La diputada del PRO, cercana al oficialismo libertario, vuelve a instalar desinformación sanitaria desde el Congreso y protagoniza un blooper que la deja al borde del ridículo político.
Marilú Quiroz organiza un nuevo acto antivacunas en el Anexo A de la Cámara de Diputados, pese al rechazo de sociedades científicas y organismos sanitarios. En una entrevista del programa Buenas Tardes China, quedó en evidencia al admitir que vacuna a su propio ganado “porque la aftosa está erradicada gracias a las vacunas”. El episodio se viralizó y expuso, una vez más, la falta de responsabilidad sanitaria en un gobierno que promueve la incertidumbre y el negacionismo científico.
La escena es simple, incómoda y brutal. La diputada chaqueña Marilú Quiroz, representante del PRO y pieza menor pero funcional al clima negacionista instalado bajo el gobierno de Javier Milei, intenta defender un evento antivacunas que impulsa en la Cámara de Diputados. Lo hace con frases vagas, apelando a la “libertad” y al “debate de todas las voces”, pero sin ofrecer una sola fuente científica que respalde lo que sostiene. Hasta que llega la pregunta fatal: “¿Y a tus vacas las vacunás contra la aftosa?”. Su respuesta, lejos de despejar dudas, se convierte en el blooper político del día: reconoce que las vacuna porque “la enfermedad está erradicada gracias a las vacunas”.
Ese cruce, capturado en el programa Buenas Tardes China y difundido por la periodista Déborah de Urieta, estalla en las redes sociales. Su impacto es inmediato: miles de usuarios señalan la obvia contradicción entre cuestionar la vacunación en seres humanos mientras defiende la vacunación obligatoria del ganado, precisamente por la eficacia del método que ella pretende relativizar. Más de 4.000 likes, cientos de reposts y un torrente de ironías marcaron la viralización del clip. El “VER HASTA EL FINAL” que escribió de Urieta en su posteo se convirtió casi en una advertencia.
El problema no es solo el blooper. Lo que realmente preocupa es que Quiroz no es una usuaria cualquiera de X ni una persona que opina sin responsabilidades: es diputada nacional y está organizando un evento con sello institucional titulado “¿Qué contienen realmente las Vacunas Covid-19?: Perspectivas Legales, Políticas, Genéticas e Infectológicas”. El lugar elegido no es casual: el Anexo A de la Cámara de Diputados, un espacio que le otorga legitimidad pública a discursos que chocan de frente con las políticas sanitarias, la ciencia disponible y la experiencia mundial sobre la pandemia.
El evento incluye invitados conocidos en círculos conspirativos, como el abogado Julio Razona, quien habla de “envenenamiento masivo”, o promotores de pseudociencias vinculadas a supuestos tratamientos de “desintoxicación post-vacuna”. No se trata de un espacio de debate genuino: es la reedición reciclada de discursos peligrosos que ya provocaron repudios de la Comisión de Salud, de sociedades científicas y de familias que vieron caer las coberturas de vacunación en sus provincias. En Chaco, la propia provincia de Quiroz, la caída llega hace años al 70-80% en niños.
El descuido no es inocuo. La vacunación no es un capricho ideológico ni una imposición burocrática. Es una política pública que salva vidas, evita brotes epidémicos y sostiene algo tan básico como el funcionamiento del sistema sanitario. Que una diputada —en sus últimos meses de mandato— use su banca para sembrar dudas en lugar de fortalecer la confianza es un síntoma del clima político que promueve el gobierno de Milei: la ciencia como enemigo, la evidencia como sospechosa, el Estado como estorbo.
El propio intercambio sobre la vacunación bovina es la mejor demostración de la inconsistencia del discurso antivacunas. En Argentina, según datos oficiales, más de 49 millones de cabezas fueron inmunizadas este año contra la fiebre aftosa y otras enfermedades. No se trata de una disputa ideológica: es un requisito para sostener exportaciones, evitar pérdidas millonarias y proteger a los consumidores. Si un productor dejara de vacunar, su hacienda no podría siquiera moverse entre provincias. Los libertarios hablan de libertad absoluta, pero la realidad económica los desmiente: sin vacunas, la producción colapsa.
Ese doble estándar —negarle eficacia a las vacunas cuando se trata de personas, pero defenderlas con fervor cuando se trata del negocio propio— resume la lógica política que habilita discursos como el de Quiroz. No es casual que las teorías conspirativas sobre vacunas animales, aditivos alimentarios o supuestos “planes para encarecer la carne” circulen fuertemente en X entre los mismos sectores que celebran este evento. La línea entre desinformación “para humanos” y desinformación “para animales” es cada vez más difusa.
La diputada insiste en que no es antivacunas, que solo busca “escuchar otras voces”. Pero sus actos la contradicen. No es la primera vez que organiza un evento así: en octubre celebró otro espacio similar, en el que se vinculaban vacunas con autismo, algo ampliamente desmentido por toda la comunidad científica. Aquella vez, ya había recibido pedidos de suspensión por “poner en riesgo la salud pública”.
Su defensa se apoya en generalidades, en un supuesto 1 de cada 20 “pacientes con efectos adversos”, cifra sin fuentes ni contexto. La realidad es más compleja, y reconocer esa complejidad no debería ser un problema para un legislador. Pero en la Argentina actual, donde el gobierno de Milei ha convertido el negacionismo científico en un ejercicio político cotidiano, la complejidad es incómoda. Requiere evidencia, honestidad intelectual y responsabilidad pública: tres elementos que escasean.
En definitiva, lo que expone esta entrevista no es solo la falta de rigor de una diputada saliente, sino la precarización deliberada del debate público. El hecho de que un evento antivacunas se celebre dentro del Congreso, avalado por una fuerza política aliada del gobierno, habla de cómo se ha desdibujado la frontera entre instituciones y militancia de redes. Si una diputada admite que la vacunación funciona… pero solo cuando afecta a su actividad ganadera, entonces estamos ante un problema de salud pública y también de ética política.
El país ya pagó demasiado caro la desinformación sanitaria durante la pandemia. Repetir ese camino desde el Estado, desde el Congreso y en un clima político que promueve la sospecha permanente, es una irresponsabilidad que no puede normalizarse.
Deja una respuesta