La Cámara Federal porteña confirmó el cierre de la causa que investigaba la misteriosa eliminación de los datos del teléfono de Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó asesinar a la expresidenta. A pesar de las irregularidades, las contradicciones y la persistente opacidad que rodea el caso, los jueces resolvieron que no hubo delito. La decisión deja un sabor amargo: las claves que podrían haber arrojado luz sobre el atentado más grave desde el retorno de la democracia en Argentina se pierden, una vez más, entre los pliegues del desinterés judicial y la conveniencia política. Foto: Jorge Larrosa
Hay crímenes que quedan impunes. Y hay otros que ni siquiera llegan a investigarse con seriedad. El intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner parece estar inscripto en esta segunda categoría. A casi dos años del atentado que paralizó al país y que pudo haber cambiado el curso de la historia argentina, una nueva señal de encubrimiento institucional se concreta con el archivo de la causa que investigaba el borrado del contenido del celular del atacante, Fernando Sabag Montiel.
Sí, leyó bien: no sólo no se sabe quién está detrás del intento de asesinato, tampoco se sabrá qué contenía el dispositivo del autor material del hecho. Los datos, que podrían haber ofrecido pistas clave sobre cómplices, vínculos políticos, financieros o ideológicos, fueron eliminados. Y la Justicia decidió que eso no constituye un delito.
La decisión fue tomada por la Sala I de la Cámara Federal porteña. Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, dos nombres ya conocidos por sus polémicas designaciones y su cercanía con los sectores más duros del poder judicial y político, avalaron el sobreseimiento de los técnicos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que manipularon el teléfono de Sabag Montiel en los días posteriores al atentado. Lo hicieron con una liviandad que duele. Que indigna.
Recordemos: apenas detenido Sabag Montiel, el 1° de septiembre de 2022, su teléfono fue secuestrado como prueba clave. Pero su contenido jamás pudo recuperarse. La versión oficial sostiene que el error se debió a una “falla de manipulación”. En cristiano: lo enchufaron a una computadora sin seguir el protocolo forense y el aparato se reseteó solo, perdiéndose para siempre toda la información.
La jueza María Eugenia Capuchetti, al frente de la investigación, no sólo no actuó con celeridad ante semejante irregularidad, sino que desde el primer momento intentó minimizar el episodio. El fiscal Carlos Rívolo tampoco impulsó medidas drásticas para esclarecer la cadena de responsabilidades. ¿Por qué tanto apuro en dar por cerrada una pista tan sensible? ¿Por qué ese desinterés sistemático en profundizar una investigación que involucra el corazón mismo del sistema democrático?
El archivo de la causa se apoya en la falta de tipificación penal clara para el accionar de los técnicos que borraron los datos. Es decir: como no hay una figura específica que encaje perfectamente en el Código Penal, mejor mirar para otro lado. Pero lo que realmente preocupa no es la gimnasia legalista de los jueces, sino el contexto político e institucional en el que se produce esta decisión.
Desde el comienzo, el atentado contra CFK fue tratado con una dosis asombrosa de frivolidad, sospechosa indiferencia y operaciones mediáticas que buscaron diluir su gravedad. El Gobierno de Javier Milei, por supuesto, no tiene el más mínimo interés en que se esclarezca lo ocurrido. No solo porque desprecia abiertamente la figura de la expresidenta —a quien ha insultado públicamente con una virulencia inusitada—, sino porque la narrativa libertaria necesita borrar cualquier posibilidad de que el atentado sea leído como un acto político, como una consecuencia del odio fomentado desde los aparatos comunicacionales aliados al poder económico.
Mientras Milei y su troupe se dedican a perseguir docentes, cerrar organismos científicos, vender las joyas del Estado y burlarse de los sectores populares, la democracia argentina se erosiona en silencio. Porque la democracia no se defiende solo en los discursos, sino en los hechos. Y permitir que un intento de magnicidio quede sin castigo ni verdad es, al fin y al cabo, una forma de complicidad.
La causa del celular borrado no era un expediente menor. Era, en todo caso, la puerta de entrada a una verdad más incómoda. Porque detrás de Sabag Montiel había una red. Una trama. Una organización que lo sostuvo, lo animó, lo justificó y probablemente lo protegió. Ahí estaban Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, los líderes de la banda de los “copitos”, ese grupo surrealista que devino en célula violenta y militante del odio. Ahí estaban las conexiones con grupos de ultraderecha, con influencers que pregonaban el exterminio del peronismo, con personajes oscuros del submundo de la política marginal.
El teléfono de Sabag Montiel podía contener todo eso. Y ahora, no contiene nada. Y la Justicia nos dice que eso no es grave. Que no merece siquiera una investigación. Que no hay responsables. Que fue un “accidente”.
La resignación no puede ser la respuesta. La memoria democrática exige otra actitud. Porque si se naturaliza que alguien puede gatillarle un arma a una vicepresidenta en ejercicio, a plena luz del día, frente a cámaras y en medio de una multitud, y que eso no tenga consecuencias reales, estamos abriendo la puerta a un país mucho más oscuro. Un país donde el crimen político se banaliza, donde el poder judicial opera como encubridor y donde la violencia adquiere carta blanca.
Hoy, con este archivo, se consolida un mensaje perverso: los poderosos no solo deciden qué se investiga, sino también qué se olvida. Se nos niega el derecho a la verdad y, peor aún, se socava la posibilidad de que alguna vez exista justicia. En una Argentina en la que se recortan derechos, se privatiza la vida pública y se castiga a quienes luchan, el silenciamiento de este caso es una muestra más de que el proyecto libertario no solo es económico, sino profundamente antidemocrático.
Hay decisiones judiciales que no solo omiten justicia. También firman sentencias políticas.
Fuente:
https://www.pagina12.com.ar/844295-adios-a-los-datos-que-podrian-dar-pistas-sobre-el-atentado
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