El fallo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de San Luis desató un terremoto político-judicial de alcance nacional. No sólo porque decidió desestimar las denuncias contra la fiscal María Delia Bringas —acusada de supuestas irregularidades en tres causas penales—, sino porque, en un giro insólito que ya generó repudio en todo el país, sancionó con 12 horas de arresto domiciliario a los abogados denunciantes, considerándolos responsables de imputaciones “infundadas”. El mensaje disciplinador fue tan claro como brutal: quien denuncie a un funcionario judicial puede terminar castigado.
El jurista y ex subsecretario bonaerense de Fiscalización Policial, Leonardo Martínez Herrero, lo sintetizó sin rodeos: “Escandaloso fallo del jury de enjuiciamiento de la provincia de San Luis. Desestiman la denuncia de abogados y les dan 12 horas de arresto. Una medida retrógrada. Es un intento de disciplinar a los profesionales del derecho. Violan el Estado de Derecho y la C.N.” La frase terminó de instalar la pregunta que ya circula entre jueces, abogados y periodistas: ¿de qué estamos hablando? ¿De un fallo o de un apriete institucional?
La resolución, firmada el 20 de noviembre, analizó actuaciones vinculadas a los expedientes PEX 435540/25, 454256/25 y 449984/25. En ellos, los abogados Salvador Hugo Scarso, Carlos Gabriel Varela y María de los Ángeles De Pascuale denunciaban a Bringas por supuestos hechos encuadrados en la Ley de Jury de Enjuiciamiento bajo causales de mal desempeño. El organismo, en vez de avanzar sobre las acusaciones, decidió archivar todo y virar la puntería hacia quienes se animaron a señalar las irregularidades. El castigo: arresto domiciliario entre las 8 y las 20 horas, controlado por el Instituto Provincial de Reinserción Social, notificado al Colegio de Abogados y ejecutado en los domicilios particulares de los denunciantes.
El documento judicial es explícito, frío y demoledor. No abre debate, no profundiza, no contrapone pruebas: sanciona. Y la sanción se vuelve un mensaje político. Esa dimensión fue captada de inmediato por el periodista Ariel Zak, quien lanzó una pregunta que expone el clima que dejó el fallo: “¿Qué está pasando en San Luis?” La sorpresa es general. El desconcierto también.
Porque lo que está pasando en San Luis no es menor: un órgano que debe controlar el funcionamiento del Poder Judicial terminó actuando como aparato disciplinador, castigando a abogados por haber hecho lo que cualquier profesional responsable debe hacer ante un presunto abuso de funciones. La figura del “arresto domiciliario” impuesta sobre abogados por el solo hecho de litigar contra una fiscal remite a épocas y prácticas que la democracia argentina creía superadas.
Los efectos son múltiples. Por un lado, se instala un antecedente nefasto: denunciar irregularidades podría derivar no en una investigación sino en un encierro. Por otro, el fallo blinda a la fiscal Bringas sin clarificar ni una sola de las imputaciones. Finalmente, expone la fragilidad institucional de un sistema que, en lugar de transparentar, opta por castigar.
El comunicado de La Gaceta Digital y las imágenes de la resolución oficial dejaron ver la firma de los integrantes del Jury: Jorge Alberto Levingston, María Claudia Uccello, Daniel César Calderón, Mauricio Secundino Daract, Fernando Aníbal Suárez, Carlos Leonardo García, Christian Ariel Gurruchaga y Carlos Roberto Pereira. Ninguno de ellos explicó públicamente el razonamiento que los llevó a transformar una denuncia en un castigo contra los denunciantes.
El impacto trascendió la frontera provincial porque el caso sintetiza un dilema nacional: la justicia como estructura de poder defensivo, antes que como institución de control y rendición de cuentas. El castigo a los denunciantes suena a advertencia. Suena a disciplinamiento. Suena a retroceso.
San Luis se convirtió, una vez más, en un laboratorio del desvío institucional. Y mientras crece la indignación entre organizaciones de abogados y actores del sistema judicial, la pregunta de Zak reverbera con fuerza: ¿Qué está pasando en San Luis? La respuesta todavía está en construcción, pero el síntoma está claro: cuando denunciar se convierte en delito, ya no hay Estado de Derecho sino una parodia autoritaria de sí mismo.
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