Alejandro Maraniello, el juez civil y comercial federal que semanas atrás había ordenado la censura de los audios de Karina Milei, volvió a ser noticia por una decisión que expone la doble vara con la que ciertos sectores del poder judicial intentan blindarse ante la opinión pública. Esta vez, el magistrado solicitó que la Justicia prohíba difundir información sobre las denuncias por acoso sexual, maltrato laboral y abuso de poder que enfrenta en el Consejo de la Magistratura, alegando ser víctima de una supuesta “campaña difamatoria” que —según él— afecta su honor y el ejercicio de la magistratura.
El pedido de Maraniello no fue una mera expresión de malestar: se trató de una presentación formal ante los tribunales para intentar bloquear toda información relacionada con las cinco causas que lo investigan por conductas inapropiadas en el ejercicio de su cargo. Sin embargo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil rechazó su planteo de manera categórica. En un fallo contundente, los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset recordaron que “no puede discutirse que la libertad de expresión es la piedra angular de la existencia misma de una sociedad democrática”. La resolución, lejos de pasar desapercibida, reafirmó un principio básico: los jueces, como cualquier otro funcionario público, están sujetos al escrutinio ciudadano y a la mirada crítica de la prensa.
La decisión del tribunal cobra un significado aún mayor si se recuerda que fue el propio Maraniello quien, hace apenas unas semanas, había dictado una medida cautelar para impedir la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei. En aquel momento, su fallo fue duramente cuestionado por especialistas en derecho constitucional, periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de prensa, que lo calificaron como un claro acto de censura previa. El juez ordenó frenar la publicación del material sin haber escuchado su contenido, basándose únicamente en la presentación de la hermana del presidente, que argumentaba la violación de su intimidad. La decisión provocó un repudio generalizado porque reinstalaba una práctica incompatible con los principios democráticos: impedir a la prensa informar sobre asuntos de interés público.
Ahora, Maraniello intenta usar el mismo tipo de argumento que benefició a la funcionaria más poderosa del entorno presidencial para protegerse a sí mismo. El paralelismo es inevitable: el juez que limitó el acceso a la información sobre la familia Milei busca, a su vez, silenciar las investigaciones que lo comprometen. Detrás del relato de la “campaña difamatoria” se esconde el intento de blindarse frente a denuncias graves que, según los registros del Consejo de la Magistratura, se acumulan en su contra desde hace años.
Los expedientes revelan al menos cinco causas activas por acoso sexual y laboral, abuso de poder y mal desempeño. Una de ellas fue impulsada por una exempleada de su juzgado, que relató públicamente episodios de hostigamiento y persecución. Otra denuncia describe un patrón de comportamiento autoritario y degradante con el personal administrativo, junto con presuntas maniobras irregulares en el manejo de recursos. Lejos de ser un caso aislado, el expediente de Maraniello forma parte de una serie de presentaciones que, hasta ahora, el Consejo de la Magistratura mantiene bajo análisis.
El intento de censurar esas causas abre un debate de fondo sobre la transparencia judicial y el derecho a la información. No se trata de un conflicto privado, sino de un asunto de interés público: el comportamiento de un juez federal que toma decisiones sobre los derechos de los ciudadanos. En ese contexto, pretender ocultar las denuncias que lo involucran constituye una amenaza directa al principio de rendición de cuentas que debería regir para todos los funcionarios del Estado.
La Cámara Civil, al rechazar el pedido, no solo defendió la libertad de prensa, sino también la integridad institucional del sistema democrático. La decisión recuerda que ningún juez puede invocar el derecho al honor para suprimir la circulación de información veraz o de interés público. En otras palabras, el fallo marca un límite: la Justicia no puede ser utilizada como escudo personal por quienes forman parte de ella.
La figura de Maraniello se ha vuelto, en las últimas semanas, un símbolo de cómo el poder judicial puede actuar con una lógica corporativa para protegerse a sí mismo mientras ejerce una autoridad restrictiva sobre los demás. En la causa de los audios de Karina Milei, el juez actuó con rapidez para garantizar el silencio mediático; en las denuncias que lo alcanzan, pretende ahora ampararse en la misma justicia para borrar rastros y evitar el escrutinio público. Este doble estándar revela una preocupación más profunda: la existencia de un poder que se cree por encima de la ley y del derecho ciudadano a saber.
El caso, además, vuelve a poner sobre la mesa la relación entre el gobierno de Javier Milei y el Poder Judicial. Desde que el libertario llegó a la Casa Rosada, se ha consolidado un entramado de favores y afinidades entre funcionarios judiciales y el Ejecutivo, muchas veces bajo el manto de la “lucha contra la casta”. En ese marco, la figura de Maraniello parece representar el reverso perfecto de la narrativa oficial: un juez que censura, se victimiza y busca acallar las voces que lo cuestionan.
La decisión de la Cámara Civil de desestimar su reclamo es, en ese sentido, una bocanada de aire para el periodismo y un recordatorio de que el silencio judicial no puede imponerse sobre el derecho a la verdad. Pero también deja una advertencia: los intentos de restringir la información pública no son hechos aislados, sino parte de una tendencia preocupante que atraviesa el actual clima político.
La transparencia, la rendición de cuentas y la libertad de expresión son principios inseparables. Cuando un juez busca restringirlos en nombre de su “honor”, lo que está en juego no es solo su reputación, sino la salud misma de la democracia. En tiempos en que la censura se disfraza de legalidad y los discursos oficiales promueven la opacidad, defender el derecho a informar se vuelve una tarea urgente y esencial.
La historia reciente demuestra que toda forma de censura, tarde o temprano, se derrumba frente a la fuerza de los hechos y la memoria pública. Por eso, el intento de Maraniello no solo fracasa en lo jurídico, sino que también lo condena en el terreno simbólico: el juez que quiso callar a la prensa ahora debe enfrentar la voz de una sociedad que no está dispuesta a ser silenciada.
Fuentes:
Clarín – “El juez que prohibió difundir los audios de Karina Milei ahora pidió que no se hable de sus causas”
https://www.clarin.com/politica/juez-prohibio-difundir-audios-karina-milei-pidio-hable-causas_0_baPExaxivZ.html
La Voz de Tandil – “El juez que aceptó censurar los audios de Karina Milei ahora pide bloquear información sobre sus causas”
https://www.lavozdetandil.com.ar/nota-juez-que-acepto-censurar-audios-de-karina-milei-ahora-pide-prohibir-la-difusion-de-datos-sobre-causas-en-su-contra–119990
Infobae – “Críticas al fallo del juez Maraniello por censura previa”
https://www.infobae.com/politica/2025/09/01/la-oposicion-critico-el-fallo-del-juez-maraniello-que-prohibio-publicar-audios-de-karina-milei
La Nación – “El juez que prohibió publicar los audios de Karina Milei tiene nueve denuncias en su contra, cinco por acoso sexual”
https://www.lanacion.com.ar/politica/el-juez-que-prohibio-publicar-los-audios-de-karina-milei-tiene-nueve-denuncias-en-su-contra-cinco-nid01092025
ElDiarioAR – “Vas a llegar: carta pública de una denunciante del juez que prohibió publicar los audios de Karina Milei”
https://www.eldiarioar.com/politica/vas-llegar-carta-publica-denunciante-juez-prohibio-publicar-audios-karina_1_12582315.html
El juez que censuró los audios de Karina Milei ahora pidió bloquear información sobre sus causas
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