbe del poder adquisitivo y la estrategia oficial de ajuste permanente sobre los trabajadores. El titular de La Fraternidad aseguró que desde la asunción de Javier Milei los ferroviarios perdieron más de la mitad de su salario real y denunció una política de aumentos irrisorios que empuja al conflicto y paraliza el transporte público
El paro de trenes confirmado por Omar Maturano no es un hecho aislado ni un simple capítulo más del habitual conflicto paritario argentino. Es, en realidad, una radiografía brutal del modelo económico que Javier Milei decidió aplicar desde el primer día de su gestión, un esquema de ajuste que descarga todo su peso sobre los salarios mientras protege, con precisión quirúrgica, otras variables del poder económico. Cuando el titular del gremio La Fraternidad afirma que desde la llegada del actual gobierno los trabajadores ferroviarios perdieron el 60 por ciento del salario de bolsillo, no está exagerando ni utilizando una consigna grandilocuente: está describiendo una situación de saqueo sostenido del ingreso real.
La frase de Maturano es tan directa como incómoda para el oficialismo. “Desde que asumió el Gobierno nos adeudan el 60 por ciento del salario”, dijo sin rodeos, y agregó un dato aún más concreto: desde marzo de 2025 el atraso acumulado es del 18 por ciento. No se trata de una discusión técnica ni de una diferencia de interpretaciones estadísticas. Es plata que no está, comida que no se compra, alquileres que se vuelven impagables y deudas que se acumulan mes a mes. Frente a ese escenario, la oferta oficial resulta casi una provocación: 2 por ciento para diciembre, 1,3 para enero y febrero y 1,2 para marzo. Migajas en un contexto de licuación brutal del ingreso.
El conflicto ferroviario desnuda una lógica que se repite en toda la política salarial del gobierno de Milei. Aumentos simbólicos, muy por debajo de la inflación real, presentados como gestos de “responsabilidad fiscal”, mientras el poder adquisitivo se derrumba sin freno. La narrativa libertaria insiste en que no hay plata, pero la pregunta que empieza a recorrer los andenes, las estaciones y los hogares de los trabajadores es siempre la misma: no hay plata, ¿para quién? Porque el ajuste no se distribuye de manera equitativa, sino que se concentra sobre los mismos sectores de siempre.
La confirmación del paro de trenes para cinco líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires es la consecuencia lógica de una negociación que fracasó en la Secretaría de Transporte. Allí, gobierno y gremio no lograron acercar posiciones, básicamente porque las propuestas oficiales no reconocen la magnitud del deterioro salarial. El mensaje implícito es claro: resignación o conflicto. Y cuando un trabajador siente que su salario se evapora, el conflicto deja de ser una opción y se convierte en una necesidad.
Maturano, lejos de mostrarse intransigente, dejó abierta la posibilidad de diálogo. Dijo que si el gobierno accede a lo que el gremio plantea, la medida puede suspenderse o postergarse. Esa frase revela algo que el relato oficial suele ocultar: no hay una voluntad sindical de paralizar el país por capricho, sino un intento desesperado de frenar una caída que ya alcanzó niveles históricos. Sin embargo, el margen para negociar se achica cuando la política económica se construye sobre la premisa de que el salario debe ser la variable de ajuste.
La amenaza de una conciliación obligatoria sobrevuela el conflicto como una herramienta más del Estado para disciplinar a los trabajadores. No sería la primera vez que el gobierno recurre a ese mecanismo para ganar tiempo y desactivar medidas de fuerza sin resolver el problema de fondo. Pero incluso esa estrategia tiene límites. Obligar a trabajar con salarios pulverizados no soluciona el conflicto: lo patea hacia adelante y lo agrava.
El paro ferroviario también pone en discusión el modelo de transporte que se está gestando bajo la gestión Milei. En notas relacionadas, el propio Maturano sugirió que el desfinanciamiento del servicio no es un error sino una estrategia deliberada para deteriorar el sistema y abaratar su precio de venta. La hipótesis no es descabellada. Un servicio público degradado, con trabajadores empobrecidos y usuarios castigados, se vuelve más fácil de justificar como candidato a privatización o concesión. En ese esquema, el salario no es un derecho a proteger sino un costo a reducir.
El conflicto de La Fraternidad se inscribe además en un clima generalizado de malestar sindical. La pérdida salarial no afecta solo a los ferroviarios. Otros gremios, como los nodocentes universitarios, los estatales y distintos sectores industriales, vienen denunciando caídas de entre el 30 y el 60 por ciento del poder adquisitivo desde la asunción de Milei. La diferencia es que el paro de trenes tiene un impacto inmediato y visible, lo que lo convierte en un termómetro social difícil de ignorar.
Mientras el gobierno insiste en mostrar números macroeconómicos y discursos de sacrificio, la realidad cotidiana de los trabajadores desarma ese relato. No hay épica del ajuste cuando el sueldo no alcanza. No hay paciencia infinita cuando las paritarias se convierten en un simulacro. Y no hay consenso posible cuando el Estado ofrece porcentajes que no cubren ni una fracción de la inflación acumulada.
La confirmación del paro no es, entonces, un acto aislado ni una jugada táctica. Es una señal política fuerte que interpela directamente al gobierno de Javier Milei. Le recuerda que detrás de cada variable económica hay personas, familias y trayectorias laborales que no pueden sostenerse con aumentos simbólicos. Le advierte, además, que la conflictividad social no desaparece por decreto ni por consignas libertarias, sino que se alimenta de decisiones concretas.
El conflicto ferroviario también pone en evidencia una contradicción central del discurso oficial. Mientras se habla de libertad y mercado, se pretende disciplinar el salario mediante topes y acuerdos a la baja. Mientras se promete eficiencia, se deteriora un servicio esencial. Y mientras se acusa a los gremios de obstaculizar el progreso, se ignora que sin trabajadores con salarios dignos no hay sistema que funcione.
Maturano, con su declaración, no solo confirmó un paro. Expuso una deuda política y social del gobierno con los trabajadores. Una deuda que no se salda con porcentajes mínimos ni con amenazas de conciliación obligatoria. Se salda reconociendo la pérdida real del salario y cambiando una política económica que, hasta ahora, solo ha demostrado una cosa: que el ajuste siempre cae del mismo lado.
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