La denuncia penal presentada en Tres Arroyos por el uso proselitista del padrón de la Agencia Nacional de Discapacidad revela algo más profundo que una irregularidad electoral: exhibe una lógica de poder que combina ajuste, crueldad social y apropiación política de información sensible bajo el paraguas del gobierno de Javier Milei.
Hay escándalos que no sorprenden por lo inesperado, sino por lo obscenos. El uso presuntamente proselitista del padrón de la Agencia Nacional de Discapacidad no irrumpe como una anomalía dentro del universo libertario, sino como la confirmación brutal de un método. Mientras el gobierno nacional somete a auditorías masivas a personas con discapacidad, poniendo en riesgo su subsistencia, dirigentes de La Libertad Avanza habrían utilizado esos mismos datos sensibles para “hacer territorio” en plena campaña electoral. El contraste no es solo político: es ético, humano y profundamente perturbador.
La denuncia penal presentada por el Municipio de Tres Arroyos marca un punto de inflexión. Ya no se trata únicamente de versiones periodísticas o filtraciones incómodas, sino de una investigación judicial que apunta a una posible comisión de delitos vinculados al acceso ilegítimo y a la revelación indebida de datos personales. En el centro de la escena aparece la concejala bahiense Franca Grippo Harrington, referente libertaria en la Sexta Sección Electoral y figura estrechamente ligada al armado político de Sebastián Pareja en el sur bonaerense.
Los hechos denunciados no dejan demasiado margen para la ambigüedad. Capturas de un grupo de WhatsApp de dirigentes libertarios muestran a Grippo Harrington afirmando, con entusiasmo, que disponía del padrón completo del programa Incluir Salud, dividido localidad por localidad, listo para ser utilizado con fines territoriales. No se trataba de un rumor ni de una suposición: la propia dirigente reconocía que se trataba de información reservada, entregada en papel y destinada a circular de mano en mano para evitar filtraciones. La conciencia de la ilegalidad no aparece como un freno, sino como una precaución logística.
El programa Incluir Salud depende de la Agencia Nacional de Discapacidad y está destinado a personas que perciben pensiones por discapacidad, es decir, a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Que esa base de datos haya sido utilizada —o al menos puesta a disposición— con fines proselitistas expone una degradación alarmante del uso de la información estatal. No se trata solo de una campaña sucia: es la instrumentalización de la fragilidad ajena como herramienta política.
La denuncia fue impulsada por funcionarios municipales de Tres Arroyos, entre ellos Andrea Elgart, coordinadora del Área de Discapacidad, y Martín Garate, secretario de Desarrollo Social. Ambos aportaron el material a la Justicia y pidieron que se investigue la posible comisión de delitos. Pero más allá de la letra penal, sus testimonios revelan un contexto todavía más grave. Mientras esos chats circulaban entre dirigentes libertarios, más de mil personas con discapacidad en la Sexta Sección eran sometidas a auditorías nacionales que ponían en riesgo la continuidad de sus pensiones. Personas obligadas a demostrar, una vez más, que su discapacidad existe, que su derecho no es un privilegio, que su subsistencia no es negociable.
La contradicción es obscena: el mismo Estado que persigue, audita y recorta es el que, a través de operadores políticos, habría facilitado datos sensibles para captar votos. El mismo gobierno que habla de eficiencia y meritocracia es el que tolera —cuando no promueve— prácticas que rozan el clientelismo más descarnado. En palabras de Elgart, mientras miles de personas luchaban por no perder 300 mil pesos esenciales para vivir, otros distribuían sus datos para sumar adhesiones políticas.
Este episodio no puede leerse de manera aislada. Grippo Harrington no es una figura marginal dentro del esquema libertario. Fue responsable de oficinas de PAMI, mantiene influencia sobre delegaciones de ANSES en la región y responde directamente al armado de Sebastián Pareja. En su trayectoria confluyen poder político, vínculos con la Sociedad Rural Argentina y una inserción territorial construida sobre estructuras estatales que hoy, bajo el discurso libertario, son vaciadas y degradadas.
La denuncia también pone en evidencia otro elemento inquietante: el control de organismos sensibles del Estado por parte de dirigentes partidarios. Desde 2024, se multiplicaron las quejas por el cierre de delegaciones y la deficiente atención en PAMI y ANSES en Bahía Blanca y la región. En ese contexto, las filtraciones muestran a Grippo proponiendo “colar gente” en ANSES a través de una empresa tercerizada, como si el Estado fuera una bolsa de trabajo partidaria y no una herramienta de garantía de derechos.
El silencio posterior de la dirigente denunciada no hace más que agravar la situación. Consultada por la prensa, no dio explicaciones. Tampoco hubo, hasta el momento, una respuesta contundente del espacio libertario ni del gobierno nacional. El mutismo contrasta con la verborragia habitual del presidente Javier Milei cuando se trata de atacar a opositores, estigmatizar a sectores vulnerables o denunciar supuestos curros. Aquí, donde el olor a irregularidad es fuerte y persistente, el discurso anticasta se evapora.
La posible derivación de la causa al fuero federal abre un escenario todavía más delicado. No se trata de datos municipales ni provinciales, sino de una base de datos nacional. Si se comprueba que información de la Andis fue utilizada con fines políticos, el escándalo excede largamente a una concejala y compromete a todo un esquema de poder que mezcla ajuste social con oportunismo electoral.
En definitiva, el caso del padrón de la discapacidad desnuda una verdad incómoda del proyecto libertario. Detrás del relato de la libertad y la eficiencia, emerge una práctica vieja, rancia y profundamente desigual: usar al Estado cuando conviene, desmantelarlo cuando molesta y pisotear derechos cuando estorban. Las personas con discapacidad, convertidas en variable de ajuste y en botín político, pagan el precio más alto de una gestión que confunde crueldad con coraje y cinismo con convicción.
Fuente:
https://www.lapoliticaonline.com/provincia/denuncia-penal-contra-la-armadora-de-pareja-que-uso-datos-de-personas-con-discapacidad-para-la-campana/
https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/una-concejala-de-la-libertad-avanza-denunciada-en-la-justicia-por-utilizar-el-padron-de-la-andis-para-hacer-campana/
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