La causa por la expropiación de YPF cruza una línea crítica: los demandantes pidieron a la jueza Loretta Preska que obligue al gobierno de Javier Milei a revelar la ubicación y los movimientos de las reservas de oro. El Banco Central reconoce desprolijidades y el fantasma penal ya recorre los pasillos oficiales.
En Nueva York, los fondos beneficiarios del fallo por YPF avanzan sobre el último bastión patrimonial del Estado argentino. La exigencia de identificar el oro sacude a la autoridad monetaria, desnuda una operatoria “floja de papeles” y coloca al Ejecutivo libertario frente a una encrucijada que combina riesgo judicial, fragilidad institucional y una narrativa de ocultamiento de activos.
El litigio por la expropiación de YPF acaba de ingresar en una fase que incomoda de verdad al poder. Ya no se trata solo de discutir cifras astronómicas o de estirar plazos en tribunales extranjeros: el reclamo ahora apunta al corazón mismo del patrimonio nacional. Los demandantes del fallo dictado en el Distrito Sur de Nueva York solicitaron a la jueza Loretta Preska que obligue a la República Argentina a detallar, bajo juramento, la ubicación, las cuentas y los movimientos de sus reservas de oro. El pedido no es retórico ni simbólico. Es un paso concreto para identificar activos embargables y ejecutar una sentencia por 16.100 millones de dólares que el país, hasta ahora, intenta esquivar.
La conmoción fue inmediata. En la intimidad del Banco Central de la República Argentina se reconoce que la operatoria vinculada al oro “está floja de papeles”. La frase, anticipada por LPO, no es un tecnicismo menor: implica admitir desprolijidades documentales en un terreno donde cada movimiento debería estar respaldado con precisión quirúrgica. En el contexto de una causa internacional de esta magnitud, esa admisión expone a las autoridades a algo más que un traspié administrativo. El riesgo penal dejó de ser una hipótesis teórica y empezó a caminar.
El fundamento de los demandantes es claro y, desde su lógica, contundente. Sostienen que el gobierno de Javier Milei habría desplegado una estrategia deliberada de ocultamiento de activos para evitar el pago del fallo. La acusación se apoya en un hecho procesal concreto: la supuesta negativa del Estado a presentar un testigo calificado que pudiera declarar con conocimiento real sobre el patrimonio nacional y, en particular, sobre las reservas de oro. Para los litigantes, la maniobra no solo obstaculiza el proceso de descubrimiento de bienes, sino que agrava el daño económico en un momento en que el precio del metal alcanzó máximos históricos.
En una carta remitida el 21 de enero de 2026 por el estudio de abogados Levine Lee LLP, los beneficiarios del fallo detallaron ante la magistrada que el incumplimiento argentino forma parte de una conducta “grave y continua”. Según el escrito, la República no solo habría fallado en cooperar, sino que estaría escondiendo más de 1.000 millones de dólares en reservas de oro. No es un número lanzado al azar: en la lógica de la ejecución, cada onza cuenta y cada silencio se interpreta como confirmación de una sospecha.
Los demandantes, entre ellos los fondos Petersen y Eton Park, fueron todavía más lejos. Denunciaron que el Estado presentó a un expositor “deliberadamente no preparado”, una figura sin acceso ni conocimiento sobre los datos sensibles requeridos. En términos procesales, esa elección equivale —según plantearon— a una falta de comparecencia. Es decir, a una obstrucción lisa y llana. La crítica no es menor: en el derecho estadounidense, la cooperación de buena fe es un estándar exigente, y su violación suele tener consecuencias.
El texto judicial introduce además un elemento político de alto voltaje. Afirma que funcionarios de primer nivel sí poseen la información reclamada y que están en contacto directo y permanente. Se menciona al ministro de Economía, Luis Caputo, como alguien con conocimiento directo sobre el traslado de los activos, y se lo señala como superior jerárquico del presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Incluso se alude a intercambios constantes a través de grupos de chat. La imagen es potente: mientras ante la justicia se alega desconocimiento, puertas adentro circularía información precisa sobre el destino del oro.
Frente a ese cuadro, los beneficiarios del fallo solicitaron que el tribunal obligue de inmediato a la República a presentar una declaración jurada que identifique la ubicación exacta, los movimientos y las cuentas donde se mantiene el metal. Y, si el gobierno ensaya la excusa de que no tiene acceso a los datos del Banco Central, pidieron una audiencia probatoria con testimonio de quienes sí lo tienen. En esa lista aparecen Caputo y otros funcionarios con conocimiento directo. Es una jugada que eleva el conflicto desde el plano técnico al político, y que deja al Ejecutivo sin demasiados márgenes para eludir definiciones.
La ofensiva judicial incluye, además, un reclamo por los honorarios razonables de los abogados de los demandantes, como sanción por la conducta obstructiva del Estado. No es un detalle menor. En litigios de esta escala, los costos legales pueden sumar millones y convertirse en una presión adicional para forzar acuerdos o acelerar revelaciones. Los abogados también recordaron que organismos como el Ministerio de Seguridad y la Auditoría General de la Nación tienen autoridad legal para acceder a información vinculada al transporte y resguardo de las reservas. El mensaje es nítido: si el Ejecutivo dice no saber, otros dentro del propio Estado sí podrían saber.
Todo este episodio desnuda una contradicción central del gobierno libertario. Mientras en el discurso se exalta la transparencia, la eficiencia y el orden institucional como valores supremos, en la práctica emerge una operatoria opaca, mal documentada y potencialmente riesgosa. El oro, símbolo histórico de respaldo y soberanía monetaria, aparece ahora envuelto en un manto de incertidumbre que erosiona la credibilidad externa y alimenta sospechas internas. No es solo un problema judicial: es una herida política.
La complejidad del asunto no admite simplificaciones. Las reservas de oro no son un activo cualquiera, y su administración involucra acuerdos internacionales, custodias en el exterior y prácticas financieras que, en ocasiones, se mueven en zonas grises. Reconocer esa complejidad es parte de la honestidad intelectual. Pero una cosa es la sofisticación técnica y otra muy distinta es la falta de papeles, la elección de testigos sin información y la resistencia a declarar bajo juramento. Ahí ya no hay matiz que valga: hay responsabilidad.
En el fondo, la causa YPF vuelve a mostrar cómo las decisiones del pasado se proyectan sobre el presente con una fuerza implacable. La sentencia por la expropiación es un hecho consumado, y la estrategia de dilación parece agotarse. Bajo el gobierno de Milei, que prometió cortar con las “viejas prácticas”, el Estado se encuentra ahora acusado de esconder activos estratégicos para evitar pagar lo que la justicia ordenó. La paradoja es brutal y el costo, potencialmente, altísimo.
Si la jueza Preska avanza y obliga a revelar la información, el impacto será inmediato. Si, en cambio, el gobierno persiste en el silencio o en las respuestas evasivas, el escenario puede empeorar: más sanciones, más costos y una imagen internacional todavía más deteriorada. En cualquiera de los dos casos, el oro dejó de ser un resguardo silencioso para convertirse en el centro de una tormenta política y judicial. Y esa tormenta amenaza con llevarse puesto algo más que lingotes: puede arrastrar la frágil narrativa de orden y racionalidad que el oficialismo intenta sostener.
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