El ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa confirmó que los jefes de la Unidad Regional Norte fueron dados de baja tras comprobarse que utilizaban internos y agentes policiales para la construcción de viviendas privadas. El gobernador Osvaldo Jaldo ordenó sumarios y un informe urgente sobre todas las regionales.
El escándalo estalló con una denuncia anónima que derivó en una investigación interna del Ministerio de Seguridad de Tucumán. Lo que comenzó como un rumor terminó confirmándose: presos y agentes de la fuerza provincial eran utilizados como mano de obra para levantar viviendas particulares de miembros de la policía. Un hecho de extrema gravedad institucional que expone las raíces más oscuras del poder policial y pone bajo la lupa la cadena de mando. El propio ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, reconoció públicamente que el gobernador Osvaldo Jaldo ordenó una auditoría completa sobre las regionales policiales y las unidades especiales. En declaraciones reproducidas por La Gaceta, Agüero Gamboa admitió que “es una mancha para la institución” y confirmó la detención del jefe de la Unidad Regional Norte, junto a la baja inmediata del segundo jefe y del comisario de la localidad de Chucha. Ambos fueron desplazados “por la gravedad del hecho”.
Según el funcionario, la denuncia fue investigada con discreción hasta corroborar los hechos. En el operativo de verificación, la Fiscalía de Delitos Complejos secuestró libros de guardia, documentación interna y herramientas de trabajo utilizadas por los detenidos. La investigación constató que los reclusos, que se encontraban bajo condena, eran trasladados desde los penales para realizar tareas de construcción en una vivienda particular perteneciente a un miembro de la fuerza policial. En algunos casos, también participaban agentes bajo órdenes jerárquicas, configurando una estructura de abuso sistemático.
“Todo dentro de la ley, nada fuera de la ley”, insistió Agüero Gamboa, intentando marcar distancia política con los responsables directos. Sin embargo, el tono de sus declaraciones también reveló la magnitud del golpe institucional: “sabemos que fue un golpe muy fuerte para la Policía, es una mancha para una institución que venía trabajando muy bien”. Una frase que, más allá del intento de contención, deja en evidencia el daño a la credibilidad de una fuerza ya cuestionada por sus métodos y su historial de violencia institucional.
El caso expone algo más que un episodio aislado: el uso ilegal de personas privadas de su libertad como trabajadores esclavizados al servicio de funcionarios públicos. No se trata solo de corrupción administrativa, sino de violaciones a derechos humanos dentro del propio Estado provincial. La pregunta que surge es inevitable: ¿cómo fue posible que una práctica de esta magnitud se desarrollara sin que nadie en la cadena de mando lo advirtiera? El ministro reconoció que se encuentran en curso entre 10 y 11 sumarios administrativos, pero no descartó nuevas medidas. La continuidad o desplazamiento de los jefes regionales dependerá de los informes que deben elevarse hoy al gobernador. En otras palabras, Jaldo evalúa una depuración forzada de la cúpula policial, empujado por la evidencia y la presión mediática.
El problema, sin embargo, va más allá de nombres. Se trata de un modelo de impunidad estructural que ha permitido durante años la existencia de redes de favores, encubrimientos y poder corporativo dentro de la fuerza. Una institución que, en lugar de ser garante de la ley, terminó utilizando los recursos humanos del sistema penitenciario para beneficio personal. El traslado irregular de los presos fue confirmado por el propio ministro: los internos fueron llevados al penal de Benjamín Paz, donde continuarán cumpliendo sus condenas. La investigación judicial deberá determinar si existió coacción laboral, privación ilegítima de la libertad o violación de deberes de funcionario público.
El discurso oficial intenta deslindar responsabilidades políticas: Agüero Gamboa sostuvo que tanto el jefe como el subjefe de la Policía “fueron también defraudados” por los mandos intermedios. Sin embargo, esa explicación suena débil frente a la magnitud del hecho. En una estructura jerárquica como la policial, los mandos intermedios no actúan en la sombra: su accionar está sujeto a controles permanentes. El argumento de la “defraudación” solo profundiza la sensación de encubrimiento y la falta de control institucional. Detrás de las declaraciones de “compromiso con la sociedad”, late un problema estructural: la connivencia entre el poder político y las fuerzas de seguridad. Tucumán, como otras provincias, arrastra décadas de denuncias por corrupción policial, apremios ilegales, participación en redes delictivas y manejos paralelos de fondos. Este caso se inscribe en esa continuidad: un sistema corporativo que funciona con autonomía de hecho, donde los controles internos son meramente formales.
La respuesta del gobierno tucumano intenta contener el daño, pero no alcanza para disipar el impacto público. El escándalo no solo desnuda el uso ilegal de presos, sino que sacude la legitimidad del propio Ministerio de Seguridad. El hecho de que los jefes involucrados ocuparan cargos de confianza directa compromete también a la administración política. La cadena de mando no puede presentarse como ajena a un sistema que reproduce prácticas autoritarias bajo el discurso del orden. Mientras el ministro promete “seguir trabajando fuerte” y el gobernador solicita informes “para decidir la continuidad o no de la plana mayor”, la sociedad tucumana asiste a un nuevo capítulo de impunidad institucional. Los discursos de “mano dura” y “seguridad ciudadana” quedan deslegitimados cuando se conoce que los mismos encargados de hacer cumplir la ley la violaban en beneficio propio.
Este episodio no solo erosiona la imagen de la Policía, sino que golpea la confianza pública en todo el sistema de seguridad provincial. La “mancha” que el ministro menciona no se borra con sumarios administrativos: exige transparencia, sanción y una revisión profunda de las estructuras de poder policial que, amparadas en el uniforme, operan por fuera de la ley. El uso de presos y agentes para fines privados constituye una violación directa a los derechos humanos, un abuso de poder y una muestra alarmante de descomposición institucional. En un contexto nacional de creciente autoritarismo policial, el caso Tucumán se vuelve emblemático: cuando las fuerzas del Estado confunden autoridad con impunidad, la democracia se resquebraja desde sus cimientos.
Deja una respuesta