La Corte Suprema envió al Tribunal Superior de Justicia porteño la causa del Correo Argentino, en un fallo que reaviva un proceso plagado de acusaciones por condonaciones millonarias durante el gobierno de Mauricio Macri. La medida, lejos de cerrar el capítulo, abre un nuevo frente judicial y político, tensionando aún más al gobierno de Javier Milei.
La historia del Correo Argentino, una saga judicial que atraviesa décadas, vuelve a encender las alarmas. La Corte Suprema remitió recientemente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) la causa sobre la condonación de deuda a la empresa del grupo Macri, cargando así una tensión de género institucional y política que merece un análisis crítico.
De acuerdo con Ámbito Financiero, el máximo tribunal consideró viable que el fuero comercial “ordinario” se someta a revisión por el TSJ porteño—un recurso que la Corte ya había allanado hace meses y que sienta un precedente que impacta directamente en la familia Macri (ambito.com, ambito.com). Este giro judicial supone, para quienes lo cuestionan, una maniobra de “municipalización” del fuero federal, lo cual fractura el esquema federalista tradicional y agranda grietas en el sistema de justicia .
La complejidad del caso radica en su tejido jurídico-político. El asunto se originó en los años de Mauricio Macri como presidente, cuando el Estado accedió a una quita de la deuda del Correo de casi un 98,9 %, valorada por la fiscal Gabriela Boquín como “ruinosa y abusiva” (ambito.com). Incluso se llegó a definir la quiebra de la empresa, pero el proceso fue frenado por recusaciones de los Macri a la jueza Marta Cirulli y la fiscal Boquín, planteando la intervención del TSJ porteño para apartarlas (ambito.com). Ahora, la Corte obliga a decidir si ese tribunal local debe revisar esas recusaciones, avalando su intervención.
Este fallo representa un verdadero cimbronazo. Jueces del ámbito federal emitieron duras críticas a la “municipalización”, acusando que socava la independencia judicial y abre una grieta institucional profunda . Para entenderlo en clave política, el tema no se limita a procedimientos legales: enfrenta a poderes, jurisdicciones y a un contexto de gobierno que, bajo la gestión de Milei, pretende fusionar el sistema judicial con su lógica de desmontes, recortes y decretazos.
En ese sentido, cabe recordar que desde que Milei asumió, su administración lanzó un plan de “reestructuración” en el Correo que incluyó retiros voluntarios, no renovación masiva de contratos y la intención de reducir personal en más del 50 % para avanzar en la privatización o concesionamiento del servicio (clarin.com). Se trató de una “motosierra” laboral que dejó a 1.100 empleados sin contrato y empujó a 2.000 a jubilaciones anticipadas (clarin.com). Sin embargo, mientras el poder ejecutivo se ensaña con empleados, la justicia avanza en materia financiera e institucional sobre manos privadas, especialmente las del clan Macri.
La Corte, al habilitar la vía del TSJ porteño, obliga a Milei y su gobierno a lidiar con un escenario judicial que podría frenar o retrasar maniobras administrativas, sea recortes de personal o futuras concesiones. Además, abre el interrogante sobre la parcialidad del TSJ: fue ese tribunal el que la familia Macri buscó para apartar a Cirulli y Boquín de la causa (ambito.com, ambito.com). ¿Un órgano local en posición de favorecer a los mismos que lo buscaban? La situación huele a un juego de ajedrez judicial cargado de intereses cruzados.
La mirada crítica al Gobierno de Milei
¿Y el oficialismo? El Gobierno, lejos de mostrarse incómodo, intentó acelerar las designaciones judiciales, incluso con decretos para nombrar a Ariel Lijo, juez federal que instruye el caso, en la Corte Suprema (clarin.com). Todo en medio de una ofensiva legal que profundiza la politización del sistema judicial: Milei no sólo se mete con el Correo, también busca vaciar jueces y rearmar el panorama judicial a su antojo.
Pero la decisión de la Corte suma incertidumbre al menú ejecutivo del oficialismo. Si el TSJ avala las recusaciones —y hay razones para suponerlo— la causa podría retornar a un punto de partida ventajoso para los Macri. Se sacaría de la órbita federal, se podría frenar la quita de deuda o incluso reaparecer con fuerza la impugnación del acuerdo pactado durante el macrismo.
El tribunal porteño se vuelve así actor central de un drama judicial que puede redefinir el servicio postal, la interpretación del federalismo judicial y las futuras acciones de un gobierno que, fiel a su estilo, combina decreto, fuerza y confrontación. Y lo hace ignorando un dato clave: décadas de litigio por desmanejos, quitas sospechosas y estrategias de impunidad.
Complejidad, matices e incógnitas
Reconocer la densidad del tema no es un capricho; es necesario para comprenderlo. La Corte no dictó un veredicto de fondo, solo reordenó los pasos procesales. Queda abierta la puerta a apelaciones, interpretaciones constitucionales y argumentos sobre competencia. Lo realmente significativo es que abrió un nuevo frente: no es solo Macri contra la justicia federal, también es Milei contra el sistema judicial y las reglas institucionales.
Y todo esto sucede en una Argentina cuajada de reformas exprés, decretazos y tensiones institucionales. ¿Puede un gobierno reorganizar a su gusto el Poder Judicial mientras corre empleados del Correo, rediseña la corte y reaviva causas políticas? La respuesta la sabremos en las próximas audiencias, pero el signo es claro: Milei pisa fuerte, pero la Corte y ahora el TSJ no retroceden sin dar pelea.
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