Ushuaia bajo intervención: el puerto, la soberanía y la sombra de un acuerdo sellado en Davos
La intervención del puerto fueguino reaviva el temor a una cesión estratégica a Estados Unidos y expone una decisión política que va mucho más allá de una auditoría administrativa
La decisión del gobierno de Javier Milei de intervenir el puerto de Ushuaia por un año, quitarle su control a la provincia y suspender su habilitación abre un escenario inquietante: la posibilidad de que una infraestructura estratégica para la soberanía nacional quede subordinada a intereses militares y comerciales extranjeros, en el marco de un acercamiento explícito con Estados Unidos gestado en Davos.
El puerto de Ushuaia no es un muelle más en el mapa argentino. Es una pieza estratégica en el extremo sur del continente, puerta de entrada a la Antártida, nodo clave para el comercio marítimo, el turismo internacional y la logística del Atlántico Sur. Por eso, la decisión del gobierno nacional de intervenirlo administrativamente durante doce meses, suspender su habilitación y quitarle el control a la provincia de Tierra del Fuego no puede leerse como un mero acto técnico o burocrático. Mucho menos cuando esa intervención ocurre en paralelo con señales políticas explícitas enviadas por Javier Milei en Davos, donde el presidente ofreció el puerto para uso militar y comercial de los Estados Unidos.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, publicada en el Boletín Oficial, bajo el argumento de supuestas irregularidades financieras y fallas de infraestructura. Según la versión oficial, la provincia habría utilizado el superávit del puerto para financiar la obra social estatal OSEF, incumpliendo el convenio de transferencia que obliga a reinvertir los ingresos exclusivamente en la actividad portuaria. Además, una inspección técnica realizada en 2025 detectó deterioro estructural en los muelles, sistemas contra incendios obsoletos y un nivel de ejecución de obras de apenas el 1,3% del gasto total del ente provincial.
El problema no es solo qué se dice, sino cuándo, cómo y para qué se dice. Porque mientras el Gobierno justifica la intervención en nombre de la eficiencia, la seguridad operativa y la inversión pendiente, el propio presidente avanzó en Davos con una propuesta de cesión estratégica: ofrecer el puerto de Ushuaia a Donald Trump para uso militar y comercial, en lugar de aportar los mil millones de dólares necesarios para integrar la llamada “Junta de Paz”. No es un dato menor ni un detalle anecdótico. Es una señal política de enorme gravedad institucional.
La intervención implica que el Estado nacional pasa a controlar de manera directa la maquinaria, las instalaciones y la gestión de los fondos del puerto, con cumplimiento inmediato. Aunque la suspensión total de la habilitación fue diferida para no afectar la temporada de cruceros 2025-2026 ni el abastecimiento de la región, el corazón de la decisión ya está en marcha. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación solicitó, además, la colaboración técnica y de recursos de la Administración General de Puertos, consolidando una centralización que vacía de contenido la autonomía provincial.
Desde Tierra del Fuego, la respuesta no tardó en llegar. El gobernador Gustavo Melella denunció que “no existe una justificación objetiva” para una decisión de semejante magnitud y advirtió que el Gobierno nacional avanza sobre la administración de un recurso estratégico provincial. Más allá del diálogo que asegura mantener con el ministro del Interior, Diego Santilli, el planteo de fondo es político e institucional: se está sentando un precedente grave contra el federalismo argentino.
Porque si el criterio es que la Nación puede intervenir, suspender y apropiarse de infraestructuras provinciales cada vez que detecta desvíos financieros o déficits de inversión, el problema deja de ser Ushuaia y pasa a ser el modelo de país. En ese esquema, las provincias quedan reducidas a meros administradores precarios, siempre bajo la amenaza de una intervención discrecional desde Buenos Aires.
La complejidad del caso no puede negarse. Es cierto que existen obligaciones legales sobre el uso de los fondos portuarios. También es cierto que las falencias de infraestructura deben ser atendidas. Pero nada de eso explica por qué la solución elegida es la intervención total y no un plan de regularización consensuado. Nada de eso explica por qué, en paralelo, el presidente ofrece el puerto a una potencia extranjera para fines militares. Y nada de eso explica por qué la discusión sobre soberanía, defensa y control territorial brilla por su ausencia en el discurso oficial.
La sospecha que recorre Ushuaia y buena parte del país no surge de la nada. Surge de una secuencia política concreta: suspensión de la habilitación, intervención administrativa, desplazamiento de la provincia y, al mismo tiempo, gestos explícitos hacia Estados Unidos en un foro internacional donde la Argentina aparece más como oferente de activos estratégicos que como un Estado soberano defendiendo intereses propios.
El puerto de Ushuaia no es intercambiable. No puede ser tratado como una variable de ajuste ni como una ficha de negociación geopolítica. Su ubicación lo convierte en un enclave clave para el control del Atlántico Sur y la proyección antártica. Entregar su uso militar a fuerzas extranjeras, aun bajo el eufemismo de la cooperación o la paz, implica un retroceso histórico en términos de soberanía nacional.
La decisión del gobierno de Javier Milei se inscribe en una lógica más amplia: la de un Estado que se retira de sus funciones estratégicas, que desconfía de las provincias y que ve en la subordinación a potencias extranjeras una salida rápida a sus propios límites financieros y políticos. No es casual que esta intervención se produzca en un contexto de ajuste, recorte de inversión pública y búsqueda desesperada de respaldo internacional.
Reconocer la complejidad del tema no implica relativizar su gravedad. Al contrario. Justamente porque hay matices, responsabilidades compartidas y problemas reales de gestión, resulta aún más preocupante que la respuesta elegida sea la concentración de poder y la apertura a intereses externos. La soberanía no se defiende con discursos en Davos ni con resoluciones administrativas; se defiende con políticas públicas que fortalezcan el control nacional y respeten el federalismo.
Hoy, el temor que recorre Tierra del Fuego no es abstracto ni ideológico. Es concreto y fundado: que el puerto de Ushuaia deje de responder a intereses argentinos y pase a formar parte de una arquitectura militar y comercial diseñada fuera del país. Y cuando se juega con piezas estratégicas, las consecuencias suelen ser irreversibles.
Fuente:
.https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/el-gobierno-intervino-el-puerto-de-ushuaia/
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