La salida de Paul Starc de la Unidad de Información Financiera no fue un episodio aislado ni administrativo. Fue el resultado de una presión política directa para flexibilizar los controles antilavado en nombre de la “Inocencia Fiscal”, una ley clave del Gobierno de Javier Milei para tentar a los dólares del colchón, aun al costo de debilitar el sistema de prevención y exponer a la Argentina ante los organismos internacionales.
El desplazamiento de Paul Starc de la conducción de la Unidad de Información Financiera (UIF) marca algo más profundo que un simple cambio de nombres en el organigrama estatal. Es un síntoma. Una señal clara de cómo el Gobierno de Javier Milei concibe el rol de los organismos de control: útiles mientras no estorben, prescindibles cuando se convierten en un obstáculo para la urgencia política del momento. En este caso, la urgencia tiene nombre y apellido: hacer entrar dólares al sistema financiero, rápido, como sea y sin demasiadas preguntas.
Según reconstruyen ambas notas, Starc resistió las presiones del ministro de Economía Luis Caputo y del presidente del Banco Central Santiago Bausili para acelerar la reglamentación de la denominada Ley de Inocencia Fiscal. Esa resistencia tuvo un costo inmediato: la renuncia forzada del titular de la UIF y el portazo de prácticamente todo su equipo técnico. Cuando un organismo se vacía de golpe, no suele tratarse de un problema personal. Es una ruptura política.
La ley en cuestión es presentada por el Gobierno como una herramienta para cambiar la lógica del control tributario. En lugar de partir de la sospecha, el Estado debe asumir la “inocencia” del contribuyente. El giro conceptual no es menor. En la práctica, lo que se propone es reducir los controles previos sobre el origen del dinero y permitir que fondos no declarados ingresen al sistema bajo un régimen más laxo, con límites penales más altos y un “tapón fiscal” que clausura cualquier investigación sobre el pasado. Un blanqueo, pero sin decir blanqueo. Una amnistía, pero con otro nombre.
El problema, como advirtieron desde la propia UIF, es que esa ley choca de frente con el marco normativo vigente en materia de lavado de activos. Las entidades financieras siguen obligadas a reportar operaciones sospechosas. La UIF sigue teniendo la responsabilidad de prevenir, analizar y denunciar maniobras ilícitas. Y la Argentina sigue bajo la lupa del GAFI, un dato que en los despachos oficiales parece molestar más de lo que preocupa.
Desde el organismo, según consignó La Política Online, fueron claros: avanzar en una reglamentación que contradiga la ley de lavado no solo expone a la UIF, sino que puede ser inconstitucional y dejar al país en una posición extremadamente vulnerable frente a los estándares internacionales. No es una discusión teórica ni ideológica. Es un límite jurídico y técnico. Starc, en ese punto, decidió no cruzarlo.
Pero en el esquema mental del Gobierno, la prudencia técnica se lee como sabotaje político. La demora en la reglamentación de la ley dejó al desnudo una contradicción central: el Ejecutivo necesita que los dólares aparezcan, pero no logra resolver el conflicto entre su propio discurso de “inocencia” y las obligaciones legales que siguen vigentes. El resultado es un sistema trabado, en el que los bancos no pueden operar con la flexibilidad prometida y los dólares que se esperaban siguen sin materializarse.
La respuesta oficial fue buscar un culpable. Y lo encontró en Starc. Desde Economía lo señalaron como el responsable del bloqueo. No importó que la ley aún no estuviera plenamente vigente ni que la UIF carezca de potestades para modificar ciertos controles sin respaldo legal. La narrativa fue simple: si la herramienta no funciona, es porque alguien no acompaña el rumbo. En la Argentina de Milei, no hay funcionarios echados. Hay funcionarios que “renuncian”.
La escena se repitió como en otros episodios del Gobierno. La salida se comunicó como una decisión personal, casi administrativa, mientras en los pasillos del organismo la renuncia se daba por descontada. Starc incluso vació su despacho días antes, como quien sabe que el final ya está escrito. El gesto más contundente fue la renuncia en bloque de su equipo: subdirectores, responsables de litigios, coordinación internacional, análisis y áreas clave. Cuando se van todos, el mensaje es inequívoco.
El reemplazo no tardó en llegar. El Gobierno anunció la designación de Ernesto Gaspari al frente de la UIF. Su currículum incluye un paso como director de finanzas y control del Grupo Macri, un dato que no pasó inadvertido. Desde el Ministerio de Justicia destacaron su perfil técnico y su experiencia en la gestión pública y privada. La traducción política es otra: despejar el obstáculo y alinear la UIF con el objetivo central del Ejecutivo.
En paralelo, se dejó trascender que Starc “seguirá prestando funciones” en otra área, una fórmula ya conocida para suavizar desplazamientos que, en los hechos, son decisiones políticas puras. La señal hacia adentro del Estado es clara: cuando el control entra en tensión con la necesidad de mostrar resultados económicos inmediatos, el control pierde.
La Ley de Inocencia Fiscal se convierte así en una pieza clave para entender el modelo que impulsa el Gobierno. No se trata solo de atraer dólares, sino de redefinir el rol del Estado frente al dinero. Menos preguntas, menos sospechas, menos prevención. En un contexto de urgencia financiera, la tentación de relajar controles aparece como una salida rápida. El problema es el costo institucional y el riesgo sistémico que eso implica.
La UIF no es un organismo decorativo. Es una pieza central en la arquitectura de prevención del lavado y el financiamiento del terrorismo. Debilitarla, vaciarla o subordinarla a una lógica coyuntural puede tener consecuencias que van mucho más allá de una ley puntual. La experiencia internacional muestra que los países que flexibilizan controles en nombre de la urgencia terminan pagando un precio alto, tanto en credibilidad como en sanciones.
El episodio Starc expone, además, una forma de ejercer el poder. La presión directa, la acusación de demora, la renuncia forzada, el reemplazo alineado. No hay debate público profundo ni reconocimiento de los dilemas legales que plantea la ley. Hay una orden política: que la herramienta funcione ya. Y si no funciona, que alguien se haga a un lado.
En definitiva, la salida de Paul Starc de la UIF no es una anécdota. Es una postal del momento. Un Gobierno que necesita dólares con desesperación, que empuja una ley polémica y que no tolera resistencias técnicas cuando chocan con su estrategia. La pregunta que queda abierta no es solo cuántos dólares entrarán, sino a qué precio institucional y bajo qué reglas. Porque cuando el control se convierte en estorbo, el riesgo no es abstracto. Es concreto, y siempre termina pagando la sociedad.
Fuente:
https://www.lapoliticaonline.com/politica/paul-starc-rechazo-las-presiones-de-caputo-para-sacar-la-inocencia-fiscal-y-renuncio-a-la-uif-9505/
https://www.pagina12.com.ar/2026/01/22/otro-funcionario-eyectado-paul-starc-dejo-la-unidad-de-informacion-financiera/
Deja una respuesta