El escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que el gobierno de Javier Milei intentó minimizar como un simple “chimento de peluquería”, acaba de meterse de lleno en el Ministerio de Economía y amenaza con convertirse en la crisis política más explosiva de la gestión libertaria. Porque el allanamiento de este 29 de noviembre en la oficina que ocupaba Ornella Calvete —la funcionaria que reportaba a Pablo Lavigne y cuyo padre, Miguel Ángel Calvete, aparece como el recaudador de coimas— no es apenas un trámite judicial: es el reconocimiento formal de que el circuito de retornos del 3% que operaba en la ANDIS también corría dentro del esquema económico que conduce Luis “Toto” Caputo. Lo que empezó como una causa por sobreprecios en medicamentos y ortopedias derivó, con una velocidad inédita, en un mapa de corrupción que conecta a operadores, familiares, exfuncionarios, áreas económicas sensibles y, según los propios chats incautados, a la mismísima Karina Milei, señalada con la sigla “KM”.
El caso ya estaba contaminado desde el momento en que los audios de Diego Spagnuolo, el exdirector de la ANDIS y amigo personal de Milei, revelaban una trama de retornos, arreglos con proveedores y maniobras para inflar contratos de prestadores de alto costo hasta un 300%. Pero la figura de Miguel Calvete —el operador que aparece como el “coordinador financiero” del esquema y que tenía en su casa una máquina para contar billetes— terminó de darle volumen a la causa, especialmente cuando el allanamiento en el departamento de su hija Ornella, el 9 de octubre, destapó lo que ya nadie podía justificar: 700 mil dólares en efectivo, más divisas varias, guardadas prolijamente en una caja de seguridad, sin correlato alguno con la declaración jurada que había presentado en julio ante la Oficina Anticorrupción.
Ornella no era una empleada menor. Había sido designada directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en Industria y Comercio, dependía directamente de Lavigne y había sido promovida en 2024, en pleno reordenamiento del organigrama económico del mileísmo. Su DDJJ decía que tenía un patrimonio de 46 millones de pesos —unos 45 mil dólares— y tres cajas de ahorro. Nada más. El allanamiento mostró otra cosa: 700 mil dólares, otros 82 mil no declarados, euros, documentación y dispositivos. La Justicia mira ese contraste y ve lo obvio: que el dinero no surge de ingresos lícitos y que probablemente forma parte del circuito de retornos que, según los chats peritados, se repartía entre proveedores, operadores y la sigla “KM”.
Porque los mensajes entre Ornella y su padre son devastadores. Desde el “Si todo sale bien te compro una lambo, una granja, lo que quieras” hasta el más crudo de todos: “Con el 3% a KM está perfecto”. Allí no hay metáfora, ni ironía, ni interpretación posible: el propio Calvete vincula el retorno de los contratos con Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia. Y aún más comprometedores son los intercambios previos al allanamiento, cuando Ornella ve policías en su edificio y arma un libreto para justificar el efectivo “para KM”. A eso se suman menciones a pagos de hasta 5 millones de dólares, entregados en pesos y destinados —según ellos— a Spagnuolo, “el pelado que viaja a Israel”.
La renuncia tardía de Ornella, presentada el 18 de noviembre, no cerró nada. Al contrario: abrió más preguntas. Su pareja, Javier Cardini, también dejó su cargo en Gestión Productiva. Los audios del expediente lo involucran, los movimientos patrimoniales no cierran, y la foto política es cada vez más oscura. Pero lo que terminó de dinamitar el relato oficial fue el allanamiento de hoy en el Ministerio de Economía. Por primera vez, la Justicia no apunta solo a operadores periféricos sino a oficinas del propio edificio donde se diseñan las políticas centrales del gobierno. Se llevaron computadoras, discos duros y papeles: el tipo de material que puede reconstruir quién hizo qué, quién recibió qué, y cómo se movía la plata dentro del Estado.
La presencia de dispositivos oficiales mezclados con una causa de coimas, sobreprecios y retornos hacia figuras cercanas a la hermana del presidente, coloca a Caputo en una situación delicada. No se trata solamente de que la funcionaria dependía de su organigrama, sino de que el allanamiento se produce en un contexto donde la Oficina Anticorrupción ya quedó deslegitimada. El dato es conocido y brutal: uno de sus directores, Camilo Cordero, era abogado de Miguel Calvete. Salió corriendo a renunciar en cuanto la noticia se hizo pública.
El operativo judicial de este viernes es el capítulo más grave de un escándalo que venía creciendo sin freno. Porque si los sobreprecios en las compras públicas ya eran un delito, la eventual canalización de retornos dentro del Ministerio de Economía configura un cuadro institucional que ningún gobierno puede minimizar con frases sobre peluquerías. Lo que circula en redes lo muestra: usuarios, incluso votantes libertarios desencantados, piden renuncias inmediatas. Los hashtags #CoimasMilei y #CalveteGate son tendencia desde temprano, y videos con 4 mil o 5 mil likes acumulan la misma indignación: “Tienen que renunciar todos. Fin”.
La causa ANDIS ya tiene más de una docena de exfuncionarios apuntados, imputaciones en marcha y pericias sobre dispositivos que podrían revelar todavía más conexiones. Si los materiales secuestrados hoy en Economía confirman vínculos entre proveedores, retornos y áreas de decisión del ministerio, el golpe político para el oficialismo será muchísimo más profundo. Con audios filtrados, cuadernos manuscritos, cámaras que muestran reuniones clave y conversaciones directas entre operadores que mencionan a la hermana del presidente, el cerco judicial se estrecha.
Y mientras el gobierno intenta correr detrás del escándalo, la Justicia sigue avanzando. El allanamiento en el Ministerio de Economía marca un antes y un después. Lo que se discutía como un caso de corrupción acotado a una agencia del Estado ahora compromete a una de las áreas neurálgicas del poder. Y si los próximos análisis arrojan nuevas pruebas, será imposible seguir repitiendo que todo es “chimento”. Esta vez, el olor a billete fresco no viene de peluquería: viene de las oficinas donde se administran miles de millones.
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