Mientras la Justicia estadounidense evalúa bloquear o restringir billeteras asociadas al colapso de la criptomoneda $LIBRA, al menos US$9 millones fueron drenados de una billetera “multisig” identificada como “Milei”. La operación se produjo en paralelo a movimientos masivos orientados a volver irrastrables fondos por casi US$100 millones. La maniobra vuelve a exponer la fragilidad, el oscurantismo y la falta de controles que rodean a un caso que incomoda al gobierno de Javier Milei.
La trama del caso $LIBRA volvió a encender todas las alarmas internacionales tras una operación que, por sí sola, reabre interrogantes sobre la trazabilidad de decenas de millones de dólares vinculados a la criptomoneda promocionada por empresarios cercanos al universo político de Javier Milei. Nueve meses después de quedar inmóvil, una billetera “multisig” etiquetada en las plataformas como “Milei” ejecutó una transferencia por 69.000 SOL —una criptomoneda altamente líquida equivalente a unos US$9 millones— hacia billeteras y exchanges más opacos, lo que inmediatamente generó sospechas de intento de borrado del rastro digital. El movimiento, detectado por el especialista Fernando Molina, se produjo en el peor momento posible para los operadores del ecosistema $LIBRA: justo cuando la Justicia de Estados Unidos evalúa congelar fondos o imponer límites para garantizar su trazabilidad.
Este retiro millonario, que no surge de rumores ni de operaciones cruzadas sino de registros blockchain públicos, impacta de lleno en la percepción pública de un caso que desde febrero empuja a la administración Milei hacia una zona incómoda, densa y políticamente corrosiva. Porque si bien el gobierno insiste en desligarse del proyecto $LIBRA, cada nueva filtración expone un entramado que coloca a figuras cercanas al Presidente en el centro de un esquema financiero opaco que generó decenas de millones de dólares en horas y se derrumbó en cuestión de minutos, dejando rastros que ahora investigan tribunales estadounidenses.
El movimiento de la billetera “Milei” también reaviva la pregunta que sobrevuela desde aquel 14 de febrero, cuando la memecoin estalló y se evaporó su promesa de “revolución digital”: ¿de quién es realmente el dinero? En las horas posteriores al colapso, el empresario estadounidense Hayden Mark Davis llegó a jactarse públicamente de que los fondos eran “del Gobierno de la Argentina” o incluso “de la Argentina”. Para cualquier país, una declaración así requeriría explicaciones rápidas, contundentes y transparentes. Pero el gobierno de Milei eligió el silencio, una actitud que solo incrementa la sospecha de que la trama $LIBRA no es un fenómeno lateral sino una operación que roza, incomoda y atraviesa a sectores del oficialismo.
Más aún: la transferencia coincide con la ofensiva judicial impulsada por Burwick Law, el bufete que representa a damnificados de $LIBRA en una demanda colectiva (class action) en Manhattan. En su presentación ante la jueza federal Jennifer Rochon, los abogados reclamaron una medida de emergencia para impedir que los acusados “aprieten el botón nuclear” y conviertan fondos rastreables en criptomonedas de privacidad como ZCash, diseñadas específicamente para borrar la huella digital de origen y destino. El monto que podría desaparecer del radar judicial, según el escrito presentado en Nueva York, ascendería a US$94,5 millones.
Para sustentar su advertencia, Burwick Law presentó un peritaje forense que confirma que el 16 de noviembre se ejecutó una “prueba de fuga”: una billetera vinculada al equipo de $LIBRA convirtió 1,36 millones de tokens a SOL y los transfirió, en menos de dos minutos, a una dirección blindada de ZCash mediante el protocolo NEAR Intents. El perito David Goldman fue categórico: “El rastro termina y los activos se vuelven permanentemente inrastreables”. Esa frase resume una maniobra típica de estructuras diseñadas para evadir controles, pero resulta particularmente explosiva cuando uno de los nodos de ese ecosistema aparece rotulado como “Milei”.
La escalada continuó el martes pasado, cuando la “Exit Wallet 1” y la billetera del “Deployer” del proyecto comenzaron a liquidar posiciones masivas en la stablecoin USDC para pasarse a SOL, una red que por su descentralización y velocidad es más difícil de bloquear. En apenas horas, la “Exit Wallet 1” ejecutó 37 transacciones para convertir US$44,6 millones y la billetera del “Deployer” transformó otros US$17 millones. La magnitud de esos movimientos sería suficiente para desatar sospechas en cualquier tribunal: se trata de cifras siderales, coordinadas y realizadas en un contexto judicial adverso. Lo que agrava el escenario es un dato técnico que destaca el peritaje: la “Exit Wallet 1” es una billetera multifirma, lo que implica que cada operación requirió la aprobación simultánea de al menos dos de los tres operadores habilitados. Nada de improvisación: esto es coordinación.
La aparición de la billetera “Milei” en escena eleva la tensión política y judicial del caso. Según los registros analizados por Molina, esa dirección giró fondos hacia otra billetera identificada como “oHtMM”, que a su vez envió dinero hacia la billetera “2B7NY” en tandas pequeñas —una técnica habitual para dificultar el seguimiento— antes de convertirlos nuevamente a USDC y transferirlos mediante deBridge hacia otra blockchain donde el rastro se evapora. No solo se trata de una maniobra sofisticada, sino también de la primera vez que se detecta un movimiento concreto desde las multisig vinculadas a la “familia” del proyecto, tal como señaló el propio experto. Esa “primera vez” se produce, casualmente, cuando la Justicia de Estados Unidos se encuentra a días de tomar decisiones clave sobre posibles congelamientos.
La defensa de Hayden Davis y Benjamin Chow rechazó la solicitud de Burwick Law, calificándola de “falaz” y asegurando que se trata de un intento reiterado de forzar un congelamiento de fondos. Pero el contexto ha cambiado: antes, las billeteras permanecían inmóviles; ahora, movimientos por decenas de millones comenzaron a fluir en direcciones orientadas a borrar el rastro. La jueza Rochon, que en ocasiones previas negó pedidos similares, tendrá frente a sí un escenario distinto, respaldado por pruebas técnicas y operaciones verificables.
Para el gobierno de Javier Milei, el caso $LIBRA se convirtió en una mancha difícil de borrar. Aunque el oficialismo insiste en despegar al Presidente de la trama, la aparición del apellido “Milei” en una billetera no puede ser reducida a una simple coincidencia. Es imposible ignorar que en febrero empresarios ligados al proyecto participaron del Tech Forum donde compartieron escenario con Milei. Tampoco puede pasarse por alto que el propio Davis afirmó en una entrevista que el dinero pertenecía “a la Argentina”. Y aun si todas esas conexiones fuesen inconsistentes o exageradas, la reacción del gobierno —o la ausencia de ella— termina siendo un elemento político en sí mismo.
El problema para el oficialismo no es solo la dimensión judicial del caso, sino el daño institucional que supone que millones de dólares asociados a una criptomoneda promocionada por empresarios cercanos al gobierno circulen a través de esquemas destinados a volverlos invisibles. En un país que enfrenta una crisis económica aguda, con inflación persistente y salarios pulverizados, la imagen de fondos gigantescos moviéndose en la sombra es, como mínimo, una provocación. Pero además, es un recordatorio de que el ecosistema cripto no es un territorio neutral: puede ser usado para innovar o para ocultar. Y cuando aparece vinculado —aunque sea indirectamente— a figuras de poder político, la responsabilidad institucional se multiplica.
Este episodio vuelve a demostrar que el caso $LIBRA no es un accidente menor ni el delirio de un puñado de especuladores sino un escándalo financiero que se mueve en paralelo al corazón del poder político argentino. La reactivación de la billetera “Milei” en medio de una ofensiva judicial en Estados Unidos expone, por enésima vez, la precariedad de los argumentos oficiales. El gobierno podría despejar dudas con transparencia: auditorías públicas, explicaciones claras, deslindes institucionales. Pero elegir el silencio mientras los fondos se fugan solo alimenta la percepción de que hay algo que no quieren que se sepa.
La Justicia estadounidense deberá decidir ahora si congela los fondos o si permite que los operadores sigan drenando esas billeteras hasta convertirlas en un desierto digital sin rastro alguno. Para quienes esperan verdad y justicia, el tiempo corre. Y cada nueva transacción registrada en blockchain parece un paso más hacia la desaparición definitiva de millones de dólares que alguna vez circularon bajo la promesa de una “revolución cripto” que terminó estallando en la cara de todos.
Fuente:
La Nación – “Caso $LIBRA: tras nueve meses sin movimientos, sacaron US$9 millones de una billetera virtual”
https://www.lanacion.com.ar/politica/caso-libra-tras-nueve-meses-sin-movimientos-sacaron-us9-millones-de-una-billetera-virtual
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