La salida de Luis Pierrini expone un esquema de subsidios bajo sospecha, la pasividad del Gobierno frente a denuncias técnicas y una gestión que promete “orden” mientras acumula escándalos, renuncias y descontrol en el transporte público.
La renuncia forzada del secretario de Transporte, Luis Pierrini, tras una denuncia por una presunta estafa millonaria con fondos de la SUBE, deja al desnudo las contradicciones del gobierno de Javier Milei: desregulación sin control, ajuste sin auditoría y un Estado que mira para otro lado hasta que el escándalo estalla.
El relato oficial intentó ser prolijo, casi burocrático. “Motivos personales”, dijo el comunicado frío del Ministerio de Economía. Pero detrás de esa frase gastada se esconde una trama mucho más espesa, incómoda y políticamente explosiva. Luis Pierrini no dejó la Secretaría de Transporte por cansancio, ni por una decisión íntima, ni por un replanteo existencial. Se fue porque una denuncia penal por una presunta estafa en subsidios al transporte, calculada en 30 mil millones de pesos, lo dejó sin margen, sin respaldo y sin relato posible.
La denuncia apunta a un mecanismo tan técnico como burdo: la manipulación de los datos del sistema SUBE para simular recorridos más largos de los realmente realizados por los colectivos. Un corrimiento artificial de validaciones, desde tramos cortos a tramos largos, que permitía inflar el monto de los subsidios percibidos por determinadas empresas sin que existiera un aumento real de pasajeros ni de kilómetros recorridos. En criollo: cobrarle al Estado por viajes que no existieron. Según la presentación judicial realizada por la Asociación Arco Social, el perjuicio alcanzaría los 3 mil millones de pesos mensuales, una sangría constante al Tesoro Nacional que se habría sostenido durante la gestión de Pierrini.
El foco de la denuncia recae sobre la empresa La Nueva Metropol, vinculada a la familia Zbikoski, aunque el alcance político del caso va mucho más allá de una firma en particular. Lo que queda bajo sospecha es el funcionamiento entero del sistema de subsidios al transporte automotor en el AMBA y, sobre todo, la responsabilidad del Estado en su control. Porque las advertencias existieron. Y no fueron rumores de pasillo ni chismes de redes sociales. En diciembre de 2025, cámaras empresarias del sector presentaron advertencias técnicas formales ante la Secretaría de Transporte. Señalaron inconsistencias, alertaron sobre maniobras irregulares y reclamaron auditorías. La respuesta fue el silencio.
Ese silencio es el verdadero hilo conductor de esta historia. Silencio ante las advertencias técnicas. Silencio ante las denuncias cruzadas entre empresas. Silencio ante el deterioro del servicio. Silencio ante el desastre operativo de compañías como Flybondi, que en lo que va de enero canceló más de 200 vuelos sin que el Gobierno aplicara sanciones ejemplares. Silencio, en definitiva, como método de gestión.
Pierrini fue un funcionario de perfil bajísimo, casi invisible. No dio entrevistas, no explicó decisiones, no defendió políticas. Su paso por la Secretaría estuvo marcado por la firma de resoluciones alineadas con la desregulación del sector, una de las banderas ideológicas del gobierno de Javier Milei. Menos Estado, menos controles, más “libertad” para las empresas. El problema, claro, es que cuando el Estado se retira de la fiscalización, alguien ocupa ese lugar. Y no suele ser el interés público.
La llegada de Pierrini al gobierno también habla de la lógica interna del mileísmo. No venía del mundo del transporte, sino del negocio de los seguros. Era presidente de Triunfo Seguros y desembarcó en la gestión nacional de la mano de Juan Pazo, ex titular de ARCA, con quien compartía vínculos en ese sector. Una vez más, la improvisación disfrazada de tecnocracia: funcionarios sin experiencia específica en áreas sensibles, nombrados por afinidades personales o circuitos empresariales, no por idoneidad demostrada.
Cuando el escándalo se hizo inocultable, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, decidió cortar por lo sano. Con el aval de Karina Milei, Pierrini fue eyectado y reemplazado rápidamente por Fernando Herrmann, un arquitecto con trayectoria académica y privada, pero sin experiencia previa en transporte. El recambio intenta mostrar reacción y control, pero también refuerza una constante de esta gestión: funcionarios que entran y salen, áreas clave en permanente transición y una sensación de provisionalidad que ya se volvió estructural. A diciembre de 2025, el propio gobierno admitía más de 200 renuncias de funcionarios nacionales en poco más de dos años. Un récord poco envidiable.
El contexto no podría ser más delicado. El sistema de transporte del AMBA atraviesa una crisis profunda, con tensiones salariales, amenaza de paros por parte de la UTA, empresas enfrentadas entre sí y millones de usuarios rehenes de un servicio cada vez más precario. En ese escenario, la denuncia por una estafa millonaria no es un hecho aislado, sino el síntoma de un modelo que combina ajuste fiscal con descontrol operativo.
La defensa empresarial no tardó en llegar. Desde La Nueva Metropol negaron las maniobras y apuntaron contra el Grupo Dota, que controla cerca del 50% de los colectivos del AMBA, acusándolo de impulsar la denuncia en el marco de una disputa sectorial. Puede haber internas, operaciones cruzadas y luchas de poder, sin dudas. Pero nada de eso explica, ni justifica, la inacción del Estado frente a alertas técnicas documentadas. La responsabilidad por omisión funcional, como remarcó Arco Social, recae sobre las autoridades encargadas de supervisar, aprobar y ejecutar los subsidios, en particular el Ministerio de Economía.
Aquí aparece la contradicción central del discurso libertario. El gobierno de Javier Milei se presenta como el adalid de la transparencia, el enemigo jurado de la “casta” y el gestor implacable contra la corrupción. Sin embargo, cuando una denuncia concreta pone bajo sospecha el manejo de fondos públicos por decenas de miles de millones de pesos, la reacción no es preventiva ni proactiva, sino tardía y defensiva. Primero se deja correr, luego se minimiza y recién cuando el escándalo toma estado público se ejecuta una salida elegante, con comunicado y agradecimiento incluido.
La pregunta incómoda sigue flotando en el aire: ¿cuánto tiempo funcionó este esquema sin controles efectivos? ¿Cuántos recursos públicos se drenaron mientras el Gobierno predicaba el ajuste y recortaba en áreas sensibles? ¿Cuántos discursos sobre la eficiencia del mercado se construyeron sobre una estructura que, sin control estatal, habilitó prácticas presuntamente fraudulentas?
La caída de Pierrini no cierra el caso. Apenas lo abre. Porque el problema no es solo un funcionario que “no hizo nada”, sino un modelo de gestión que confunde desregulación con abandono, eficiencia con desinterés y libertad con impunidad. Y mientras el Gobierno insiste en vender orden y disciplina fiscal, la realidad del transporte público, los subsidios bajo sospecha y la cadena de renuncias cuentan otra historia. Una bastante menos épica y bastante más terrenal.
Fuente:
https://www.lapoliticaonline.com/politica/caputo-echo-al-secretario-de-transporte-tras-una-denuncia-por-corrupcion-en-subsidios-4079/
https://www.mdzol.com/politica/cambios-el-gobierno-renuncio-el-mendocino-luis-pierrini-como-secretario-transporte-y-asumira-fernando-herrmann-n1434147
https://www.pagina12.com.ar/2026/01/22/renuncio-el-secretario-de-transporte-de-la-nacion-y-el-gobierno-ya-definio-a-su-reemplazante/
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