La justicia condenó a los Albatros por el asesinato de Rafael Nahuel desarmando el relato de Bullrich

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las penas a cinco integrantes del grupo Albatros por el asesinato del joven mapuche. El fallo, histórico pero limitado, desarma el relato oficial y expone la responsabilidad política que sigue impune.

Después de casi siete años, la Justicia ratificó las condenas por el crimen de Rafael Nahuel, asesinado por la espalda por fuerzas federales en Villa Mascardi. La sentencia marca un precedente, aunque no alcanza a los responsables políticos de un operativo militarizado que criminalizó a una comunidad originaria.

El asesinato de Rafael Nahuel finalmente obtuvo una sentencia firme. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a cinco integrantes del grupo Albatros, dependiente de la Prefectura Naval, por el crimen del joven mapuche ocurrido el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi, Río Negro. Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo ratificaron las penas de entre 3 y 5 años de prisión por “homicidio agravado cometido con exceso en la legítima defensa”.

Rafael tenía apenas 22 años y fue asesinado por la espalda durante un operativo represivo ordenado por el entonces gobierno de Mauricio Macri, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad dirigido por Patricia Bullrich. La ratificación de la condena a los efectivos significa una victoria judicial parcial para la comunidad mapuche y los organismos de derechos humanos, que llevan años denunciando el abuso de poder, la criminalización de la protesta y el racismo estructural del Estado argentino.

La causa, instruida inicialmente por el juez federal Gustavo Villanueva —quien tardó casi tres años en procesar a los prefectos implicados—, nunca logró avanzar sobre los eslabones superiores de la cadena de mando. No hay imputaciones contra quienes diseñaron, avalaron o encubrieron políticamente el operativo que desembocó en el asesinato de un joven desarmado.

En su fallo, Casación señala con firmeza que “el accionar de los Albatros resultó claramente desproporcionado y no ajustado a la legítima defensa”. Así, desacredita el relato oficial sostenido desde el primer día por el gobierno de Cambiemos, que intentó justificar la represión alegando un supuesto enfrentamiento con armas por parte de la comunidad Lafken Winkul Mapu, hipótesis descartada por la prueba balística y pericial.

Los magistrados también destacaron el valor de los testimonios de integrantes de la comunidad mapuche que presenciaron el ataque, cuya palabra fue sistemáticamente deslegitimada durante la instrucción de la causa. La sentencia final visibiliza una matriz de violencia institucional contra los pueblos originarios que no es nueva, pero que encontró en la gestión de Bullrich un pico represivo inédito desde el retorno de la democracia.

Desde organismos como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), se celebró la confirmación de las condenas, aunque también se reclamó que la investigación avance sobre las responsabilidades políticas. “El fallo marca un punto de inflexión, pero no hay justicia completa si no se investigan a los responsables del operativo represivo”, expresaron en un comunicado.

El caso Nahuel no es un hecho aislado. Forma parte de un patrón de persecución estatal hacia las comunidades indígenas, como también lo evidenció la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, apenas tres meses antes, en un contexto de conflictividad territorial y represión sistemática.

En este sentido, el fallo de Casación representa no sólo una reivindicación judicial para la familia de Rafael y su comunidad, sino también una oportunidad para que el Estado argentino revise sus prácticas punitivas y su política hacia los pueblos originarios. Sin embargo, la ausencia de sanciones para los responsables políticos del crimen deja una herida abierta.

Mientras tanto, Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei, continúa defendiendo el operativo que terminó con la vida de Rafael, sin asumir ninguna responsabilidad institucional ni política. Su actitud, lejos de una autocrítica, reafirma una doctrina represiva que continúa vigente.

La justicia, en este caso, llega tarde y de forma incompleta. Pero al menos deja expuesto que Rafael Nahuel fue asesinado por el Estado, y que su muerte no fue un “enfrentamiento”, sino un crimen de fondo racial, político y estructural que no puede ni debe repetirse.

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