Informe: Milei y su hermana acorralados por el 3% ¡Todo está escrito en un cuaderno!

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Los registros manuscritos, los audios, los movimientos de dinero en efectivo, las visitas fuera de protocolo y el direccionamiento de compras en la Agencia Nacional de Discapacidad conforman un cuadro que golpea de lleno al oficialismo. Mientras el Gobierno niega, victimiza o guarda silencio, las anotaciones de Calvete y la operatoria revelada por Alán Barroso exhiben una estructura que saqueó recursos destinados a las personas con discapacidad y que deja a Javier y Karina Milei cada vez más cercados por las pruebas.

La historia que atraviesa a la Agencia Nacional de Discapacidad desde la llegada de Javier Milei al poder se volvió, con el paso de los meses, un espejo incómodo del Gobierno que prometió terminar con “la casta” y que aseguraba traer “transparencia absoluta”. Sin embargo, en el corazón de ese mismo Estado que juraron limpiar, creció una maquinaria de corrupción que no solo manejó cifras astronómicas, sino que además dejó un rastro de sufrimiento real: personas sin tratamientos médicos, compras direccionadas, sobreprecios delirantes y una estructura paralela que funcionaba como un feudo privado. Todo esto quedó expuesto en una prueba que, según el youtuber y analista político Alán Barroso, acerca como nunca antes a Javier y Karina Milei a una posible condena judicial.

El eje se encuentra en los cuadernos manuscritos de Miguel Ángel Calvete, el lobista central del esquema. No era funcionario, pero actuaba como si lo fuera. Tenía contactos, acceso privilegiado, ingerencia directa y una incidencia determinante en la operatoria de la ANDIS. En esos cuadernos, pegados incluso en la heladera de su casa, aparecen nombres, cifras, porcentajes, iniciales en clave y hasta pedidos de dinero explícitos. Entre esas iniciales, una resalta como un golpe seco: KM, la abreviatura de Karina Milei, la hermana del Presidente de la Nación y figura más poderosa del armado libertario.

Barroso detalla que estas anotaciones ya forman parte del dictamen del fiscal Franco Picardi, quien reconstruye el mecanismo de corrupción y lo describe en tres niveles perfectamente sincronizados. En la cúspide, Diego Español —ex abogado personal de Milei— y su segundo, Daniel Garbellini, dirigían desde adentro el funcionamiento real del organismo. En un segundo plano, pero con enorme influencia, actuaban operadores paraestatales como Calvete y Pablo Achavayán, quienes, sin cargo formal, operaban como directores de facto. En la base, un grupo reducido de empresas farmacéuticas —Profarma, Génesis, Newufarma, Floresta— eran las beneficiarias exclusivas en las compulsas de compras reducidas, el circuito que generaba los retornos multimillonarios.

El sistema mezclaba cinismo y eficiencia criminal. Se crearon dos circuitos de adquisición de medicamentos: uno regular, con oferta amplia, para simular transparencia; y otro restringido, donde solo participaban las empresas bendecidas por los operadores. Allí los sobreprecios llegaban al 2000%. No era un error contable ni una torpeza burocrática: era una sustracción sistemática de fondos públicos destinados a tratamientos de alta complejidad para personas con enfermedades raras.

Los audios atribuidos a Español —que luego intentó desmentir afirmando que eran “inteligencia artificial”— describen el mecanismo con la naturalidad de quien ha repetido la operatoria demasiadas veces. En esos audios afirma que “Karina Milei es una coimera” y asegura haber hablado del tema con el propio Javier Milei. Barroso señala que incluso si alguien creyera el insólito argumento de la manipulación digital, los cuadernos de Calvete desmontan cualquier defensa. Allí aparecen montos, porcentajes y registros que coinciden con lo que se escucha en las grabaciones.

El cuaderno menciona frases tan elocuentes como “el pelado necesita cinco palos para el viaje a Israel”, en referencia a Español. También se mencionan porcentajes del 3%, 5% y 8% para distintos actores del esquema, y el ya mencionado “3% para KM” al que la propia hija de un involucrado, Orneya, aprobaba en un chat con su padre.

Los allanamientos fueron un punto de inflexión. En la casa de Ornella Calvete, funcionaria del Ministerio de Economía hasta días antes de las detenciones, encontraron alrededor de 700 mil pesos en efectivo. En otra vivienda vinculada al núcleo familiar, montos similares. Además, una máquina de contar billetes incautada en una propiedad usada por Español sepultó definitivamente la excusa del “montaje digital”.

El saqueo, según Barroso, rondaría los 43 mil millones de pesos. No solo se trataba de facturas truchas o direccionamientos. Había un segundo circuito para blanquear el dinero ilícito. Aran Pocoví —hijo del exmarido de Zulemita Menem— recibía efectivo y lo convertía en criptomonedas. Sergio Mastroprieto emitía facturas vinculadas a vuelos ficticios. Garbellini remodeló su casa con un nivel de gasto imposible de justificar con su salario de funcionario. Las conexiones, lejos de ser casuales, mostraban una telaraña compacta donde nombres propios y empresas se repetían con una constancia perturbadora.

En paralelo, mientras este circuito enriquecía a funcionarios, operadores y empresarios cercanos al oficialismo, el Gobierno avanzaba con recortes brutales sobre los mismos sectores que debía proteger. Según Barroso, la administración Milei revisaba pensiones por invalidez, suspendía tratamientos médicos y dejaba sin medicamentos vitales a miles de personas con discapacidad. El contraste entre la crueldad de las políticas y la obscenidad del saqueo es tan evidente que el propio analista lo resume como “la crueldad más absoluta como política de Estado”.

El silencio del Gobierno fue, para Barroso, tan elocuente como las pruebas. Milei guardó silencio durante 24 horas. Luego despidió “preventivamente” a Español, en un gesto de supervivencia política más que de convicción ética. Acto seguido, el oficialismo retomó la narrativa de victimización: todo sería “una opereta de la oposición”, “difamaciones” en un año electoral, “ataques” para frenar las reformas. Sin embargo, lo que no pudieron explicar fueron las 38 visitas de Español a la Quinta de Olivos. Era el cuarto visitante más frecuente del Presidente, superado solo por su community manager, su economista de cabecera y una amiga personal.

Mientras la investigación avanza, queda un daño que no se puede revertir: el de miles de personas con discapacidad que fueron privadas de un sistema público de salud que las protegiera, mientras otros se enriquecían con el 3%. El de la credibilidad institucional, evaporada por completo ante un Gobierno que prometió ética y terminó sosteniendo una estructura de corrupción grotesca, escrita en cuadernos como si fuera un manual de saqueo. Y el de la democracia, herida cuando quienes juraron refundar la República repiten los métodos más oscuros del poder que decían combatir.

Barroso concluye que el Gobierno Milei se desmorona desde adentro. No por “operetas”, sino porque las pruebas son abrumadoras, porque los implicados se pisan entre sí y porque cada página escrita por Calvete parece una confesión. En ese derrumbe, el Presidente solo atina a mirar para otro lado y repetir una frase temblorosa: “Espero que no caiga mi hermana”. Pero las investigaciones ya la rozan y, según el analista, podría ser demasiado tarde para frenar el impacto.

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