Un alto mando naval quedó en la mira judicial tras intentar triturar documentación clave para causas de lesa humanidad, en sintonía con el avance negacionista del gobierno de Milei.
La maniobra revela un patrón: del vaciamiento de organismos de memoria a la degradación de Derechos Humanos, el Ejecutivo profundiza el ataque contra la verdad histórica mientras protege a las Fuerzas Armadas.
La escena tiene una gravedad que remite a los peores reflejos corporativos de la dictadura, pero ocurre en pleno 2025: la Justicia federal investiga al vicealmirante Juan Carlos Coré, uno de los principales jefes operativos de la Armada, por haber ordenado la destrucción de documentación que podría servir como prueba en investigaciones por crímenes de lesa humanidad. La denuncia, presentada por el fiscal Félix Crous, expone lo que el propio Ministerio de Defensa se empeñó en ocultar: que el 8 de enero, mediante un mensaje naval “reservado”, Coré dispuso el traslado del Archivo General de la Armada (AGA) y dio instrucciones explícitas para triturar información a partir del 10 de febrero. Un acto deliberado, clandestino y violatorio de la propia normativa interna sobre resguardo de archivos sensibles.
El intento de ocultamiento cayó cuando la Asociación de Archivistas en la Función Pública Argentina (AFPA) emitió un comunicado que encendió las alarmas: advirtió que entre los papeles destinados a destrucción podía haber piezas fundamentales para causas vinculadas al terrorismo de Estado. Lo que siguió fue un movimiento urgente de querellas, fiscales y organismos de derechos humanos para frenar la maniobra. La primera en intervenir fue la jueza Alicia Vence, desde San Martín, y luego se sumaron magistrados de La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y la Ciudad de Buenos Aires, todos con decisiones que bloquearon la mudanza y la trituración.
Incluso así, la propia Armada intentó sostener un cerco de silencio. Durante semanas se negó a informar quién había dado la orden, hasta que finalmente envió la documentación al Tribunal Oral Federal 5, responsable del juicio por los crímenes cometidos en la ESMA. Allí quedó claro: la orden llevaba la firma de Coré. Con ese elemento firme, el fiscal Crous lo denunció por incumplimiento de deberes de funcionario público y por tentativa de destrucción de medios de prueba, un delito grave en cualquier contexto, pero directamente explosivo cuando se trata de crímenes imprescriptibles de la dictadura.
La investigación quedó en manos del juez federal Daniel Rafecas, quien instruye la causa más compleja de lesa humanidad de la Ciudad de Buenos Aires: la del accionar del Primer Cuerpo de Ejército. En ese marco, el fiscal Ramiro González ya impulsó la pesquisa para determinar responsabilidades y eventuales daños en el acervo documental.
El contexto que rodea este episodio no es menor. Crous sostuvo en su presentación que la orden de Coré no fue un hecho aislado ni improvisado, sino parte de una secuencia coherente de decisiones tomadas por el gobierno de Javier Milei para obstaculizar investigaciones sobre crímenes estatales. Recordó, por ejemplo, que en febrero de 2024, el subsecretario Guillermo Madero ya había rechazado enviar información requerida por la Conadi, encargada de buscar a los bebés robados durante la dictadura. Un gesto que dejó perplejos a los organismos de derechos humanos e instaló una conducta hostil del Estado hacia quienes investigan la desaparición de niños.
El 26 de mayo de ese mismo año, Patricia Bullrich —entonces ministra de Seguridad— también se negó a colaborar con la Conadi, a la que desacreditó públicamente acusándola de ser un “organismo militante”. Sólo dos meses después, en julio, Luis Petri oficializó la eliminación de los equipos de relevamiento y análisis que trabajaban con los archivos militares para aportar en causas de lesa humanidad. En agosto, Milei directamente borró del organigrama la Unidad Especial de Investigación de la Conadi, dejándola sin capacidad para acceder a archivos estatales.
La lista sigue: en mayo de 2025, el Ejecutivo redujo la Secretaría de Derechos Humanos a una mera subsecretaría y degradó simultáneamente al Archivo Nacional de la Memoria y al Museo Sitio ESMA, dos instituciones centrales para preservar pruebas, testimonios y documentos de la represión ilegal.
Es en esa cadena de decisiones donde se inscribe el mensaje naval reservado firmado por Coré. Para Crous, la destrucción del AGA es el capítulo más explícito de una política que busca “obstruir de forma persistente y coordinada la preservación de la prueba” sobre los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado. No es una interpretación: es lo que indican los propios hechos. Hace apenas unos meses, la Armada ya había intentado esterilizar el Archivo Nacional de la Memoria, apenas frustrado por la intervención judicial y el repudio público.
La Marina, además, arrastra un historial siniestro: en los años de la transición democrática, la Comisión Permanente de Estudios de Situaciones Especiales (Copese) se dedicó a borrar rastros del accionar de los grupos de tareas de la ESMA. Más tarde, ya en democracia consolidada, se descubrió que la Armada había adulterado legajos de represores como Alfredo Astiz y Horacio Luis Ferrari. No es nuevo: es un modus operandi.
Pero el clima político actual les abrió la puerta para ir más lejos. Tras la derrota electoral del 26 de octubre, el gobierno no hizo más que redoblar su postura negacionista. El 6 de noviembre, Petri celebró haber desarmado lo que llamó “el nefasto grupo de trabajo” de archivos. En su relato delirante, los equipos técnicos que colaboraban con causas judiciales se dedicaban a “carpetear” a militares con pasado en los años ’70. Una inversión del sentido histórico que buscaron imponer con insistencia: victimizar a las Fuerzas Armadas, demonizar a los organismos de derechos humanos y relativizar la magnitud del terrorismo de Estado.
El remate llegó pocos días después, cuando se anunció que el jefe del Ejército, Carlos Presti, reemplazaría a Petri en el Ministerio de Defensa y mantendría su estado militar, quebrando una tradición democrática de más de cuatro décadas que impedía que un uniformado en actividad ocupara un cargo político en el área. El dato no pasó inadvertido: Presti es hijo de Roque Presti, ex jefe del Regimiento de Infantería 7 de La Plata y responsable directo de secuestros y desapariciones en los primeros años de la última dictadura.
La misma semana, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, se presentó ante un comité de Naciones Unidas y aprovechó esa tribuna para minimizar la magnitud de los crímenes del terrorismo de Estado y acusar a los organismos de “falsear la verdad”. Una actitud que consolida el rumbo del Ejecutivo: reinstalar la teoría de los dos demonios, empatar responsabilidades y deslegitimar a quienes llevan décadas reconstruyendo la memoria colectiva.
La investigación contra Coré expone la dimensión real del proyecto en marcha. Si la justicia confirma que hubo una orden deliberada para destruir documentación vinculada a los crímenes del Estado, quedará demostrado que la reivindicación oficial de las Fuerzas Armadas no es simbólica ni retórica: es operativa. Y que detrás del discurso negacionista hay acciones concretas para suprimir, adulterar o enterrar pruebas de uno de los capítulos más oscuros de la historia argentina.
En un país que aún busca a más de 300 personas apropiadas, y donde las causas de lesa humanidad siguen revelando nuevas responsabilidades, la preservación documental no es una formalidad: es un deber democrático. Lo que intentó hacer Coré —y lo que su gobierno habilita— no es otra cosa que un ataque directo a la memoria, la verdad y la justicia. Un intento desesperado de reescribir la historia a golpe de trituradora.
Pero el blindaje judicial y político que busca el oficialismo encuentra un límite en la sociedad y en el Poder Judicial que aún resiste. La denuncia avanza y la responsabilidad pesa. Lo que está en juego no es un archivo ni una mudanza: es la continuidad de un pacto democrático que, desde 1983, se sostuvo sobre una premisa básica e irrenunciable: Nunca Más.
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