El fallo exprés de la Corte Suprema obliga a De Vido a presentarse en Comodoro Py sin abrir el expediente y con falta de fundamentación

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Este jueves a las 8.30 de la mañana, Julio De Vido deberá presentarse en los tribunales de Comodoro Py para cumplir la pena de cuatro años de prisión dictada por el Tribunal Oral Federal 4 por administración fraudulenta en la causa Once. La orden llega después de que la Corte Suprema resolviera dejar firme la sentencia sin abrir el expediente y sin revisar los argumentos de ninguna de las partes, aplicando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. Fue un rechazo automático, prácticamente mecánico, que volvió a dejar sobre la mesa las críticas sobre el funcionamiento del Máximo Tribunal en un país donde la justicia suele moverse, casualmente, según el clima político dominante.

El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, no analizó pruebas, no evaluó el proceso ni argumentó por qué consideraba correcto lo resuelto por el TOF 4 en 2018. Simplemente declaró los recursos «inadmisibles». Ese recurso al artículo 280 —una herramienta que permite al tribunal no dar explicaciones— volvió a poner en escena un mecanismo que en los hechos termina consolidando condenas sin deliberación pública. Y la decisión llega en un momento en el que el gobierno de Javier Milei promueve una narrativa de mano dura judicial selectiva, donde algunas causas se aceleran y otras se envuelven en el manto de la protección política.

Mientras tanto, el Tribunal Oral Federal 4 rechazó el pedido de arresto domiciliario presentado por la defensa del ex ministro. A pesar de ese revés, el abogado Maximiliano Rusconi confirmó que De Vido se presentará en los tribunales federales, acatando la orden que se desprende de un fallo de la Corte que, paradójicamente, ya no admite discusión ni revisión. No porque el tribunal haya considerado exhaustivamente los planteos, sino porque decidió ni siquiera entrar al fondo del asunto.

La condena que ahora se ejecutará —por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública— se desprende del análisis del manejo de fondos destinados a la concesionaria TBA. En 2018, el tribunal había concluido que De Vido no ejerció un debido control, aunque lo absolvió del delito de estrago culposo vinculado directamente a las muertes de las 51 personas que perdieron la vida en la tragedia de Once. El punto central de la sentencia se basó en su rol como ministro responsable de supervisar la utilización de los recursos públicos.

Sin embargo, lo que hoy vuelve a discutirse no es la figura penal aplicada, sino el procedimiento mediante el cual la Corte decidió cerrar definitivamente la causa. La ausencia total de fundamentos, la negativa a revisar los argumentos de la defensa y la aplicación automática del artículo 280 ocurren en un contexto político en el que el Poder Judicial parece alinearse, por acción u omisión, con el clima que instala la administración de Javier Milei: un clima de disciplinamiento, señalamientos, juicios mediáticos y aleccionamientos simbólicos a figuras del pasado político.

La pregunta que surge inevitablemente es si la Corte actuó bajo criterios estrictamente jurídicos o si su silencio argumentativo es funcional a un escenario donde el Gobierno promueve una narrativa de castigos selectivos. Mientras Milei dinamita instituciones, desprecia la división de poderes y promueve un ajuste que deja a millones en situación de vulnerabilidad, el Máximo Tribunal parece elegir el camino de la comodidad: reafirmar condenas sin explicar nada, sin asumir el debate y sin mostrar disposición a sostener la transparencia que requiere cualquier decisión de esta magnitud.

Las críticas no apuntan a exculpar a De Vido ni a relativizar la tragedia del 22 de febrero de 2012. Ese dolor sigue intacto. Pero la justicia debe ser justicia, no una coreografía prediseñada por los tiempos políticos. Y un fallo sin fundamentos, en un tema de semejante gravedad institucional, exhibe más la debilidad del sistema judicial que su fortaleza.

En esta coyuntura, el Gobierno Milei mira hacia otro lado. Su agenda pública está dedicada a desmantelar áreas estatales, desfinanciar organismos, minimizar capacidades de control y trasladar responsabilidades a un mercado que se autoproclama eficiente. En este contexto, la decisión de la Corte Suprema puede ser leída como una señal complaciente hacia el clima político dominante: un castigo rápido, limpio, sin explicaciones, que permite construir una idea falsa de eficiencia judicial mientras se concentra la atención en el pasado para evitar discutir los desastres generados en el presente.

La tragedia de Once expuso fallas estructurales, negligencias estatales y responsabilidades políticas concretas. Pero el modo en que se cierran judicialmente esas causas también debería ser objeto de escrutinio democrático. La ciudadanía merece saber por qué un tribunal confirma una condena sin analizarla, sin argumentarla y sin someterla al debate que un caso de esta magnitud exige. La condena puede ser justa; el proceso, no tanto.

Es imposible no observar que, en plena era Milei, el equilibrio entre poderes está más desdibujado que nunca. El Ejecutivo presiona al Poder Judicial con la lógica del escarnio, del enemigo interno y del “ellos o nosotros”. El Congreso se encuentra paralizado o condicionado por el mismo discurso. Y la Corte Suprema, lejos de fortalecer su rol institucional con fallos sólidos y argumentados, prefiere eludir la discusión y ampararse en un artículo que legitima la opacidad.

La defensa de De Vido planteó recursos, objeciones y argumentos. El Ministerio Público Fiscal, también. Pero nada de eso fue siquiera considerado. La Corte ni siquiera explicó por qué ambos planteos eran “inadmisibles”. Y ese punto es el que despierta más cuestionamientos: la justicia no solo debe ser imparcial, sino también transparente.

En un país gobernado por un presidente que declara abiertamente su desprecio por la política, que recorta funciones esenciales, que desfinancia áreas críticas y que coloca a la población en un estado de incertidumbre permanente, una Corte que elige el silencio argumentativo se convierte en un actor peligroso. No por lo que decide, sino por lo que evita explicar.

La causa Once no debe ser utilizada como trofeo político ni como instrumento para validar discursos de odio o de revancha. La búsqueda de justicia para las víctimas exige responsabilidad, seriedad y transparencia. Todo lo contrario a un fallo que ni siquiera dedica una línea a las razones por las cuales desestima los recursos.

Este jueves, Julio De Vido se presentará en Comodoro Py para hacer efectiva su detención. Y mientras esa imagen se instale en la opinión pública, el trasfondo institucional seguirá siendo inquietante: un Poder Judicial que, lejos de fortalecer la democracia, se repliega en decisiones opacas, funcionales a un clima político donde la arbitrariedad se vuelve norma.

El país necesita justicia, no gestos simbólicos ni resoluciones automáticas. Y necesita una Corte que explique, que debata, que fundamente. Una Corte que no actúe como si la transparencia fuera opcional. Porque cuando el tribunal más importante de la Argentina decide sin decir nada, el efecto no es la certeza: es la sospecha.