El episodio que involucra a Sergio Mastropietro, socio del narco-empresario Federico “Fred” Machado y señalado como principal lavador del dinero ilícito que irrigaba el circuito de las droguerías entongadas con ANDIS, quedó expuesto gracias a la reconstrucción detallada de la periodista Camila Dolabjian, de La Nación y LN+, quien reveló que el empresario debía ser frenado por la PSA y Migraciones al aterrizar en Buenos Aires, pero logró esquivar el operativo mediante una maniobra tan burda como reveladora.
Mastropietro llegaba en un jet privado desde Miami el sábado 15. La orden judicial era clara: debía ser retenido y requisado, con secuestro de sus dispositivos electrónicos. Sin embargo, en pleno vuelo cambió el plan, desvió la ruta y bajó antes en Tucumán. Apenas tocó pista hizo una llamada, y pocos minutos después —según explicó Dolabjian citando fuentes oficiales de la PSA— lo dejaron ir como si nada. “Después de que se fue, este organismo se dio cuenta de que tenía una restricción”, le confió una fuente a la periodista. Ese “después” condensa el nivel de irregularidad del caso: la PSA admite haber dejado escapar a un sospechoso clave de lavado porque “no sabían” que no debía salir del aeropuerto.
La Justicia se enteró tarde y mal. Cuando el juzgado advirtió el desvío y exigió frenar a Mastropietro, agentes tuvieron que salir literalmente corriendo afuera de la terminal para detenerlo. La escena bordea el ridículo institucional. Pero lo peor vendría segundos después. Cuando se le pidió su celular —el elemento más importante en cualquier causa de lavado, el registro vivo de movimientos, contactos, chats y transferencias— respondió que “lo perdió minutos antes”. Un lavador internacional que pierde su teléfono justo antes de ser requisado es un chiste que ni los guionistas más impresentables se animan a escribir. Pero en la Argentina de Milei es un trámite.
La investigación que Dolabjian retoma y amplifica muestra que Mastropietro no es un actor marginal: es el engranaje que movía los fondos ilegales de las droguerías involucradas con ANDIS, en articulación con la firma aérea Baires Fly, del rionegrino Luis Grande. Desde esa provincia también provienen Lorena Villaverde y parte del entramado político donde operaba el propio Fred Machado. El sur vuelve a aparecer como punto de apoyo territorial de una red que combina vuelo privado, facturas truchas, operadores de laboratorio y vínculos políticos que nadie en el gobierno parece dispuesto a esclarecer.
El cuadro se vuelve más turbio al observar las transferencias bancarias del 10 de septiembre: Prolite Orthopedics SRL giró $34.560.000 a Baires Fly; minutos después, Problock SRL envió $60.500.000 a la misma empresa. Dos operaciones idénticas, en la misma fecha, dirigidas al mismo receptor, dentro de una causa donde Baires Fly aparece mencionada como vehículo de facturación para justificar dinero proveniente de droguerías sospechadas. La repetición del patrón no es un error: es evidencia.
En paralelo, otro jugador clave, Spagnuolo —conocido por sus vínculos con Luis Espert— fue registrado entrando y saliendo de la casa del operador de laboratorios Miguel Calvete con una mochila. La fiscalía encontró mensajes entre ambos coordinando la obtención de cinco millones de pesos para un viaje a Israel. En uno de esos chats, Calvete le escribe a una mujer: “Son para el boludo del pelado”. La conversación posterior revela cómo buscaban un lugar “disimulado” para entregar el dinero. Es decir: la operatoria física del flujo de dinero convivía sin pudor con la operatoria bancaria y con la protección política.
El escándalo salpica también a la Oficina Anticorrupción. No es un dato menor recordar que Camilo Cordero Fabbri, funcionario con rango de director dentro de ese organismo, resultó ser abogado defensor del propio Miguel Calvete, el operador allanado en el corazón de esta trama. Un hombre encargado de recibir denuncias de corrupción dentro del Estado mientras defendía a uno de los imputados por una causa de coimas. En cualquier democracia sana, eso sería motivo de renuncia inmediata y auditoría urgente. En la Argentina libertaria, ni siquiera ameritó un comunicado.
Todo el episodio deja en evidencia un patrón inconfundible: cuando el Estado tiene que actuar contra un engranaje sensible de una red de corrupción ligada a financiamiento político, los controles fallan “sin querer”, los vuelos cambian “sin aviso”, los celulares se “pierden” y los millones circulan en mochilas o cuentas aéreas sin que nadie levante la voz. La reconstrucción de Dolabjian ilumina una secuencia que no admite explicaciones inocentes. No se trata de errores: se trata de decisiones. Mastropietro no esquivó al Estado por azar. Es más fácil creer que alguien, en algún despacho, entendió que frenar a este hombre podía abrir una caja de Pandora que compromete a operadores, empresarios, funcionarios y dirigentes demasiado cercanos al corazón libertario.
No es que Mastropietro se fugó. Es que lo dejaron ir. Y la diferencia no es semántica: es política.
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