El Gobierno de Rolando Figueroa respondió con palos y detenciones al pedido de personería jurídica de comunidades mapuches. El operativo, autorizado por la Justicia provincial, terminó con 17 detenidos, incluido un menor de edad.
Comunidades mapuches asentadas en la estratégica zona de Vaca Muerta exigen el reconocimiento legal por parte del Estado provincial. Sin embargo, la respuesta fue un violento desalojo en la Casa de Gobierno de Neuquén, reflejo de un modelo de gestión que prioriza los intereses petroleros por sobre los derechos indígenas.
El 20 de julio de 2025 quedará grabado como una jornada de violencia institucional en la provincia de Neuquén. Al menos 17 personas fueron detenidas –entre ellas un menor de 15 años– durante un violento operativo de desalojo policial contra comunidades mapuches que llevaban varios días manifestándose pacíficamente en la Casa de Gobierno provincial. ¿El motivo del reclamo? La entrega de personerías jurídicas: un derecho básico que aún les es negado por el Gobierno de Rolando Figueroa.
Lejos de tratarse de una exigencia territorial o de corte separatista, como suelen tergiversar ciertos discursos políticos, las comunidades Newen Kura, Fvta Xayen, Kelv Kura y Ragilew Cárdenas sólo pedían el equivalente a un DNI colectivo. Se trata de un trámite administrativo indispensable para que el Estado provincial las reconozca oficialmente, lo que permitiría su inclusión en relevamientos territoriales y garantizaría su participación en consultas sobre proyectos que afecten sus tierras, como lo exige la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT.
Pero en lugar de diálogo, recibieron represión.
Una protesta pacífica, una respuesta violenta
La movilización comenzó el pasado martes en la capital neuquina. Ante el incumplimiento de un acuerdo firmado en 2023 por el que el Gobierno se comprometía a iniciar los trámites, las comunidades decidieron acampar en la Casa de Gobierno. La respuesta fue un despliegue de más de 120 efectivos de la Policía Metropolitana, motorizada, bomberos y ambulancias, todo bajo la autorización del Fiscal Jefe, Pablo Vignaroli.
Los efectivos arremetieron contra hombres, mujeres y jóvenes mapuches que, lejos de representar una amenaza a la seguridad, sólo buscaban ejercer su derecho a ser reconocidos como sujetos jurídicos por el Estado provincial. “Nos están moliendo a palos por pedir un papel”, denunció un manifestante. “Hace un año y medio que estamos detrás de este trámite administrativo y la única respuesta es represión”, agregó.
Racismo, extractivismo y autoritarismo
La protesta y posterior represión dejaron en evidencia la continuidad de políticas racistas y autoritarias hacia los pueblos originarios. Según denunció la Confederación Mapuche de Neuquén, el Estado no solo incumple compromisos asumidos, sino que criminaliza la protesta mapuche bajo el argumento de que “alteran la paz social”. En ese sentido, señalaron que el servilismo del gobierno provincial a los intereses petroleros en Vaca Muerta impide cualquier avance real en los derechos indígenas.
“No usan la ley para hacer justicia, sino para reprimir”, sostiene un comunicado emitido por la organización, que responsabiliza directamente al gobernador Figueroa por “dar palos ante la falta de consenso”.
Cabe recordar que, sin la personería jurídica, las comunidades quedan fuera de los relevamientos territoriales establecidos por el Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, y pierden también el derecho a ser consultadas sobre megaproyectos en sus territorios. Vaca Muerta, una de las zonas más codiciadas por las multinacionales hidrocarburíferas, concentra buena parte de estas comunidades, lo que expone el fondo del conflicto: un modelo extractivista que prioriza negocios por encima de derechos humanos.
La línea Bullrich y el alineamiento con Milei
Desde los testimonios recogidos durante la protesta, los manifestantes apuntaron también contra el Gobierno nacional de Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Denunciaron una política de normalización de la violencia institucional y de discursos racistas, que hoy se replican en los gobiernos provinciales aliados.
“La violencia es parte de lo cotidiano, y el discurso racial también”, resumió uno de los referentes mapuches presentes.
Un nuevo capítulo en la larga lucha por el reconocimiento
El accionar del Gobierno neuquino evidencia un modelo de gestión que criminaliza la identidad mapuche y su legítimo reclamo por el reconocimiento estatal. Las personas detenidas, incluyendo un menor, la represión desmedida y el incumplimiento de acuerdos firmados, son hechos que deberían escandalizar a cualquier Estado democrático. Pero en la Argentina actual, la represión se ha vuelto una práctica cotidiana ante demandas justas.
La lucha por las personerías jurídicas no es sólo un trámite burocrático. Es el reconocimiento de la existencia legal de pueblos que habitan estas tierras desde hace siglos, y que hoy, en pleno siglo XXI, deben enfrentar a los garrotes del Estado por pedir un derecho básico.
Fuente:
- https://www.telesurtv.net/argentina-represion-protesta-mapuches-neuquen/
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