El gobernador pampeano Sergio Ziliotto denunció que el 60% de las rutas nacionales en su provincia están en estado crítico

El abandono del gobierno de Javier Milei no sólo pone en riesgo vidas, sino que dinamita la economía regional y sepulta el federalismo bajo el dogma del ajuste permanente.

Mientras la motosierra presidencial desangra los presupuestos del interior, La Pampa se enfrenta al colapso de su red vial nacional. Ziliotto advierte sobre la sobrecarga de las rutas provinciales, el deterioro del transporte, el encarecimiento logístico y un impacto social devastador. “Las rutas también son soberanía”, disparó.

En tiempos donde el ajuste es bandera, y la desidia se disfraza de “libertad”, hay señales que claman desde el pavimento roto, el bache profundo, la banquina desmoronada. La advertencia no vino de un opositor sin territorio ni de una ONG alarmista: la lanzó el propio gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, con cifras contundentes y consecuencias demoledoras. Más del 60% de las rutas nacionales que atraviesan su provincia están en “estado crítico”. Y, lo que es peor, el gobierno nacional no parece inmutarse.

El mensaje fue publicado este domingo en la red social X, pero no se trata de una denuncia al pasar. Ziliotto utilizó su espacio institucional para plantear un problema que excede largamente los límites geográficos de La Pampa: la descomposición sistemática del Estado nacional como garante del desarrollo, la conectividad y, en última instancia, de la vida misma. Bajo el argumento del déficit cero, el Gobierno de Javier Milei parece haber decidido que los caminos del país no son su problema. Como si el transporte, el turismo, la logística, la salud o la seguridad pudieran funcionar sin asfalto.

“El menosprecio hacia el interior del país provoca una sobrecarga en nuestras rutas provinciales”, advirtió Ziliotto. Una frase que condensa algo más que una molestia administrativa. Las rutas locales, diseñadas para un tránsito moderado, están absorbiendo todo el peso –literal y simbólico– del abandono nacional. El volumen del transporte pesado, desplazado forzosamente desde las vías nacionales en ruinas, termina por destrozar la infraestructura provincial, mientras los presupuestos provinciales hacen malabares para mantener lo que la Nación decidió tirar por la borda.

Esto no es un error técnico ni una omisión inocente. El gobernador pampeano fue categórico: “No es un simple olvido del gobierno central”. Y no se trata de una mera interpretación política. Hay pruebas concretas: los impuestos que los argentinos siguen pagando para el mantenimiento de rutas continúan siendo cobrados, pero los fondos no aparecen. ¿Dónde están los recursos del impuesto al combustible? ¿Por qué se sigue desfinanciando Vialidad Nacional, mientras los peajes suben y los caminos se desintegran?

La respuesta oficial, en el mejor de los casos, es el silencio. En el peor, es la burla ideológica: “El mercado lo resuelve”. Pero el mercado no construye rutas en el desierto. Ni repara puentes en zonas rurales. Ni se hace cargo del transporte de pacientes o del acceso a escuelas alejadas. Lo que se está erosionando no es sólo la red vial: es la promesa de un país conectado, equitativo, soberano. Como señaló Ziliotto: “Las rutas también son soberanía, igualdad de oportunidades y desarrollo federal”. ¿A qué libertad se puede aspirar si no se puede llegar?

El panorama descripto por el mandatario pampeano es tan claro como alarmante. El deterioro de las rutas nacionales encarece la logística de bienes y servicios, interrumpe la conectividad entre pueblos, dificulta el acceso a servicios de salud y seguridad, perjudica al turismo y multiplica los accidentes de tránsito. La ecuación es perversa: se paga más por moverse menos y peor. El daño se mide en tiempo perdido, en costos inflados, en vehículos destrozados, en tragedias evitables. Pero sobre todo, en oportunidades perdidas para el desarrollo local y regional.

La reunión reciente de la agencia I-Comex –citada por Ziliotto– fue una caja de resonancia de este reclamo: el impacto económico del colapso vial nacional en La Pampa es grave, transversal y creciente. No sólo las empresas están recalculando sus costos; también las familias, que dependen del transporte público, de las ambulancias, de las rutas escolares. Cada kilómetro abandonado es una traba más al federalismo real, ese que se construye no en los discursos grandilocuentes, sino en el asfalto que conecta a los pueblos.

La indignación pampeana no es aislada. En distintas provincias del país, gobernadores de distinto color político empiezan a alzar la voz. Pero el caso de La Pampa condensa un modelo de abandono que parece hecho a medida del nuevo dogma libertario: el Estado sólo es legítimo si no molesta a los mercados, aunque eso implique dejar a medio país a la intemperie. La infraestructura vial, como tantas otras áreas esenciales, se convirtió en una víctima más del ajuste feroz que Milei presenta como heroico.

La ironía trágica es que mientras se recortan fondos para reparar rutas, se multiplican los accidentes. Mientras se degradan caminos, se encarece el transporte. Mientras se abandona la infraestructura, se vacía el federalismo. Y mientras todo esto ocurre, el gobierno nacional sigue vendiendo la idea de que está combatiendo “la casta”, cuando en realidad está castigando a la sociedad entera.

Ziliotto no pidió milagros ni favores. Lo que exigió es lo básico: que el gobierno nacional asuma su responsabilidad, o transfiera los recursos necesarios para que las provincias puedan hacerse cargo. Pero lo que está en juego es mucho más que un puñado de rutas rotas. Lo que está en discusión es si hay un proyecto de país o apenas un simulacro de ajuste con estética libertaria y consecuencias neoliberales.

Porque defender las rutas no es defender un pedazo de tierra asfaltada. Es defender el derecho a estar conectados, a producir sin barreras, a trasladarse sin miedo. Es apostar por una Argentina integrada, donde los caminos no sean el privilegio de unos pocos, sino el derecho de todos.

En La Pampa, como en tantas otras regiones del país profundo, el deterioro de las rutas es el síntoma visible de una enfermedad más grave: la descomposición de un Estado que ya no garantiza lo básico. Frente a este escenario, la advertencia de Ziliotto debería encender todas las alarmas. No alcanza con parches, ni con discursos. Hace falta voluntad política. Y sobre todo, decisión de poner a las personas por encima del Excel.

Si el gobierno de Javier Milei quiere seguir defendiendo su cruzada contra el déficit, que lo haga sin dinamitar los puentes –ni las rutas– que sostienen a la Argentina real. Porque cuando los caminos se rompen, también se rompe el país.

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