El suicidio de un oficial en el hospital policial expone la profunda crisis en la fuerza, resultado directo de los recortes brutales del gobierno de Javier Milei. Salarios por el piso, obras sociales colapsadas e internas gremiales alimentadas por la motosierra libertaria. La muerte autoinfligida de un policía federal dentro del Hospital Churruca no es una tragedia aislada: es el síntoma extremo de una política sistemática de desmantelamiento institucional. Entre la precarización salarial, el deterioro de la obra social y una feroz interna sindical, la Policía Federal se desangra silenciosamente bajo el brutal ajuste del gobierno de Javier Milei.
El lunes 22 de julio un suboficial ayudante de la Policía Federal Argentina ingresó al baño del Hospital Churruca, apoyó su arma contra la cabeza y apretó el gatillo. No fue en un enfrentamiento. No fue producto del deber. Fue un acto desesperado, en el corazón de la institución, frente a la mirada impotente de sus compañeros. Y fue, por sobre todas las cosas, un grito de auxilio.
Aunque desde el entorno del Ministerio de Seguridad intentaron bajarle el tono, atribuyéndolo a “una situación personal”, lo cierto es que no hay nada más político que el suicidio de un agente de seguridad en su lugar de trabajo, en el hospital de la fuerza, con el uniforme puesto. En medio de una crisis de proporciones que atraviesa a toda la institución, este hecho funciona como una señal de alarma ineludible. Y apunta directamente al modelo de ajuste despiadado que encarna el gobierno de Javier Milei, donde la vida humana —literalmente— parece tener un valor de mercado.
Desde diciembre, cuando asumió la presidencia con su promesa de motosierra, Milei no ha dejado títere con cabeza en el Estado. Pero en el caso de la Policía Federal Argentina, el desguace adquiere ribetes trágicos. Los salarios están por el piso. La base de la pirámide cobra apenas por encima del salario mínimo, vital y móvil. Mientras tanto, el costo de vida se disparó a niveles insostenibles y los suplementos por riesgo, antigüedad y dedicación se volvieron virtualmente simbólicos. ¿Cómo se espera que un agente patrulle las calles, contenga situaciones de violencia o resuelva delitos, si no puede garantizar la comida para su familia?
El relato libertario habla de eficiencia, pero en la práctica la motosierra no distingue funciones estratégicas ni contextos sensibles. En la obra social de la Policía Federal, el deterioro es tan profundo que hay pacientes oncológicos que no reciben sus tratamientos, mujeres embarazadas sin controles prenatales y personas con discapacidad sin cobertura básica. El caso del oficial que se quitó la vida es apenas la punta del iceberg de una realidad mucho más sombría: una fuerza de seguridad nacional empujada al borde del colapso por una gestión que predica la libertad mientras ahorca a los que jura proteger.
El Hospital Churruca, alguna vez símbolo de excelencia médica, hoy funciona con presupuesto de guerra. Faltan insumos, se suspenden cirugías y la infraestructura se cae a pedazos. Hay profesionales que renuncian por el atraso salarial y la sobrecarga de trabajo, dejando al personal sin atención de calidad. La paradoja es cruel: quienes deben cuidar de la seguridad pública, no tienen garantizado ni su propio bienestar físico ni psicológico.
A este panorama desolador se suma una feroz interna gremial. La puja por el control de la Mutual de la Policía Federal se volvió una batalla encarnizada. El sector conducido por el subcomisario Darío Elías —al frente de la Mutual y referente de los retirados— es cuestionado por su connivencia con el statu quo y su silencio cómplice frente al ajuste. Mientras tanto, otros sectores de la fuerza, activos y retirados, comienzan a manifestar su hartazgo. Denuncian falta de representación real y exigen una conducción que enfrente las políticas destructivas del gobierno.
Y no es para menos. Bajo la lógica del sálvese quien pueda que propone el mileísmo, los policías federales son desechables. Expuestos a la violencia de la calle, la presión institucional y ahora también a la desprotección del Estado. Ya no alcanza con el viejo argumento de que “el que se mete a policía sabe a lo que se atiene”. Lo que no sabe —lo que nunca debiera naturalizarse— es que el propio Estado que lo convoca y le exige, lo abandone en la primera línea del ajuste.
El discurso oficial repite como mantra que hay que achicar el gasto público. Pero cuando ese recorte implica dejar sin cobertura médica a un agente con una enfermedad crónica o llevar al suicidio a otro por la imposibilidad de sobrellevar la angustia, el debate deja de ser económico y pasa a ser ético. ¿Qué clase de sociedad construimos si deshumanizamos a quienes se supone que deben cuidarnos?
Hay, además, un detalle no menor: la Policía Federal no es cualquier fuerza. Históricamente ligada al poder político, con acceso a información sensible, y con un peso institucional de décadas, su descontento interno no es inocuo. Si el descontento se convierte en fractura, las consecuencias pueden ser impredecibles.
Mientras tanto, la ministra Patricia Bullrich guarda silencio. Ya no tiene el tono firme de antaño ni la narrativa de orden y seguridad. A lo sumo, repite frases de ocasión en conferencias de prensa y delega las explicaciones en voceros menores. La política de seguridad del gobierno de Milei se parece más a un simulacro que a un plan estratégico. Un show de conferencias, detenciones rimbombantes y declaraciones altisonantes, detrás del cual se esconde una fuerza desfinanciada, con hombres y mujeres al límite del colapso físico y emocional.
La muerte del policía en el Churruca no es un caso aislado ni una excepción. Es el emergente doloroso de una política que desprecia la vida. El silencio institucional que rodea el hecho, lejos de calmar las aguas, las agita. Porque en cada rincón de la fuerza, desde los patrulleros hasta las oficinas administrativas, se percibe el mismo sentimiento: abandono. Y con él, el germen del resentimiento.
El modelo libertario de Milei, que se vanagloria de la destrucción del Estado, empieza a mostrar sus efectos más crueles en donde nadie pensaba: en las fuerzas de seguridad. Allí donde el orden debía ser bandera, hoy reina la incertidumbre. Allí donde la contención debía ser política de Estado, hay desidia, ajuste y desprecio.
No hay motosierra que pueda justificar que un hombre se quite la vida por no tener contención, ni salarios que le permitan vivir con dignidad. La pregunta es cuántos más deberán caer antes de que el gobierno deje de mirar para otro lado. Porque cuando la tragedia golpea dentro de la misma institución que debe protegernos, la línea que separa el caos del orden se vuelve peligrosamente difusa.
Fuente:
https://www.pagina12.com.ar/844561-la-federal-no-se-escapa-del-ajuste-libertario
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