Bullrich negocia con el “grupo de los 44” para aprobar la reforma laboral de Milei en el Senado. Con concesiones fiscales, presión a los gobernadores y un poroteo fino artículo por artículo, el oficialismo intenta imponer una reforma que debilita derechos laborales y tensiona las finanzas provinciales. La jefa del bloque oficialista busca cerrar acuerdos con los bloques dialoguistas para aprobar una reforma laboral que reduce Ganancias, recorta aportes patronales y crea un fondo de despidos financiado con recursos previsionales, en el corazón del programa económico del Gobierno.
La escena es conocida, aunque el guion tenga nombres nuevos. En el Senado, la aritmética manda y el poder ejecutivo empuja. Este martes, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, encabeza una reunión clave con el denominado “grupo de los 44”, la mayoría circunstancial que el oficialismo ya utilizó para aprobar el Presupuesto y que ahora intenta reactivar para avanzar con la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. No se trata de un trámite parlamentario más: es el corazón de un proyecto económico que promete empleo mientras recorta ingresos fiscales, debilita la negociación colectiva y traslada costos al sistema previsional.
El encuentro, previsto en las oficinas del bloque radical, llega con una agenda cargada de tensiones. Las diferencias con los bloques dialoguistas no son menores y están concentradas en tres ejes que definen el alcance real de la reforma: la rebaja del Impuesto a las Ganancias para empresas, la creación del Fondo de Asistencia Laboral para cubrir indemnizaciones y la vigencia de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. Detrás de cada punto hay intereses cruzados, números finos y una disputa política que excede largamente el discurso oficial de “modernización” y “empleo registrado”.
El oficialismo llega con una certeza y una preocupación. La certeza es que cuenta con los votos para aprobar la ley en general. La preocupación, mucho más concreta, es que cada artículo central resista el voto en particular. En otras palabras, que la ley no se desarme en el recinto. Por eso Bullrich decidió negociar hasta el último minuto, con una premisa clara: que no se caiga ningún artículo estructural. La estrategia es pragmática y descarnada, basada en un poroteo exhaustivo y en la promesa de respuestas del Gobierno a los pedidos que, en muchos casos, llegan de boca de los propios gobernadores.
El “grupo de los 44” no es un bloque homogéneo ni una coalición programática. Es una construcción circunstancial, ensamblada con radicales, PRO y fuerzas provinciales, que ya demostró ser funcional al oficialismo cuando se trata de leyes clave. En la mesa estarán, entre otros, el radical Eduardo Vischi, Luis Juez por el Frente Cívico, Martín Goerling Lara del PRO, Flavia Royon por Primero Los Salteños, Carlos Arce del Frente Renovador de la Concordia, Edith Terenzi de Despierta Chubut, Beatriz Ávila por Independencia, Carlos “Camau” Espínola de Provincias Unidas y los senadores santacruceños José Carambia y Natalia Gadano. La Libertad Avanza, con apenas 21 legisladores propios, depende de ese entramado para alcanzar los 37 senadores necesarios para abrir la sesión y aprobar la norma.
El capítulo impositivo es, sin rodeos, el que más rispidez genera. La propuesta de reducir la alícuota del Impuesto a las Ganancias para las empresas, del 35% al 31,5%, golpea de lleno a las finanzas provinciales. Los gobernadores aliados advierten que esa rebaja implica una pérdida de alrededor de 3 billones de pesos para sus arcas. No es un número abstracto: son recursos que financian salud, educación, infraestructura y salarios. El Gobierno, consciente del conflicto, analiza variantes para compensar a las provincias, aunque sin compromisos claros ni certezas presupuestarias.
El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a defender la baja de Ganancias como un incentivo para generar empleo y aseguró que su impacto real se verá recién en 2027, con un costo fiscal estimado en 1,5 billones de pesos. El argumento suena prolijo en la teoría, pero deja interrogantes en la práctica. ¿Cómo se sostienen hoy las cuentas provinciales frente a una merma anunciada? ¿Qué ocurre si la prometida generación de empleo no compensa la pérdida de recaudación? La incertidumbre no es un detalle menor: es el telón de fondo de una negociación donde el ajuste aparece como dato estructural.
La tensión no se agota en Ganancias. La reforma también propone una rebaja de aportes patronales y cambios en impuestos internos a automóviles, embarcaciones, aviones y productos suntuarios. Cada uno de esos puntos impacta en cascada sobre el sistema previsional y la recaudación. El discurso oficial insiste en que se trata de estímulos para la inversión y el empleo, pero el costo inmediato recae sobre un Estado que ya muestra signos de fragilidad financiera y sobre provincias que reclaman previsibilidad.
En paralelo a las conversaciones en el Senado, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene un diálogo permanente con los gobernadores que rechazan la reducción de impuestos que afecten sus finanzas. Es una negociación de pinzas: mientras Bullrich ajusta votos en el Congreso, Santilli intenta contener el malestar territorial. El objetivo es el mismo: evitar fisuras que pongan en riesgo la aprobación de una reforma que el Gobierno considera emblemática.
Otro de los puntos más controvertidos es la creación del Fondo de Asistencia Laboral. Según la propuesta, las empresas aportarían el 3% de las contribuciones patronales que hoy van a la ANSES para solventar los despidos. En términos simples, se trata de un sistema que reemplaza la indemnización tradicional por un fondo financiado con recursos que hoy sostienen al sistema previsional. La discusión no es técnica, es política. El oficialismo argumenta que el sistema previsional se financia mayoritariamente con rentas generales y en menor medida con contribuciones patronales. Sin embargo, la reasignación de esos recursos no es neutra: debilita una fuente de financiamiento previsional para crear un mecanismo que abarata los despidos.
Ante las resistencias, el Gobierno negocia una concesión parcial: que el Fondo de Asistencia Laboral sea utilizado solo por las PYMES y no por las grandes empresas. La idea busca descomprimir críticas y sumar voluntades, pero no resuelve el problema de fondo. Incluso limitado a las pequeñas y medianas empresas, el esquema introduce una lógica que transforma el despido en un costo previsible y socializa el riesgo sobre un sistema ya tensionado.
El oficialismo presenta la reforma como una herramienta para generar empleo registrado. Es una promesa que se repite como mantra, aunque la experiencia histórica muestra que la flexibilización laboral no garantiza, por sí sola, más y mejor empleo. La discusión sobre la ultraactividad de los convenios colectivos, otro de los puntos en debate, apunta en la misma dirección: reducir la capacidad de negociación de los trabajadores y debilitar marcos de protección que costaron décadas de lucha sindical.
En este contexto, la reunión con el “grupo de los 44” aparece como un capítulo decisivo. No solo por los votos que están en juego, sino por lo que se pone en discusión. La reforma laboral de Milei no es una ley aislada: es parte de un programa económico que prioriza la baja de impuestos a las empresas, el recorte del gasto y la desregulación del mercado de trabajo. El costo social de ese rumbo es el gran ausente en el discurso oficial, pero atraviesa cada negociación, cada artículo y cada concesión de último momento.
El Senado se convierte así en el escenario donde se dirime algo más que una ley. Se discute el modelo de relaciones laborales, el rol del Estado y la distribución de los costos del ajuste. Bullrich busca sellar apoyos, los gobernadores reclaman compensaciones y el Gobierno apuesta a que la aritmética parlamentaria le permita avanzar. La incertidumbre persiste y el margen de maniobra se achica. Lo que está claro es que, detrás del lenguaje técnico y los acuerdos de pasillo, la reforma laboral de Milei redefine derechos y responsabilidades en un país que ya conoce los efectos de las promesas de derrame.
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