El abogado macrista Alejandro Fargosi, vinculado al PRO y a los fondos buitre, fue parte del estudio que litigó contra la Argentina por la expropiación de Aerolíneas Argentinas. Ahora pretende llegar al Congreso como si su pasado no existiera.
Representó intereses extranjeros contra el Estado argentino, se reunió con funcionarios del macrismo para planificar operaciones judiciales y fue beneficiado por decisiones políticas que favorecieron a sus clientes. Detrás del discurso de la “República” y la “transparencia”, se esconde uno de los operadores judiciales más comprometidos con los negocios privados que dañaron al país.
Hay nombres que, con solo ser pronunciados, condensan el ADN del macrismo: negocios privados disfrazados de moral pública, favores judiciales entre amigos, doble discurso sobre la transparencia, y una visión de la política como un trampolín para los negocios. Alejandro Fargosi es uno de ellos. Abogado, operador judicial y autoproclamado “republicano”, su currículum encierra una paradoja: mientras se presenta como defensor del Estado de derecho, su estudio jurídico fue parte de la maquinaria que hizo perder a la Argentina casi 400 millones de dólares ante el tribunal internacional del CIADI.
El caso es paradigmático y debería bastar por sí solo para descalificar cualquier aspiración de Fargosi a ocupar un cargo público. El fallo condenatorio contra el Estado argentino fue impulsado por el estudio que él comparte con su hermano Diego Fargosi. Representaron los intereses de los exdueños privados de Aerolíneas Argentinas —el grupo español Marsans—, que tras vaciar la empresa, se la vendieron al Estado en 2008 dejando un pasivo monumental y un juicio internacional en puerta. Pero lo más grave fue lo que vino después: el juicio fue adquirido por un fondo buitre, y fue patrocinado por el propio estudio Fargosi. En otras palabras, el mismo abogado que representó al PRO en el Consejo de la Magistratura litigó contra su propio país, en defensa de los intereses de especuladores extranjeros que compraron una demanda para enriquecerse a costa del Estado argentino.
El tribunal del CIADI —dependiente del Banco Mundial— dictó sentencia en 2017. El resultado: una condena de casi 400 millones de dólares contra la Argentina. La noticia pasó rápido por los grandes medios, que eligieron mirar hacia otro lado. Pero el entramado detrás de ese fallo revela una de las zonas más oscuras de la relación entre el poder político, el poder judicial y los negocios del macrismo. Porque el estudio Fargosi no actuó solo. Recibió ayuda del propio gobierno de Mauricio Macri, que en una maniobra impúdica nombró como vicepresidente de la aerolínea estatal a Siro Astolfi, socio del estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, justamente el que había iniciado la causa contra la Argentina ante el CIADI.
Sí: el gobierno designó para administrar Aerolíneas Argentinas a un abogado vinculado al mismo bufete que la había demandado años antes. Un caso de puertas giratorias de manual. Mientras tanto, el estudio de Fargosi seguía en contacto permanente con el entorno presidencial. Fuentes judiciales y periodísticas confirmaron que el abogado se reunía con frecuencia en la Casa Rosada con Mauricio Macri, José Torello y Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el prófugo operador judicial del macrismo hoy refugiado en Uruguay.
Estas reuniones no eran inocentes. Según reconstrucciones de medios y fuentes parlamentarias, allí se delineaban estrategias para intervenir en causas judiciales sensibles y para manipular nombramientos y decisiones del Consejo de la Magistratura. Recordemos que Fargosi fue representante del PRO en ese órgano clave de la Justicia durante el gobierno de Macri. Su rol fue determinante en la consolidación de una red judicial afín a los intereses del oficialismo de entonces: camaristas complacientes, fiscales disciplinados y jueces que garantizaban impunidad a los amigos del poder.
Resulta grotesco que alguien con semejante prontuario pretenda hoy obtener votos en nombre de la “defensa de las instituciones”. Porque si algo define la trayectoria de Alejandro Fargosi es la connivencia entre el poder económico concentrado y la política partidaria que lo representa. El mismo hombre que litigó contra el Estado argentino en nombre de un fondo buitre —y que ayudó a vaciar Aerolíneas en manos extranjeras— fue asesor y aliado de quienes después se sentaron en el gobierno a “ordenar” el país bajo la receta del ajuste, el endeudamiento y la entrega.
Su cercanía con el macrismo más rancio no es ningún secreto. Fargosi formó parte de los grupos de abogados que orbitaban alrededor de la Fundación Pensar —la usina ideológica del PRO—, y fue uno de los nombres barajados como posible integrante de la Corte Suprema de Justicia durante la gestión de Macri. Es decir, el mismo abogado que colaboró en que la Argentina perdiera cientos de millones de dólares por un litigio internacional, estuvo a punto de ocupar el máximo tribunal del país al que había perjudicado.
Detrás de su fachada de profesional pulcro y defensor de las instituciones, hay un perfil político que responde a los intereses de los grupos económicos locales e internacionales. Fargosi encarna la lógica de la “puerta giratoria”: hoy litiga contra el Estado, mañana quiere dirigirlo; hoy representa a los buitres, mañana se disfraza de estadista. Pero la memoria colectiva no puede ser tan frágil. Los 400 millones de dólares que la Argentina perdió por su intervención son dinero público, el mismo que falta en hospitales, universidades y jubilaciones.
La ética profesional también queda en entredicho. Un abogado que defiende a su país de la codicia extranjera puede tener errores o controversias, pero un abogado que se alinea con los especuladores contra su propio Estado muestra una escala de valores que debería inhabilitarlo moralmente para cualquier cargo público. Fargosi no solo no mostró arrepentimiento, sino que reivindicó su actuación en el CIADI como un “acto de defensa de los derechos de propiedad”. La misma retórica que utilizan los fondos buitre para justificar sus ataques a las economías soberanas.
Su paso por el Consejo de la Magistratura también fue un reflejo de su forma de entender la política: corporativa, opaca y autorreferencial. Desde allí, defendió a jueces cuestionados por vínculos con el poder y resistió todo intento de democratizar el Poder Judicial. Su discurso “republicano” sirvió de escudo para consolidar una casta judicial funcional a los negocios del macrismo.
La candidatura de Fargosi es, en ese sentido, un síntoma más del reciclaje de las viejas estructuras del poder. El macrismo intenta reinventarse bajo distintos sellos, pero sus nombres y sus prácticas son los mismos. Los operadores judiciales, los lobistas financieros y los abogados de las corporaciones buscan volver a ocupar espacios institucionales para garantizar que nada cambie. Y Alejandro Fargosi es uno de los exponentes más acabados de esa estrategia: el abogado del establishment que se viste de defensor del pueblo mientras negocia con quienes desangran al país.
Hoy, tanto Alejandro Fargosi como Patricia Bullrich figuran como candidatos por La Libertad Avanza, el espacio que dice representar la “antipolítica” y la “renovación”, pero que en los hechos recicla los mismos nombres que protagonizaron los años más oscuros del macrismo. Fargosi, el abogado que hizo perder al país 400 millones de dólares; y Bullrich, la ministra que reprimió, ajustó y ahora promete “mano dura” desde la alianza con Javier Milei. Ambos simbolizan la fusión perfecta entre la vieja derecha empresarial y el nuevo marketing libertario.
La pregunta que debería hacerse cualquier ciudadano antes de votar es sencilla: ¿puede alguien que ayudó a condenar a la Argentina en un juicio internacional por 400 millones de dólares representar los intereses de los argentinos? La respuesta también lo es: no. Votar a Fargosi sería como entregar las llaves del Tesoro a quien ya una vez lo vació.
En tiempos donde la política se reduce a slogans vacíos, la memoria es un acto de defensa. Recordar quién es Fargosi, qué hizo y a quién sirvió, no es un ejercicio de nostalgia sino una obligación democrática. Detrás de su discurso de orden y legalidad, se esconde un operador que actuó siempre del mismo lado: el de los que ven al Estado como una oportunidad de negocios y a la justicia como un campo de operaciones.
La historia reciente demuestra que los abogados de los poderosos nunca dejan de trabajar para los poderosos. Y Fargosi no es la excepción, sino la regla.
Fuentes:
Noticias en Red – “Abogado macrista litigó contra la Argentina por Aerolíneas haciéndola perder un juicio de 400 millones” (23/07/2017).
https://www.bilaterals.org/?abogado-macrista-litigo-contra-la
Bilaterals.org – “Argentina investor-state disputes | ISDS”.
https://www.bilaterals.org
Fargosi: El candidato que hizo perder al país 400 millones de dólares
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