Mientras el gobierno de Javier Milei habla de “soberanía individual” y recorta fondos a la educación, la ciencia y la defensa nacional, la Armada Argentina destinará más de 60 millones de pesos para cubrir los gastos de las fuerzas militares de Estados Unidos en territorio argentino.
Las bases involucradas son Mar del Plata, Puerto Belgrano y Ushuaia, tres enclaves estratégicos de control marítimo y antártico. El colmo del cipayismo: la Argentina paga por su propia ocupación.
El documento oficial al que accedió En Orsai revela que el costo total del operativo asciende a $60.211.157, cubiertos con fondos del presupuesto de la Armada Argentina. El texto indica que el objetivo del ejercicio conjunto es “intercambiar procedimientos, técnicas y tácticas de entrenamiento entre fuerzas especiales para operar en escenarios complejos”.
En otras palabras, el Estado argentino financiará la estadía, logística y operación de las tropas estadounidenses que desembarcarán en nuestras bases militares para “entrenar” a las fuerzas locales.
El plan involucra a tres bases claves: Mar del Plata, Puerto Belgrano (la más grande del país y base de la Flota de Mar) y Ushuaia, punto geopolítico crucial frente a la Antártida y las rutas marítimas internacionales.
El argumento “técnico” y la entrega política
Según el documento, la actividad busca “potenciar las capacidades nacionales” gracias al “aporte doctrinario y técnico novedoso de la Armada de los Estados Unidos de América”.
Una descripción que, más que cooperación, suena a subordinación: las fuerzas argentinas asumen el rol de aprendices frente a una potencia extranjera que históricamente ha intervenido en América Latina bajo el pretexto de la “asistencia” y la “coordinación multinacional”.
Lo insólito es que el texto destaca como “recurso invaluable” la experiencia de Estados Unidos en operaciones combinadas, sin mencionar que muchas de esas operaciones fueron invasiones, golpes de Estado y acciones encubiertas en países del continente.
La retórica de la “asistencia humanitaria” funciona una vez más como pantalla para justificar el ingreso militar extranjero, mientras el gobierno argentino legitima y financia la presencia de fuerzas estadounidenses en suelo nacional.
Un nuevo capítulo del alineamiento absoluto
Bajo el gobierno de Javier Milei, la política exterior argentina se reconfigura en una línea de alineamiento total con Washington.
Desde el apoyo irrestricto a la OTAN y a Israel hasta la renuncia a la cooperación con países del BRICS, el esquema de subordinación es total.
El pago de 60 millones de pesos para cubrir los gastos de tropas extranjeras no es un hecho aislado, sino una expresión simbólica y concreta de ese modelo de dependencia.
Mientras se desmantelan programas de defensa nacional y se paralizan proyectos tecnológicos del INVAP o Fabricaciones Militares, el Ministerio de Defensa —a través de la Armada— asume los costos de una “colaboración” que solo refuerza la influencia extranjera sobre los recursos estratégicos del país.
“Ejercicios combinados” o ensayo de control regional
Los llamados ejercicios combinados suelen presentarse como prácticas de entrenamiento, pero en el contexto geopolítico actual representan mucho más: son mecanismos de inserción operativa de fuerzas extranjeras en territorios aliados, con acceso a información sensible y control sobre rutas marítimas y aéreas.
El hecho de que uno de los puntos de operación sea Ushuaia no es casual.
La base naval del extremo sur argentino se ubica frente a la Antártida, una región de creciente interés internacional por sus recursos naturales y su valor estratégico.
El desembarco de tropas estadounidenses en esa zona bajo la excusa de ejercicios conjuntos debe ser interpretado como un movimiento de control y monitoreo del Atlántico Sur.
Milei y el costo del servilismo
Que el propio Estado argentino pague la estadía de fuerzas extranjeras es más que un acto de subordinación: es una decisión política que desnuda el modelo de país que impulsa Javier Milei.
Un país donde la soberanía se terceriza, los recursos se entregan y la defensa nacional se convierte en una rama dependiente del Pentágono.
Mientras los salarios de las Fuerzas Armadas locales permanecen congelados y los institutos de formación sufren recortes presupuestarios, la cúpula militar destina fondos públicos para hospedar y entrenar a soldados extranjeros.
La “libertad” que pregona el gobierno se traduce, en los hechos, en la entrega absoluta de los resortes estratégicos del Estado.
Argentina paga su propia ocupación.
Y lo hace con dinero público, en un contexto de ajuste brutal y pérdida de autonomía nacional.
La historia demuestra que las potencias nunca entrenan gratis: cada desembarco deja una huella, cada acuerdo implica una cesión, y cada ejercicio de “cooperación” es, en realidad, un ensayo de control.
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