Mientras el discurso oficial insiste en la llegada de inversiones, la reindustrialización y el “orden macroeconómico”, la realidad productiva del Conurbano bonaerense vuelve a mostrar su rostro más crudo. La multinacional estadounidense Lamb Weston, una de las mayores productoras de papas fritas congeladas del mundo, anunció el cierre definitivo de su planta en Munro, partido de Vicente López, y dejó sin trabajo a unos 100 empleados.
La decisión forma parte de una reorganización global de su red industrial y supone la concentración total de la producción para América Latina en su nueva planta del Parque Industrial de Mar del Plata, inaugurada hace pocos meses tras una inversión de 320 millones de dólares. Desde la empresa, el argumento es el habitual: mejorar la rentabilidad, ganar eficiencia operativa y optimizar el uso del capital a escala global.
Detrás de esa fórmula aséptica —tan frecuente en los comunicados corporativos— se esconde una verdad concreta: cien familias del Conurbano quedan sin su fuente de ingresos, en una región históricamente golpeada por los procesos de desindustrialización y reconversión productiva. La “consolidación” productiva, celebrada en los balances empresariales, se traduce en despidos y vaciamiento territorial.
La propia directora de la cadena de suministro de Lamb Weston, Sylvia Wilks, fue explícita al señalar que la gestión de costos es un eje central de la estrategia. Hablar de eficiencia, resiliencia y crecimiento futuro suena razonable en una presentación ante inversores, pero omite deliberadamente el impacto social inmediato que esas decisiones generan cuando se aplican en economías periféricas.
La nueva planta de Mar del Plata, construida sobre un predio de 18 hectáreas, tiene una capacidad productiva anual de 120.000 toneladas de papas prefritas congeladas, además de puré en escamas y fécula de papa. Allí trabajan entre 250 y 300 personas, y la empresa ya proyecta nuevas inversiones por otros 130 millones de dólares. El perfil es claramente exportador: entre el 80% y el 85% de la producción local se destina a mercados regionales, con Brasil como principal destino.
La elección de Mar del Plata respondió a criterios estrictamente económicos: cercanía con las zonas papaleras del sudeste bonaerense y proximidad al puerto, lo que reduce costos logísticos. Nada que objetar desde el punto de vista empresario. El problema aparece cuando esa lógica se convierte en política dominante y deja a regiones enteras fuera del mapa productivo.
El cierre de la planta de Munro no es un hecho aislado. En los últimos meses, varias compañías industriales tomaron decisiones similares. La sueca SKF cerró su histórica fábrica de Tortuguitas; Whirlpool bajó la persiana de su planta de lavarropas en Pilar; Granja Tres Arroyos clausuró una unidad en Entre Ríos. En todos los casos, el patrón se repite: concentración, importaciones, reducción de empleo y menor densidad industrial.
Así, mientras se celebran inversiones puntuales y anuncios millonarios, el entramado productivo del Conurbano se sigue deshilachando. No se trata solo de una fábrica que cierra, sino de un modelo que acepta como “inevitable” que la eficiencia global se pague con desempleo local. Y esa ecuación, lejos de ser técnica o neutral, es profundamente política.
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