Un nuevo escándalo sacude a la provincia de Santa Fe tras la difusión de un informe periodístico de TN que expone un presunto desvío de 4.000 millones de pesos desde la Agencia Provincial de Prevención de Consumo de Drogas (APRECOD) hacia organizaciones evangélicas vinculadas al espacio político aliado del gobernador Maximiliano Pullaro. La denuncia, amplificada rápidamente en redes sociales, apunta a un mecanismo de transferencia de fondos públicos a asociaciones creadas pocos meses antes y sin experiencia en prevención de adicciones.
El informe liderado por Luciana Geuna detalla que varias de estas entidades surgieron entre febrero y marzo de 2025 y, aun así, recibieron montos millonarios mediante convenios directos y sin controles claros. Uno de los casos más llamativos es el de Rockas Vivas, una asociación civil constituida en marzo de este año y que, según TN, obtuvo más de 900 millones de pesos. Su presidenta, Laura Ruth Callejas, está ligada políticamente al partido evangélico UNO, fuerza que integra la coalición del oficialismo provincial.
La investigación también vincula el reparto de recursos al pastor y dirigente político Walter Ghione, referente de UNO y aliado tanto de Pullaro como del presidente Javier Milei. Según la denuncia, este armado político-religioso habría concentrado la mayor parte de los fondos destinados originalmente a campañas y programas de prevención del consumo problemático.
No es la primera vez que Pullaro enfrenta cuestionamientos por asignaciones polémicas. En los últimos dos años salieron a la luz transferencias a entidades recientemente formadas o sin antecedentes, incluyendo un caso de 1.000 millones de pesos a una organización relacionada al diputado evangélico Amado “Pajarito” Gutiérrez.
El posteo que reavivó la discusión, publicado por la cuenta @ArrepentidosLLA, subraya lo que denominan una “doble vara” en el tratamiento mediático y político: denuncian que, al tratarse de un gobernador aliado del oficialismo nacional, el tema podría diluirse rápidamente sin una investigación profunda. Mientras tanto, desde la administración santafesina aseguran que se trata de “colaboraciones legítimas” con organizaciones comunitarias, aunque aún no respondieron a las inconsistencias reveladas por el informe.
La controversia crece y el caso podría derivar en pedidos formales de auditorías provinciales y explicaciones públicas. Por ahora, el silencio del gobierno de Santa Fe no hace más que alimentar las sospechas sobre el destino real de los fondos destinados a combatir el consumo problemático en la provincia.
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