Venimos señalando, desde el inicio de este gobierno, el desarmado sistemático de las mentiras cotidianas que genera su propio accionar. Nacidas de la improvisación, esas falsedades no son un desliz ocasional: atraviesan todo el mandato y se reproducen con la misma lógica errática con la que se gobierna. Las contradicciones y las mentiras ideológicas utilizadas para justificar cada medida se vuelven, en muchos casos, insostenibles incluso desde la retórica. Sin embargo, ese colapso discursivo parece no ser percibido por el núcleo duro del electorado libertario, atrapado en una suerte de fanatismo que opera como anestesia política y lo mantiene deliberadamente alejado de la realidad.
En esta oportunidad, el foco está puesto en el núcleo discursivo que Javier Milei sostuvo durante toda la campaña electoral. Allí planteó la necesidad de eliminar progresivamente los programas de asistencia social y de terminar con la intermediación en los planes, una postura que ocupó un lugar central en su propuesta de achique del Estado y que lo llevó al poder con la promesa explícita de “terminar con los planes sociales”. Sin embargo, en la práctica, esa promesa no derivó en una reducción de la cobertura, sino en todo lo contrario: la asistencia fue consolidada y reforzada como la principal herramienta de contención social de su propio modelo.
Pero en la vida real van ocurriendo otras cosas, el salario, las jubilaciones y el empleo formal se desplomaron frente al ajuste libertario, la asistencia directa fue blindada y reforzada por el propio gobierno de Javier Milei, en una contradicción ideológica que desnuda el verdadero funcionamiento de su modelo. Lejos de terminar con los planes sociales, el gobierno libertario los consolidó como el principal sostén del ajuste. La Asignación Universal por Hijo y la Prestación Alimentar crecieron en términos reales, superaron los seis millones de beneficios y funcionaron como un dique de contención frente al deterioro del trabajo y los ingresos. Los datos oficiales muestran que Milei no solo incumplió su promesa de campaña: le mintió incluso a su propio electorado.
El relato libertario que llevó a Javier Milei a la presidencia se construyó sobre una promesa tan simple como contundente: terminar con los planes sociales, erradicar lo que llamó “la cultura del subsidio” y reemplazarla por un mercado de trabajo pujante que integrara a quienes hoy dependen del Estado. Esa narrativa, cargada de desprecio hacia los sectores más vulnerables y de exaltación del ajuste, fue uno de los pilares de su triunfo electoral. Sin embargo, dos años después, los números oficiales revelan una realidad completamente distinta: la ayuda social no solo no se redujo, sino que creció por encima de la inflación y alcanzó niveles récord.
Mientras el empleo formal y las jubilaciones perdieron de manera sostenida frente al aumento de los precios, la AUH y la Prestación Alimentar fueron las únicas transferencias que crecieron en términos reales durante los primeros años del gobierno de Milei. En esa aparente contradicción se encuentra, en realidad, el núcleo duro del modelo libertario. No se trata de un desvío ni de una concesión accidental, sino de una decisión política consciente que explica, en buena medida, la ausencia de conflictos sociales masivos pese a la magnitud del ajuste aplicado.
Los números son elocuentes. A diciembre de 2025, la AUH alcanza a más de 4,1 millones de titulares, incluidos beneficiarios por discapacidad, mientras que la Prestación Alimentar llega a más de 2,5 millones de familias y cubre a más de 4,5 millones de niñas y niños. En conjunto, más de seis millones de planes conforman hoy el entramado central de la política social argentina. Lejos de reducirse, la asistencia directa se expandió tanto en cantidad de beneficiarios como en poder adquisitivo real, convirtiéndose en el principal sostén del equilibrio social en un país cada vez más empobrecido.
Este fenómeno adquiere mayor dimensión cuando se lo observa en perspectiva histórica. Al finalizar el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en 2015, la AUH alcanzaba aproximadamente entre 3,3 y 3,5 millones de beneficios. Se trataba de una política masiva pero relativamente contenida, en un contexto donde el empleo formal aún funcionaba como principal mecanismo de integración social. Durante el gobierno de Mauricio Macri, pese al discurso crítico hacia el asistencialismo, la cobertura no se redujo: por el contrario, creció como respuesta al deterioro del mercado laboral y se acercó a los cuatro millones de beneficiarios hacia el final de su mandato.
Con la llegada de Alberto Fernández, y en el marco de la pandemia y la crisis económica posterior, la AUH volvió a expandirse. Hacia fines de 2023, superaba los 4,1 millones de titulares, consolidándose como una política estructural de contención social. Lejos de revertir esa tendencia, el gobierno de Javier Milei la profundizó. A diciembre de 2025, la cantidad de beneficiarios es prácticamente idéntica —e incluso superior en términos reales de poder adquisitivo— a la heredada del gobierno anterior. Es decir, el presidente que prometió terminar con los planes gobierna hoy con más AUH que Cristina Kirchner, más que Mauricio Macri y en niveles similares o superiores a los de Alberto Fernández.
La diferencia central no está solo en la cantidad, sino en el relato. Milei construyó legitimidad política denunciando los planes como símbolo de decadencia y dependencia estatal. En los hechos, los necesitó para gobernar. El propio presupuesto social muestra que la ayuda directa a los sectores más pobres fue la única partida que creció de manera sostenida durante su gestión. El punto más bajo del poder adquisitivo de la AUH se registró a fines de 2023; desde entonces, bajo la presidencia libertaria, la prestación no solo se recuperó, sino que alcanzó niveles históricamente altos en términos reales.
La mejora se explica por aumentos extraordinarios que, en la comparación interanual, implicaron subas significativas. Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024, la AUH registró un incremento cercano al 100 por ciento, consolidándose como el principal amortiguador del modelo en un escenario de fuerte deterioro de los salarios, profundizado tras la devaluación de diciembre de 2023.
En este contexto, la persistencia de la paz social deja de ser un misterio. Los datos oficiales confirman que, sin la AUH, la Prestación Alimentar y los refuerzos vinculados a la primera infancia, la indigencia sería hoy un 82 por ciento más alta. En términos políticos, eso implicaría millones de personas empujadas al hambre extremo y un escenario históricamente asociado a estallidos sociales y crisis de gobernabilidad. Milei decidió no cruzar ese límite.
Lejos de eliminar los planes, el gobierno libertario los convirtió en un dique de contención silencioso frente al impacto del ajuste. Mientras avanzaba sobre los salarios, el empleo y las jubilaciones, garantizó un piso mínimo de ingresos que evitara una reacción social masiva. No por convicción redistributiva, sino por necesidad política. El “Estado mínimo” se detuvo exactamente donde comenzaba el riesgo de ruptura del orden social.
Este proceso no puede leerse como una anomalía coyuntural ni como una simple herencia administrativa. El propio informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso muestra que la asistencia social orientada a la niñez y adolescencia dejó de ser una política transitoria para convertirse en un componente estructural del Estado argentino. En los últimos quince años, la cantidad total de beneficios pasó de 4,7 millones a más de 7,4 millones, mientras que la inversión pública asociada se consolidó de manera estable en torno al 1 % del Producto Bruto Interno. Incluso bajo un gobierno que prometía eliminar el “Estado asistencial”, ese piso no solo no se redujo, sino que fue preservado y reforzado. La conclusión es incómoda para el relato libertario: los planes ya no son una excepción que puede suprimirse sin costos, sino una pieza permanente del funcionamiento social.
El informe también permite observar que no toda la asistencia evolucionó de la misma manera. Mientras la Asignación Universal por Hijo fue claramente protegida y recompuesta, la Prestación Alimentar muestra un deterioro sostenido de su poder adquisitivo. La AUH recuperó valor real a partir de fines de 2023 gracias a un aumento inicial extraordinario y, sobre todo, al cambio en el mecanismo de actualización, que pasó a ser mensual y atado a la inflación. En contraste, la Prestación Alimentar, al depender de aumentos discrecionales, no logró seguir el ritmo de los precios y perdió capacidad de compra de manera constante. Este contraste revela una jerarquización interna de la política social: el gobierno blindó la AUH como ancla de estabilidad general, pero dejó licuar la herramienta específicamente destinada a garantizar el acceso cotidiano a los alimentos.
La serie histórica del valor real de la AUH aporta otro dato clave. El informe muestra que la prestación alcanzó a fines de 2023 su mínimo histórico en términos de poder adquisitivo, luego de años de inflación acelerada y mecanismos de actualización insuficientes. La recomposición posterior, que llevó a la AUH a uno de los niveles reales más altos de toda su historia, no responde a una conversión ideológica del gobierno libertario, sino a la necesidad de corregir una licuación extrema que ya no podía sostenerse sin riesgos sociales. La AUH hoy “vale más” no porque el modelo haya mejorado, sino porque había sido llevada a un piso incompatible con la gobernabilidad.
El dato más contundente del informe confirma con precisión técnica lo que el discurso oficial evita reconocer. Según la simulación realizada con microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares, sin la AUH, la Prestación Alimentar y el apoyo del Plan 1.000 Días, la indigencia sería hoy un 82 % más alta. En términos absolutos, más de 2,6 millones de personas y más de 600 mil hogares quedarían por debajo del umbral de la pobreza extrema. Este no es un ejercicio retórico ni una especulación política: es un cálculo empírico que muestra que la asistencia social no solo atenúa el ajuste, sino que evita una crisis humanitaria de gran escala.
El propio informe reconoce, además, un límite estructural que refuerza la crítica al modelo. Las políticas de transferencia monetaria directa actúan como un piso de ingresos y cumplen una función paliativa, pero no modifican las causas que generan la vulnerabilidad social. No crean empleo, no recomponen el salario ni revierten la precarización del trabajo. Funcionan como amortiguador en un contexto donde el deterioro macroeconómico empuja a cada vez más hogares a depender del Estado. Incluso el organismo técnico del Congreso admite que la reducción de la dependencia de la asistencia solo sería posible en un escenario de crecimiento económico sostenido y generación de empleo de calidad, condiciones que el propio programa libertario erosiona.
El dato adicional que atraviesa todo el informe termina de cerrar la paradoja. La expansión y consolidación de la asistencia social se produjo en paralelo a un deterioro persistente de los indicadores socioeconómicos. No es la política social la que genera dependencia: es la incapacidad del modelo económico para integrar por la vía del trabajo lo que vuelve indispensable esa red de contención. En este marco, los planes sociales no son una distorsión que Milei tolera a regañadientes, sino el sostén silencioso de un ajuste que, sin ellos, sería políticamente inviable.
El balance es claro y difícil de maquillar. Milei no terminó con los planes sociales. Los expandió, los reforzó y los convirtió en el pilar silencioso de su gobernabilidad. Mientras el trabajo se precariza y el salario se licúa, la asistencia directa se consolida como la única variable que corre por encima de la inflación. La gran mentira libertaria no fue solo prometer que iba a terminar con los planes. Fue hacerle creer a su propio electorado que el ajuste no tendría costos sociales profundos y que el mercado reemplazaría al Estado. Dos años después, los números demuestran exactamente lo contrario.
En definitiva, los datos permiten una lectura incómoda para el propio discurso libertario. Mientras el programa económico beneficia de manera directa a los sectores de mayor capacidad patrimonial y financiera, la política social no fue eliminada sino reforzada como mecanismo de contención. No se trata de una ampliación de derechos ni de una política redistributiva, sino de un dispositivo de amortiguación del daño social que el propio ajuste genera. La asistencia directa no contradice el modelo: lo hace posible.
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