A pesar de haber prometido eliminar la pauta oficial, Javier Milei multiplicó el gasto publicitario a través de YPF, con Santiago Caputo como arquitecto del desvío millonario. La caja de la petrolera quedó en rojo mientras la transparencia brilló por su ausencia.
El gobierno de Javier Milei sostiene un discurso de austeridad, ajuste brutal y motosierra al Estado, pero en los hechos sostiene una estructura opaca y millonaria de propaganda disfrazada de inversión. Chequeado y LPO revelan que YPF gastó $32.617 millones en publicidad solo en el primer trimestre de 2025, un incremento del 55% respecto al año anterior, alcanzando cifras récord desde su estatización en 2012. Con Santiago Caputo y su socio Guillermo Garat controlando la distribución sin rendición de cuentas, se confirma que el ajuste es selectivo: se recorta a la sociedad, pero se engorda la billetera mediática del régimen.
En nombre de la motosierra, Javier Milei ajustó sin piedad jubilaciones, subsidios, universidades y programas sociales. Prometió, como bandera libertaria, erradicar la pauta oficial para romper con lo que él llama “la casta mediática”. Pero los hechos, como suele ocurrir con los libertarios en el poder, narran otra historia. Una historia donde la motosierra esquiva la caja de la petrolera estatal YPF, usada como financista silenciosa de una maquinaria propagandística cada vez más descarada y voraz.
El informe de Chequeado, forzado por una demanda de acceso a la información pública, y el trabajo investigativo de La Política Online (LPO), terminaron por desmentir la narrativa libertaria: solo en los primeros tres meses de 2025, YPF gastó $32.617 millones en publicidad, un 55% más en términos reales respecto al mismo período de 2024. Es el gasto más alto desde la estatización de la empresa en 2012. Una cifra tan abultada como escandalosa, que derrumba cualquier relato de «fin de la pauta» y exhibe la doble vara de un gobierno que predica austeridad mientras despilfarra en propaganda.
Lo más alarmante es que este desborde publicitario tiene nombre y apellido: Santiago Caputo, el asesor estrella del presidente, quien junto a su socio Guillermo Garat, actual vicepresidente de YPF, maneja con mano de hierro —y sin controles— el reparto de la pauta. Bajo su supervisión, la petrolera estatal triplicó su presupuesto publicitario respecto a 2023, llevándolo de $31.749 millones a un total de $97.110 millones en 2024. Y eso sin contar la proyección para todo 2025, que ya arrancó con una explosión de gasto que dejó a la empresa en pérdidas netas por 10 millones de dólares en el primer trimestre del año.
Sí, YPF —la misma que Milei quiere privatizar, pero mientras tanto usa como fuente de financiamiento oscuro— cerró su balance en rojo. Un giro grotesco en una administración que se jacta de eficiencia empresarial mientras funde a su principal compañía estatal con gasto discrecional en medios y redes sociales afines.
El ocultamiento es sistemático. YPF se negó durante meses a brindar información sobre cómo y a quién destina semejante gasto en publicidad. Alegó, insólitamente, que como sociedad anónima no estaba obligada a cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública. Una excusa endeble, teniendo en cuenta que el 51% del capital accionario es estatal. Fue necesaria una resolución de la Agencia de Acceso a la Información Pública —y la presión de organizaciones como Chequeado— para exponer la opacidad del manejo libertario de los recursos públicos.
En paralelo, mientras Santiago Caputo financiaba a medios amigos con recursos públicos, el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas también eran utilizados como entes intermediarios de propaganda encubierta. Todo para evitar el escándalo de admitir lo evidente: que Milei no eliminó la pauta, sino que la trasladó al margen de los controles institucionales y con un nivel de discrecionalidad que haría sonrojar a cualquier gobierno anterior.
Y aquí aparece el nudo más contradictorio del relato libertario. Milei no solo mantuvo la estructura de financiamiento estatal a medios, sino que la potenció en escala y oscuridad. Mientras ajusta a jubilados, becas estudiantiles, salud y universidades, libera miles de millones para blindar mediáticamente su figura. Una suerte de «pauta 2.0» sin reglas, sin informes, sin licitaciones, y —lo que es peor— sin rendición de cuentas.
El presidente de YPF, Horacio Marín, guarda silencio ante la justicia. Se niega a brindar detalles del gasto publicitario, lo que confirma el carácter deliberadamente opaco de esta operación. Incluso los balances de la empresa son publicados exclusivamente en inglés, dificultando su acceso a la ciudadanía y revelando el desdén por la transparencia pública. ¿Qué quieren ocultar? ¿Qué medios reciben esos fondos? ¿Qué periodistas cobran en negro por aplaudir cada paso del Gobierno? Las respuestas no están. Pero los indicios, cada vez más sólidos, apuntan a un uso electoralista de los recursos de YPF durante la campaña que llevó a Milei al poder.
“Están gastando todo en la campaña”, afirmó una fuente de la petrolera a LPO. Y es que el descontrol es tan evidente, que hasta fuentes internas comienzan a hablar. No hay estrategia comercial que justifique semejante desembolso. Ni nuevos mercados, ni productos innovadores, ni campañas institucionales que ameriten semejante cifra. Es propaganda pura. Financiada con dinero público. A escondidas.
Y mientras tanto, el propio Milei sigue gritando “¡viva la libertad, carajo!”, con la bandera de la motosierra en alto, pero con el rostro cada vez más parecido al de aquellos a quienes vino a destruir. Solo que peor: sin reglas, sin control y con una arrogancia que bordea el autoritarismo comunicacional.
Este uso irregular de la pauta por parte del gobierno de La Libertad Avanza no solo pone en cuestión su discurso de «anticasta», sino que habilita un esquema peligroso de propaganda oficial sin control democrático. Lo que comenzó como una promesa de libertad de expresión, devino en una maquinaria de construcción de hegemonía mediática al estilo más tradicional, aunque disfrazada de revolución.
En definitiva, detrás del relato del ajuste virtuoso, se esconde una estrategia de propaganda diseñada para blindar al régimen con recursos públicos, sin importar los costos económicos o institucionales. Es una estafa moral y política, una contradicción flagrante entre lo que se dice y lo que se hace, que debería escandalizar incluso a los propios votantes de Milei.
Porque cuando la motosierra esquiva la propaganda y apunta a la educación, la salud o los jubilados, no estamos ante un ajuste: estamos ante una mentira.
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