Hospital Garrahan: despidos, contratos basura y una política de ajuste que pone en riesgo la guardia pediátrica. La rescisión de 70 contratos de profesionales esenciales expone el avance de la precarización laboral en el principal hospital pediátrico del país y se inscribe en una estrategia más amplia del gobierno de Javier Milei para disciplinar a los trabajadores de la salud
La denuncia de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan revela una decisión administrativa que va mucho más allá de un recorte puntual: contratos dados de baja, condiciones laborales modificadas de forma unilateral y un clima de persecución que amenaza el funcionamiento de la guardia médica y el derecho a la salud.
El conflicto desatado en el Hospital Garrahan no es un hecho aislado ni una anécdota burocrática. La rescisión de 70 contratos de profesionales que cumplen funciones esenciales en la guardia médica constituye un episodio paradigmático de la política de ajuste y precarización que el gobierno de Javier Milei viene desplegando sobre el sistema público de salud. Lo que se presenta como una decisión administrativa o una “revisión de contratos” es, en los hechos, una avanzada directa contra trabajadores que sostienen cotidianamente uno de los hospitales pediátricos más importantes de América Latina.
La denuncia fue realizada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del hospital, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, que alertó sobre la gravedad de la medida y confirmó la convocatoria a un Cabildo Abierto para el miércoles 4 de febrero, con el objetivo de organizar una respuesta unitaria frente a la precarización laboral y otras reformas impulsadas por el gobierno nacional que afectan derechos conquistados. El dato duro es contundente: 70 profesionales, entre médicos, kinesiólogos, bioquímicos y otras especialidades, se quedaron sin contrato. El dato político es aún más inquietante: muchos de ellos llevaban más de una década, incluso 15 años, cubriendo cargos esenciales bajo contratos temporarios del Estado.
La secretaria general de la APyT, Norma Lezana, fue clara al describir la maniobra. Por orden de la dirección médica a cargo del interventor del hospital, Mariano Pirozzo, se informó a estos trabajadores que sus contratos habían sido rescindidos el 31 de diciembre. No solo eso: para poder cobrar lo trabajado durante enero, se les exigió firmar contratos de locación de servicios, una figura que transforma de manera radical las condiciones laborales, elimina derechos básicos y consagra la precarización como norma. No hubo negociación, no hubo diálogo, no hubo margen. Fue una decisión unilateral, tomada desde arriba, con el frío lenguaje administrativo que suele ocultar consecuencias humanas muy concretas.
El mensaje implícito es brutal. Profesionales altamente calificados, indispensables para el funcionamiento de la guardia médica, pasan de un día para otro a ser tratados como prestadores descartables. El Estado, que debería garantizar estabilidad y condiciones dignas en un hospital público, se convierte en el principal agente de la informalidad laboral. En nombre del ajuste, se naturaliza lo que en cualquier otro discurso oficial se condena: el empleo basura, la incertidumbre permanente, la negación de derechos elementales.
Este episodio no puede leerse de manera aislada. Se suma a los 44 trabajadores del Garrahan que fueron sumariados por reclamar salarios dignos, una práctica que remite más a la lógica del castigo que a la del diálogo social. También se inscribe en decisiones como el cierre del jardín maternal del hospital durante enero y febrero, que dejó a 45 niños y niñas sin su espacio de cuidado y a sus familias frente a un problema concreto e inmediato. La señal es coherente: disciplinar, fragmentar, debilitar. En otras palabras, gobernar mediante el miedo y la precariedad.
Durante todo 2025, recordó Lezana, fueron muchos los que defendieron “lo esencial, eso que no se puede resignar”. En ese camino, se lograron leyes para proteger la discapacidad y la universidad pública, y el Garrahan se sostuvo gracias a la fuerza de sus trabajadores y a una enorme solidaridad social. Esa experiencia dejó una enseñanza que hoy vuelve a cobrar sentido: nadie se salva solo. El hospital no es una isla y su destino está ligado al del conjunto de la sociedad.
La convocatoria al Cabildo Abierto del 4 de febrero no es un gesto testimonial. Está pensada como un espacio de organización amplia, “en la diversidad”, para articular una respuesta frente a un paquete de reformas que incluye la Reforma Laboral, la Ley de Glaciares y otras iniciativas del Ejecutivo que avanzan sobre derechos laborales, ambientales y sociales. La precarización en el Garrahan aparece así como un laboratorio, un ensayo general de lo que el gobierno pretende extender al resto del Estado y, por derrame, al sector privado.
Desde una perspectiva más amplia, la situación del Garrahan expone una contradicción central del discurso libertario. Mientras se proclama la eficiencia, la libertad y la meritocracia, se desmantelan equipos de trabajo formados durante años, se rompen vínculos laborales estables y se pone en riesgo la continuidad de servicios críticos. La guardia médica no es un lujo ni un gasto superfluo. Es la primera línea de atención para niños y niñas con patologías complejas, para familias que no tienen otra alternativa en el sistema privado. Ajustar ahí no es solo una decisión económica: es una definición política con consecuencias sanitarias.
La incertidumbre que atraviesa hoy a los profesionales despedidos no es menor. ¿Cómo se sostiene una guardia con personal rotado, sin estabilidad, sin derechos básicos? ¿Qué impacto tiene en la calidad de la atención, en la formación de equipos, en la capacidad de respuesta ante emergencias? Son preguntas que el gobierno evita responder, refugiado en planillas y resoluciones administrativas. Pero la salud pública no se mide solo en números: se mide en tiempo, en experiencia, en confianza.
El caso del Garrahan también desnuda una paradoja incómoda. Durante años, el Estado toleró e incluso fomentó la figura del contrato temporario prolongado, una forma de precarización estructural que ahora utiliza como excusa para avanzar en despidos masivos. Trabajadores que sostuvieron el hospital durante una década o más son presentados de repente como “contratos prescindibles”. El problema no es solo la rescisión actual, sino la lógica que la precede y la legitima.
En este contexto, la reacción de los trabajadores y la convocatoria a un Cabildo Abierto aparecen como una respuesta política y social a un modelo que reduce derechos y mercantiliza lo esencial. No se trata únicamente de defender 70 puestos de trabajo, aunque eso ya sería razón suficiente. Se trata de discutir qué tipo de sistema de salud se quiere, qué rol debe cumplir el Estado y qué lugar ocupan quienes todos los días sostienen hospitales públicos en condiciones cada vez más adversas.
La denuncia de la APyT pone sobre la mesa una verdad incómoda para el gobierno de Milei: el ajuste no es abstracto ni neutral. Tiene nombres, rostros y consecuencias concretas. En el Garrahan, esas consecuencias se traducen en guardias más frágiles, en trabajadores precarizados y en una amenaza directa al derecho a la salud de miles de niños y niñas. Ignorar esto no es solo una decisión política; es una forma de desentenderse de lo esencial.
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