Cuando la toga se convierte en dogma: la peligrosa sentencia de contra la justicia social. Carlos Rosenkrantz afirmó esto durante un foro internacional. Su frase, profundamente contraria al principio de justicia social, pone en evidencia la matriz ideológica que guía a sectores del máximo tribunal argentino.
En un escenario académico internacional, el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carlos Rosenkrantz dejó al descubierto, sin pudor, el andamiaje conceptual que guía sus decisiones como magistrado: una visión meritocrática, restrictiva de derechos y profundamente funcional a los intereses del poder económico.
Durante su exposición en el foro “Justicia, Derecho y Populismo en Latinoamérica”, realizado en la Universidad de Chile el 26 de mayo de 2022, Rosenkrantz lanzó una frase que bien podría quedar estampada en el frontispicio del neoliberalismo jurídico argentino:
“No puede haber un derecho detrás de cada necesidad”
Esta declaración no es una mera opinión académica. Es una advertencia. Una toma de posición ideológica que niega de plano la tradición latinoamericana de ampliación de derechos como respuesta a la desigualdad estructural. Una frase que repudia, además, una de las más significativas banderas del peronismo: “donde hay una necesidad, nace un derecho”, expresión de Eva Perón que consagró el derecho a la dignidad como base del contrato social.
La necesidad como amenaza: el razonamiento del poder
En su alocución, Rosenkrantz intentó justificar su sentencia con el argumento económico de la “escasez”:
“No hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades. Discutiríamos política y moral si no existiera escasez”
En otras palabras, el juez de la Corte Suprema argentina propone un modelo de justicia donde los derechos deben ser racionados como mercancía, y donde las necesidades humanas —hambre, salud, vivienda, educación, trabajo digno— son vistos como lujos opcionales que deben ser medidos según las reglas del mercado. No hay en sus palabras ninguna mención al rol redistributivo del Estado, ni a la función constitucional de garantizar igualdad real de oportunidades, especialmente para los sectores históricamente postergados.
La afirmación de Rosenkrantz no es ingenua ni descontextualizada. Llega en un momento donde el gobierno de Javier Milei, con quien comparte afinidades ideológicas evidentes, desmantela políticas públicas, desfinancia la educación, vacía el sistema de salud y promueve una lógica de “sálvese quien pueda”. En ese marco, estas declaraciones actúan como legitimación jurídica del ajuste y consolidan un modelo de país donde los derechos se subordinan a la rentabilidad.
Corte suprema, desigualdad suprema
No es la primera vez que Rosenkrantz deja en claro que su concepción de justicia está alejada de cualquier sensibilidad social. Ya en su asunción como presidente de la Corte en 2018, dijo que “no toda injusticia es relevante para el derecho”, una frase que exhibe un elitismo jurídico profundamente peligroso. Para él, el derecho no debe reparar injusticias estructurales, sino limitarse a garantizar la estabilidad del orden existente —aunque ese orden reproduzca exclusión, hambre y violencia institucional.
Es indispensable preguntarse entonces: ¿qué clase de justicia puede impartir un juez que considera que las necesidades no deben traducirse en derechos?
Y más aún: ¿quiénes se benefician cuando el Poder Judicial abdica de su deber de proteger a los más vulnerables?
Reacciones y repudios
La frase generó un inmediato repudio social y político. El gobernador Axel Kicillof fue contundente al recordar que “donde hay una necesidad, nace un derecho” no es un eslogan, sino una consigna fundacional de la Argentina justa y solidaria. El dirigente social Juan Grabois, por su parte, denunció lo que llamó “una Corte porteñada de cuatro marionetas del poder”, en alusión a la falta de representatividad social del máximo tribunal.
Los cuestionamientos no se limitan al contenido de sus declaraciones, sino también a la forma en que Rosenkrantz llegó a la Corte, propuesto por Mauricio Macri mediante un polémico decreto y siempre alineado con los intereses del gran empresariado, de donde él mismo proviene (fue abogado del Grupo Clarín, entre otros). Su paso por la Corte parece cada vez más un ejercicio de blindaje de privilegios que una defensa de derechos constitucionales.
Justicia social o derecho de mercado
Rosenkrantz representa la punta de lanza de un pensamiento jurídico que pretende convertir los derechos en bienes escasos, y al ciudadano en consumidor de garantías mínimas según su poder adquisitivo. Frente a eso, urge reivindicar el sentido humanista, solidario y profundamente igualitario del derecho como instrumento de transformación social.
La frase del juez no es un desliz retórico. Es una declaración de guerra a los sectores populares. Porque si las necesidades no generan derechos, entonces la pobreza no merece solución, la salud no merece atención, y el hambre no merece respuesta.
Por eso, frente a los jueces del privilegio, se impone levantar más fuerte que nunca la consigna del pueblo:
¡Donde hay una necesidad, debe nacer un derecho!
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